IMPERATIVO: LIMPIAR LA ELECCIÓN

JAVIER CORRAL JURADO

El Presidente lo ha dicho bien, en una posición nada conveniente para él, pero de gran pertinencia para la estabilidad política del país: se deben castigar las conductas ilegales que han manchado la pasada elección, más allá de la “determinancia” en el resultado de la elección. No importa si es un caso, 100 o mil, que demuestren la compra y coacción del voto; son actos deleznables que no pueden quedar en la impunidad.

Es un asunto de difícil comprobación, pero se puede. Documenté en el proceso interno del PAN en el que participé como precandidato a senador, esta figura tan sofisticada en su demostración por el requisito de la “conexividad”. Sin embargo hoy es el 24° proceso electoral anulado en la historia del Trife y el primero que logra acreditar con toda certeza las circunstancias de tiempo, modo y lugar de esa forma de defraudación electoral. Logré la nulidad absoluta del proceso, camino por el que los jueces electorales difícilmente transitan sin pruebas contundentes. Pero si las pruebas aportadas no dan para la nulidad total de la elección o la invalidez de algunos resultados, es indispensable que el delito electoral no quede sin sanción, porque de que lo hubo no hay duda, y por supuesto responsables con nombre y apellido. Ésta es la importancia de la posición que ha asumido el PRD y su candidato presidencial en el tema de las tarjetas de Soriana, lo que tampoco echaría abajo la elección de Peña Nieto, pero sí terminaría por acreditar el carácter ilegítimo del abanderado priísta.

El otro tema que creo es el más sólido y con mayores consecuencias para el PRI y su candidato, que puede implicar desde una multa millonaria hasta la pérdida del registro a este partido, es la queja presentada por el PAN en cuanto al financiamiento de procedencia ilícita de la campaña de Peña. El cuantioso flujo de dinero privado y público, las aportaciones indebidas, las triangulaciones financieras y las operaciones paralelas que no fueron declaradas a la autoridad, son el centro de la impugnación y el tema para el cuál el IFE cuenta con instrumentos efectivos y expeditos. De ahí que el PAN haya centrado ahí su mayor exigencia.

Los principales ejes de la inequidad en los que realmente se libró la competencia electoral son, por una parte, el dinero en la campaña del PRI, su origen y destino, un elemento objetivo, cierto y al alcance de los instrumentos técnicos y jurídicos de la autoridad electoral, y la parcialidad de una buena parte de los medios, ostensiblemente de los electrónicos a través de convenios poco transparentes; materia pendiente de una legislación moderna que los comprometa en el servicio público y no en favor de un partido o candidato, como fue el abierto caso de Televisa con Peña. Ésta fue la desigual arena de la disputa, una enorme zona de impunidad que ha provocado el rechazo a los resultados por parte de miles de ciudadanos.

Denunciar estos hechos no significa que se desconozca el desempeño de nuestras instituciones electorales. Eso lo ha dejado claramente asentado el PAN en su posición sobre la jornada electoral pasada. No podríamos negar que el trabajo y la organización electoral desarrollada por el IFE no sólo merece el reconocimiento de los partidos, sino que además constituye la base para la ulterior discusión, el desarrollo de la política nacional y la constitución de los poderes públicos en México. Las elecciones fueron bien organizadas y los votos se contaron bien, independientemente de los resultados, y es una obligación de candidatos y partidos asumirla como parte de su compromiso democrático.

Esto no significa que los propios partidos renuncien a la crítica y a las impugnaciones puntuales en los temas polémicos y más agraviantes, pues si bien concurrimos a una competencia edificada en los términos de la ley electoral, también es cierto que fuimos testigos de varios fenómenos y episodios que deben ser corregidos y que ameritan una profunda y expedita indagación de las autoridades. Al IFE le podemos y le debemos pedir lo que le es posible y está en sus facultades. Sí, limpiar la elección en el tema de la fiscalización es un imperativo para la paz social, la gobernabilidad y el acuerdo político. Impensable avanzar sin sacudirnos de esos lastres.