LEGISLAR / GOBERNAR*

MARÍA AMPARO CASAR

Al revisar los compromisos, los temas de los discursos, los acentos en la comunicación social y la actividad política de Peña Nieto en estos primeros cuatro meses de gestión presidencial, encuentro que su principal apuesta está en perfeccionar o crear andamiajes jurídicos.

Concentró las facultades de seguridad pública en la Secretaría de Gobernación, logró la aprobación de la Ley de Amparo y publicó la Ley de Víctimas. Ha prometido reforzar el marco legal de la seguridad y procuración de justicia acelerando la implantación de los juicios orales, reestructurando la Procuraduría General, estableciendo un marco para la coordinación de las policías, creando la Gendarmería y proponiendo un Código Penal único.

Está creado un nuevo andamiaje jurídico para la inclusión social y la prosperidad a través de la reforma educativa y la de telecomunicaciones. Van acompañadas por la promesa de una reforma a la seguridad social, a la hacienda pública y a la industria petrolera.

También ha adquirido el compromiso de un nuevo marco jurídico para combatir la opacidad y la corrupción. Hay un retraso inexplicable pero se espera pronto tener la normatividad del nuevo órgano anticorrupción, el fortalecimiento de la transparencia, la regulación de la publicidad gubernamental y la ley de responsabilidad fiscal.

La arquitectura de los andamiajes jurídicos es fundamental pero está muy lejos de ser suficiente. La aprobación de las reformas da la sensación de que las promesas ya fueron cumplidas. Se tiende a pensar que si se aprueba la Ley de Víctimas, los afectados estarán protegidos; si se firma la ley de amparo, los poderes fácticos quedarán acotados; si se consigue la desaparición del fuero, los legisladores serán juzgados como cualquier ciudadano; si se establece el derecho a la calidad educativa, los estudiantes mejorarán su desempeño; si se instituye la evaluación educativa, tendremos mejores maestros; si se ordena la licitación de nuevas cadenas, habrá contenidos de mayor calidad; si se limita la concentración de mercado, los precios bajarán; si se concentran y centralizan las facultades en seguridad, disminuirán los índices delictivos.

Las metas jurídicas están bien previstas y el Pacto por México nos dio un calendario preciso para el envío y aprobación de las iniciativas. Con algunas reservas, se ha ido cumpliendo. Faltan las leyes secundarias de las reformas constitucionales para las cuales los legisladores tienen un tiempo perentorio fijado por ellos mismos pero puede decirse que Presidente, partidos y legisladores han honrado su palabra de elaborar, discutir y aprobar leyes y prometen seguir haciéndolo.

No es poca cosa haber reunido las voluntades necesarias para conseguir un cambio en el andamiaje jurídico pero, una vez alcanzado, viene el trabajo de verdad. Lo que sigue a la aprobación de una reforma constitucional o de una ley ordinaria ya no compete ni a los legisladores ni a los partidos. Ya no es materia de un Pacto ni de la reunión de voluntades. Lo que sigue es responsabilidad del gobierno. Es traducir las normas en programas, los programas en acciones y las acciones en resultados. El éxito de una política se juzga por sus resultados, no por sentar las condiciones jurídicas para poder alcanzarlos.

El Presidente ha sido reconocido como un buen operador de las relaciones Ejecutivo-Legislativo y un buen gestor de sus reformas. Ha conseguido o está consiguiendo el andamiaje jurídico que quería y necesitaba en materia administrativa (LOAPF), laboral, telecomunicaciones, amparo, contabilidad gubernamental, educación, etcétera. El Congreso no le ha puesto freno al cambio. Por el contrario, le ha otorgado los instrumentos que pedía para una buena gestión. Toca ahora al Ejecutivo mostrar qué tan buen operador es para dar resultados. Hace falta, a la manera del Pacto, un pliego de compromisos gubernamentales en el que diga qué obtendrá a partir de sus logros legales: cuántos robos y homicidios menos, qué avances en la agilización de los juicios, qué reducción en tarifas telefónicas, qué aumento en usuarios de internet, cuántos empleos más, cuántos comisionados sindicales menos, cuántos maestros con mejor preparación, qué calidad de cuentas públicas en los estados. Hasta el momento el gobierno ha sido cauto. Ha capitalizado sus ganancias reformistas pero no se ha comprometido con resultados concretos. Peña Nieto no puede olvidar que un buen operador legislativo no es lo mismo que un buen gobernante.

*Reforma 02-04-13