CUENTAS Y CUENTOS DE LA EXENCIÓN A COLEGIATURAS

CIRO MURAYAMA RENDÓN

La nueva noticia suele eclipsar a la anterior, pero ello no debería ser suficiente para dejar de atender asuntos medulares para el país, como es la educación y las decisiones que sobre ella se toman. Hace unas semanas el Ejecutivo federal decretó hacer deducible del Impuesto Sobre la Renta el pago de colegiaturas en escuelas privadas, de preescolar a bachillerato. Para soportar tal medida, se argumentó que no se afectarían los recursos disponibles para la educación pública y que no habría efecto regresivo para la población, sino incluso lo contrario. Los propios datos oficiales evidencian que no es así: se causará un daño importante a la disponibilidad de recursos para invertir en educación al tiempo que la medida beneficia claramente a los hogares de mayor ingreso. Tómese, para empezar, como buena la cifra de 13 mil millones que implicará el gasto fiscal del decreto. Ese es el monto que el gobierno estima dejar de recaudar. ¿Cuánto es en términos de los presupuestos públicos destinados a la educación? En primera instancia, 13 mil millones parecen poco significativos, pues el gasto del sector público en educación fue en 2010 de 488 mil millones de pesos, de acuerdo al IV Informe de Gobierno del presidente Calderón. Es decir, se dejarían de recibir recursos por menos del 3% del gasto público en educación. Sin embargo, el problema está en que más de 90% del gasto en educación se va al pago de nómina, de salarios, por lo que la capacidad de invertir en infraestructura en las escuelas, para dotarlas desde agua potable y baños, hasta computadoras y laboratorios, es por demás limitada. Entonces, las decisiones de gasto, la innovación posible, se hace sobre montos reducidos de recursos, que hay que cuidar y optimizar. Tan es así, que toda la inversión física del sector público federal en educación ascendió en 2009 —último dato disponible— a 19.86 mil millones. Es decir, por la deducción de colegiaturas se va a perder el equivalente a 76% de todos los recursos públicos disponibles para inversión física en educación. Ello, en un escenario de muy insuficiente oferta pública de educación en los niveles medio superior y superior. Siguiendo con las cifras del IV Informe, la deducibilidad implica más del doble de los recursos con que cuenta la Secretaría de Educación Pública para realizar inversión física. El año pasado la SEP dispuso de 5 mil 839 millones para inversión física, el 44% de lo que se dejará de percibir con la deducción. Los 13 mil millones representan, además, 3.5 veces la inversión física en ciencia y tecnología que realiza el país. Si se suman los recursos otorgados para inversión física al Consejo Nacional de Fomento Educativo, a la UNAM, a los Centros de Investigación Especializados, al Cinvestav del IPN y al Conacyt, el monto llega a 9 mil 367 millones. Es decir, de canalizar a esas instituciones los 13 mil millones en vez de transferirlos a particulares, su presupuesto en este importante rubro para la innovación pudo haberse más que duplicado. Por tanto, el costo de oportunidad de la deducibilidad resulta muy alto, pues equivale a todo lo que se dejará de invertir en educación, ciencia y tecnología. Véase ahora el efecto en la distribución del ingreso. México es una sociedad en extremo desigual. Los datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) muestran que el gasto total en educación de un hogar perteneciente al decil de mayor ingreso es 25 veces el de un hogar del decil de menor ingreso. Sin embargo, si se toma en cuenta el gasto en colegiaturas, la diferencia se ahonda a 285 veces. Lo anterior, porque los pobres no suelen gastar en escuelas privadas, aunque sí en materiales escolares. De hecho, los hijos de los primeros siete deciles —el 70% de los hogares del país—, en su amplia mayoría, prácticamente el 100%, no van a la escuela particular. En el decil VIII, 11.5% va a particulares y 88.5% a las públicas. En el decil IX, 20% acude a escuelas privadas y 80% a oficiales. En el 10% de hogares de mayor ingreso, 39.6% de los hijos va a las privadas y 60.4% a las públicas. Es decir, la deducibilidad beneficiará a lo sumo a 7.1% de los hogares, situados en la parte alta de la pirámide socioeconómica del país. Los datos oficiales y el discurso oficial producen, en este tema, cortocircuito.