CIRO MURAYAMA RENDÓN
La situación de la educación básica en México es crítica, tal como lo comenzaron a documentar los estudios de Gilberto Guevara Niebla desde los 90 del siglo pasado ("La catástrofe silenciosa") y como confirman los resultados de la prueba PISA de la OCDE. Pero a la mala calidad de la educación la acompaña, con demasiada frecuencia, una pésima calidad en el debate sobre la propia educación. Es el caso de las dos visiones extremas, que sin embargo se retroalimentan y justifican una a otra, que por un lado señalan como único culpable del desastre educativo al profesorado y, por el otro, denuncian que el problema es un mero intento privatizador y de violación de los derechos laborales del magisterio.
Por fortuna, tenemos una reforma al artículo 3° constitucional que, sin ser una reforma integral para la educación, sí da un piso para enfrentar los problemas en una de las dimensiones más relevantes: el acceso, promoción y permanencia de los maestros.
Para quienes han simplificado el diagnóstico y dispuesto de importantes plataformas mediáticas para defenestrar al profesorado (a través de películas y espacios en cadenas de televisión que mucho contribuyen a destruir el trabajo del sistema educativo), la única variable que explica la mala educación es la baja formación del docente, su pereza y falta de compromiso. En esa lógica la evaluación al desempeño debe servir como garrote frente a malas prácticas y malos maestros. Se ignora, desde esa perspectiva, que aun en condiciones sociales adversas para los alumnos, con rezagos lamentables en infraestructura escolar básica, con responsabilidades laborales que implican con mucha frecuencia atender a varios grados de primaria a la vez, hay millones de niños que cada año son bien formados, que obtienen resultados satisfactorios incluso en la prueba PISA. Hay miles de maestros comprometidos, responsables y trabajadores. En la andanada contra los maestros de la escuela pública se olvida intencionadamente que los resultados de la escuela privada en la prueba PISA también dejan qué desear, y que la variable que más favorece a este tipo de educación es precisamente el nivel socioeconómico de los alumnos y no la calidad de su enseñanza.
Desde el otro extremo, quienes denuncian conspiraciones imperialistas para privatizar la escuela pública y despojar sin más de sus derechos a los trabajadores de la educación, se reivindican prácticas contrarias a la calidad educativa e incluso francamente corruptas en la asignación de plazas y en la promoción de los maestros. La negación de toda responsabilidad magisterial en la mala calidad de la educación termina por desconocer el derecho a la educación de niños y jóvenes. Esta reacción, que cierra vías de comunicación y pretende intimidar a gobernantes, legisladores y ciudadanos, la del machete que quiere descabezar la reforma constitucional, es del todo funcional al discurso antimagisterial y antisindical.
Pero entre ambos extremos hay un campo abierto para hacerse cargo de la complejidad de los problemas educativos y para poner en marcha una evaluación que sirva como un instrumento de mejora educativa y no como simple herramienta de castigo o simulación.
Las leyes secundarias deberán precisar cómo ha de realizarse una evaluación que atienda a la heterogeneidad social del país, pues como afirma Olac Fuentes: sería un error pretender pruebas estandarizadas porque los niños de México no son estandarizables, ni sus familias y comunidades ni sus condiciones de vida. Las competencias de los maestros deben medirse no en exámenes de opción múltiple, sino en su desempeño en el aula, y eso implica ir a los salones de más de un millón y medio de docentes, lo cual revela que evaluar bien va a ser un reto formidable.
*El Universal 18-04-13
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