SCJN: BALANCE SEMESTRAL

ANA LAURA MAGALONI

Este mes, la Suprema Corte concluyó el primer periodo de sesiones de 2012. ¿Cuál es el balance de este semestre? ¿Cuáles fueron los casos más relevantes? ¿Cuáles fueron los aciertos y desaciertos del máximo tribunal? A continuación una síntesis (apretada) de lo más relevante de este primer periodo de sesiones 2012.
Caso Cassez: sin duda uno de los casos con más impacto mediático de este periodo fue el de Florence Cassez. Las presiones externas y las tensiones internas entre los ministros de la primera sala frenaron la posibilidad de un fallo. No obstante, cuatro de cinco ministros reconocieron que hubo graves violaciones a los derechos constitucionales de la acusada. Sin embargo, no se pusieron de acuerdo sobre las consecuencias que ello debería tener en el proceso. El caso será resuelto en el siguiente periodo de sesiones. Ojalá la ministra Sánchez Cordero enliste el asunto hasta después del 1o. de diciembre. Ello reduciría considerablemente las pasiones políticas que este caso ha despertado.
El desacato del presidente del Congreso de Jalisco: en una decisión sin precedentes, la Corte aprobó separar de su cargo y consignar ante un juez federal al presidente del Congreso de Jalisco, Gustavo Macías Zambrano, quien desacató una suspensión dictada por el ministro Salvador Aguirre Anguiano en una controversia constitucional. Ojalá este precedente tenga la fuerza para inhibir futuros desacatos.
El caso Acteal: la primera sala, también en un fallo histórico, liberó a Juan Pérez Hernández, quien, por haber pedido un aventón a una camioneta que trasladaba a los detenidos por la matanza de Acteal, quedó preso 14 años. La Corte concedió, por primera vez, un incidente de reconocimiento de inocencia, al considerar que las pruebas aportadas por la PGR estaban viciadas de origen. Juan Pérez quedó en libertad al igual que otros seis sentenciados. Justicia lenta pero muy significativa.
Los internos y sus derechos constitucionales: el Pleno resolvió que los internos tienen el derecho fundamental de compurgar su pena en el reclusorio más cercano a su domicilio, salvo en los casos de delincuencia organizada y alta peligrosidad. Este caso involucró a 12 internos que fueron trasladados de un penal de Zacatecas a uno en Veracruz. Diez de 11 ministros estimaron que ello violaba su derecho fundamental a la reinserción establecido en el artículo 18 de la Constitución. Este asunto abre una ventana de oportunidades para que la Corte y los tribunales federales comiencen a establecer límites a nuestro abusivo sistema penitenciario.
La defensa del IFAI. El máximo tribunal blindó al IFAI al establecer que las dependencias del Ejecutivo federal no pueden impugnar por la vía judicial los fallos de dicho organismo. La primera sala de la Corte aprobó una tesis aislada según la cual los sujetos obligados por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Gubernamental deben dar cumplimiento incondicional a las resoluciones que emite el IFAI al resolver recursos de revisión, sin litigar en los tribunales administrativos los fallos que les son adversos. Este es un fallo muy importante para hacer efectivo el derecho a la información de nosotros los ciudadanos.
El secretismo de la averiguación previa: el Pleno no logró los ochos votos necesarios para invalidar la disposición del Código Federal de Procedimientos Penales que establece una prohibición absoluta para acceder a la información contenida en las averiguaciones previas de la PGR. Tampoco logró la votación necesaria para invalidar los preceptos que permiten a la PGR entregar únicamente "versiones públicas" de las resoluciones de no ejercicio de la acción penal y sólo después de transcurrido un plazo de entre tres y 12 años. Con ello, la PGR podrá seguir funcionando en lo oscurito sin rendir cuentas a los ciudadanos. La discusión del Pleno fue extraordinariamente compleja y barroca. A los ministros que se opusieron a declarar inconstitucionales los referidos preceptos les preocupaba la impunidad de los delincuentes, sin darse cuenta de que la mayor fuente de impunidad tiene que ver con la corrupción interna y las malas prácticas investigativas. Mantener en secreto las averiguaciones previas permitirá que la corrupción permanezca oculta, como hasta ahora, en las pilas de papel de la averiguación previa.
El balance del primer semestre del 2012 nos habla de una Suprema Corte en proceso de consolidación. No cabe duda que nuestro máximo tribunal cada vez tiene que ver más con los ciudadanos. Ha dejado, por tanto, la visión de que lo realmente relevante de su función es arbitrar jurídicamente los conflictos políticos. ¿Cómo ampliar su capacidad para detectar y atender los asuntos de los ciudadanos más desprotegidos y vulnerables? ¿Cómo lograr que sus decisiones modifiquen los patrones de conducta de los jueces inferiores? Estas, me parece, son algunas de las asignaturas pendientes más importantes del máximo tribunal. La buena noticia es que la agenda de los derechos humanos se ha convertido en la agenda más importante de la Corte, la mala es que los cambios en visiones y criterios jurídicos van desarrollándose a un ritmo mucho más lento del que necesita el país.