CAROS Y PRESCINDIBLES

MARIA AMPARO CASAR

Con respecto a los partidos pequeños o emergentes tenemos dos noticias. Una mala y una buena.

La mala es que seguirán existiendo a pesar de no representar opciones distintas al resto de los partidos y a pesar de que nos cuestan un dineral. Los cuatro partidos chicos se llevaron este año 902 millones de pesos entre lo que se les dio de financiamiento público para actividades ordinarias y lo que se llevaron para gastos de campaña. La buena es que en la política parlamentaria no tendrán el poder de negociación o chantaje que se les atribuía.

Cuando se pactó la reforma electoral de 2007, uno de los aspectos positivos que muchos señalamos fue la desaparición de la llamada "cláusula de la vida eterna". Antes de la reforma, los partidos coaligados podían pre-determinar la distribución de votos entre los participantes de la alianza electoral por la vía de un convenio pactado entre los dirigentes. No teníamos forma de saber cuántos electores votaban por cada fuerza política. De esa manera subsistieron partidos que por sí solos no habrían obtenido el 2% requerido para mantener el registro. A partir de la reforma y precisamente con el objetivo de no distorsionar la voluntad de los electores, los partidos coaligados estuvieron obligados a aparecer en la boleta con su propio logo. De esa manera podríamos saber cuántos sufragios se llevaba cada uno.

Pues bien. El objetivo buscado no se logró o se logró a medias. Cada vez que un elector cruzó los tres logos de los partidos que postularon a AMLO a cada uno se le computó 1/3 del voto. En el caso de Peña sucedió lo mismo pero computando medio voto para cada partido. De 1/3 en 1/3 o de1/2 en 1/2 el PT, el MC y el PV lograron votaciones mayores a las que habrían obtenido por sí mismos. Por ejemplo, en la elección presidencial el PV obtuvo a través de su logo el 2% de la votación pero si le sumamos los votos de aquellos que cruzaron también el logo del PRI, su porcentaje de votación se elevó al 5.7%. Lo mismo sucedió con MC que elevó su votación por esta vía del 2.1% a 4.4%. En el caso del PT el incremento fue de 2.5% a 5.2%. Según Jorge Buendía más de 7.5 millones de votos se repartieron entre dos o más opciones partidistas. Así, estos partidos no solo mantendrán el registro sino que recibirán más recursos públicos en la próxima elección. Si hoy nos costaron casi mil millones, gracias al porcentaje de votación obtenido, mañana tendrán derecho a más prerrogativas.

Los cálculos para la votación en el Congreso son similares. Los partidos pequeños obtuvieron más votos gracias a los ciudadanos que cruzaron más de un logo en la boleta electoral. Como consecuencia, los partidos pequeños no sólo tendrán un mayor número de legisladores sino más recursos para perpetuarse en los cargos públicos en los que más que representar los intereses de una proporción de la población se representan a sí mismos: a sus cúpulas y burocracias partidarias.

La buena noticia es que ni aun así serán determinantes en el Congreso, esto es, no tendrán mayor capacidad de chantaje para aprobar o frenar las iniciativas a pesar de que respecto a la elección anterior su representación total en la Cámara de Diputados subió de 11 a 15% y en el Senado se mantuvo en 12%.

Ninguno de los partidos chicos podrá inclinar por sí solo la balanza. Para las reformas constitucionales al PRI, que es la fuerza política más numerosa, siempre le hará falta uno de los dos partidos grandes. Para las ordinarias necesitarán al menos dos partidos chicos pero en la mayoría de los casos tres para poder sacar adelante las iniciativas sin recurrir al PAN o al PRD. Peor aún, ni siquiera con sus 2 aliados naturales -el PV y el PANAL- alcanza la mayoría absoluta y no se vislumbra al PT o al MC apoyando las iniciativas de Peña Nieto.

Lo mismo le ocurre al PRD. Sus dos aliados naturales -PT y MC- le resultan superfluos a la hora de construir coaliciones ganadoras. Para impulsar su agenda requerirá del apoyo del PRI o del PAN.

Las decisiones en el Congreso las seguirán tomando los tres grandes. De ellos dependerá la gobernabilidad entendida como la reunión de voluntades para llegar a los acuerdos que necesita el país. Los otros cuatro son absolutamente prescindibles tanto numérica como programáticamente. Su aportación aritmética en el Congreso será o bien reducida o bien nula. Su contribución en términos de una agenda alternativa modernizadora o progresista tampoco se ve por ningún lado. Como en el pasado serán más bien un lastre para la política parlamentaria y para las finanzas públicas.