CONSULTA SESGADA

JOHN MILL ACKERMAN ROSE

La consulta sobre la posibilidad de una alianza entre el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Partido Acción Nacional (PAN) para las próximas elecciones en el Estado de México no emerge de una auténtica demanda ciudadana, sino que responde a los intereses de las cúpulas partidistas. Las destacadas personalidades que integran el Comité Técnico que organizará el proceso del 27 de marzo se equivocan al creer que su sola presencia garantizará la autenticidad del proceso. La evidencia más clara de que el ejercicio no se realiza con un verdadero espíritu ciudadano es que los resultados no tendrán poder vinculatorio alguno. Se presupuestan 4 millones de pesos para instalar mil 200 casillas, entrenar a miles de jóvenes escrutadores y vigilar todo el proceso. Pero los mismos actores de siempre, los grandes jefes de las burocracias partidistas, serán quienes tendrán en sus manos la decisión final. El presidente del PAN en el Estado de México, Octavio Olivares, ha sido particularmente elocuente al respecto. En la conferencia de prensa del 7 de marzo señaló que de manera paralela se levantará una encuesta de opinión para asegurar “que no hayan sesgos” en la consulta. Asimismo, indicó que “aún no sabemos qué peso le vamos a dar a la consulta y a la encuesta”. Tal parece que la consulta y la encuesta serán solamente dos insumos más que en su momento podrán ser utilizados o desechados de manera discrecional para legitimar una decisión cupular. Además, queda claro que la consulta estará subordinada a la encuesta, porque la segunda cuenta con la facultad de corregir los “sesgos” de la primera, y no al revés. Es decir, ante una eventual discrepancia entre los dos mecanismos –por ejemplo, si la votación rechazara la alianza y la encuesta la avalara– se desecharía el resultado de la consulta por ser “sesgada” y en su lugar se aceptaría el resultado de la encuesta. En este contexto, el Comité Técnico simplemente no tendría razón de ser porque la calificación de “la objetividad y la transparencia” de la consulta finalmente no dependerá de las opiniones de sus nueve integrantes, sino únicamente de si los resultados coinciden o no con la encuesta. En todo caso, sería mucho mejor que el valioso tiempo de los integrantes del comité se invirtiera en vigilar el levantamiento de la encuesta, que también puede llegar a tener “sesgos” muy relevantes, más que supervisar la realización de la consulta. Existe también una grave contradicción en la organización de la consulta. En principio, el ejercicio no se limitará a los militantes de los dos partidos políticos, sino que estará abierto a cualquier ciudadano con credencial para votar en el Estado de México. Sin embargo, los organizadores también hacen enérgicos llamados a que algunos actores políticos no intervengan en el proceso. Por ejemplo, Javier Corral ha dicho que “el primer llamado que vamos a hacer es a Peña Nieto, para que no meta las manos a esta consulta, porque si las mete se las vamos a mochar”. Estas afirmaciones preocupan porque sugieren que en los hechos la consulta no estará abierta a todos, ya que busca excluir la opinión de algunos sectores específicos, por ejemplo de los priistas. Podemos suponer que la intervención de Andrés Manuel López Obrador, quien ha rechazado la alianza PAN-PRD, tampoco sería bienvenida. Así que si Peña Nieto o López Obrador hacen uso de su libertad de expresión para llamar a sus millones de seguidores a participar en la consulta y votar en contra de la alianza, esto se interpretaría como una intervención indebida. Precisamente de allí surge la necesidad de levantar una encuesta para “corregir” estos “sesgos” y asegurar que el resultado sea favorable para la alianza PRD-PAN. El problema es que entonces ya no estamos hablando de un verdadero proceso de participación ciudadana, sino únicamente de una abierta simulación para legitimar una decisión cupular previamente tomada. El presidente del PRD en el Estado de México, Luis Sánchez, se equivoca pues cuando señala que con la consulta “estamos cumpliendo con una exigencia de la sociedad”, y que se busca que “la opinión de los mexiquenses valga verdaderamente, y no por el capricho de un dirigente o las dirigencias de los partidos”. No nos confundamos. Las alianzas electorales son normales en cualquier democracia. Igualmente, las alianzas entre partidos ideológicamente opuestos muchas veces se justifican; por ejemplo, durante la LVII Legislatura (1997-2000), cuando el PAN y el PRD se unieron para combatir el poder hegemónico del PRI en la Cámara de Diputados. También existen razones de peso para construir una alianza de este tipo en el caso de la elección en el Estado de México. Una alternancia política en este estratégico estado permitiría una fiscalización a fondo de las cuentas de Peña Nieto y evitaría la utilización del presupuesto de la entidad para la compra y coacción del voto a favor del PRI en las elecciones de 2012. Pero una alianza ganadora no se construye con consultas engañosas. El procedimiento más transparente y democrático sería que, primero, cada uno de los dos partidos realizara su propia consulta a nivel interno, y si ambas partes aprobaran la alianza, posteriormente se podría realizar una elección vinculatoria entre los militantes para decidir el candidato de la misma. Otra alternativa sería la declinación del candidato que se encuentre más rezagado unas semanas antes de la elección. De esta forma se lograría el mismo efecto de la “candidatura común”, hoy prohibida por la contrarreforma electoral. El hecho es que el procedimiento tal y como está planteado tiene muy pocas posibilidades de construir una alianza ganadora. Tomar la decisión de aliarse a espaldas de los militantes de los partidos políticos involucrados, y sin haber contado primero con un candidato propio que los represente, garantiza una desbandada masiva de última hora que hundiría al eventual candidato de la coalición. No hace falta mucha imaginación para saber que Luis Bravo Mena tendrá un mínimo apoyo entre los militantes de izquierda. Igualmente, en este escenario sería muy difícil imaginar a los panistas votando masivamente a favor de Alejandro Encinas. Así que, simultáneamente, habría que dudar de la validez de la consulta del 27 de marzo, y esperar el éxito de una eventual alianza electoral que se construya con la activa participación de los militantes del PRD y el PAN para derrotar el caciquismo del PRI en el Estado de México