LO MÁS POR LO MENOS*

MARÍA AMPARO CASAR

Habría que felicitar a los senadores por no arredrarse frente a aquellos que argumentaban que en aras de que transitara rápidamente la iniciativa de ley de telecomunicaciones la Cámara alta debía abdicar a su función de Cámara revisora. A quienes proponían la abdicación habría que recordarles que precisamente para eso, para que las iniciativas no transiten rápidamente y para tener la oportunidad de un doble filtro, es para lo que existe el bicameralismo. No solo se decía que si el Senado no aprobaba la minuta tal y como provenía de la Cámara de Diputados se arriesgaba el "perder lo más por lo menos" sino que se llegó al extremo de llamar antipatriotas y vendidos a los senadores que dieron la batalla por modificar una iniciativa que, si bien va en la dirección correcta y constituye un avance indiscutible, tiene problemas serios que es posible corregir a sabiendas que no hay ley perfecta. Por el debate público que se sostuvo en las semanas pasadas estaba claro que la intención de los senadores no era "descafeinar" la reforma sino simplemente evitar consecuencias que en el corto y largo plazo crearían más problemas que los que solucionarían.

No se sabe hasta dónde llegarán los senadores en las correcciones a la iniciativa de ley pero está claro que han identificado los principales problemas. Primero, poner en la Constitución detalles que son propios de leyes secundarias o incluso de reglamentos y que impedirían la rápida adecuación de aspectos que el dinamismo de los medios de comunicación requiere. Establecer en la Constitución la fecha del apagón analógico es una aberración similar a la de poner el número de segundos que debe durar un promocional electoral. Segundo, eliminar la ambigüedad que permitiría abrir la puerta para limitar o hacer nugatorio el must carry, must offer entre la televisión abierta y cerrada. Tercero, redefinir la métrica o criterios para determinar la dominancia de mercado bajo la lógica de que lo que se debe castigar no es el tamaño de una empresa sino las prácticas monopólicas. Cuarto, establecer o aclarar la necesaria coordinación con las Secretarías de Economía y de Comunicaciones y Transportes, pues la política de telecomunicaciones no se agota en las áreas de competencia y las facultades que se quieren otorgar al Ifetel.

Pero sobre todo esperemos que reconsideren la autonomía constitucional que se quiere otorgar al Ifetel o, al menos, que reduzcan su margen de discrecionalidad. Los órganos autónomos encargados de las políticas públicas deben ser independientes de los regulados, no necesariamente del Ejecutivo. Es importante rediseñar las facultades del Ifetel estableciendo con claridad los márgenes dentro de los cuales pueden ejercerlas. De otra manera se estaría pasando de la discrecionalidad/arbitrariedad del Poder Ejecutivo a la discrecionalidad/arbitrariedad del órgano autónomo. Puestos a escoger quién sabe que sea peor porque, al fin y al cabo, el Ejecutivo tiene legitimidad democrática, está acotado en sus decisiones por otros poderes y órganos y tiene la obligación de rendir cuentas. Si no hay manera de controvertir las decisiones del Ifetel, la seguridad jurídica desaparece y uno de los objetivos que busca la reforma -el de detonar la inversión- quedará seriamente mermado. Si no se quiere crear un poder absoluto, se debe establecer claramente que los poderes (el Ejecutivo y el Legislativo) pueden interponer controversias constitucionales y estipular los mecanismos de rendición de cuentas a los que estará sujeto.

La iniciativa de convertirlo en órgano de autonomía constitucional deja en el aire muchas ambigüedades que serán definidas por los reglamentos que emitan los propios reguladores (siete personas que deberán ser no solo competentes sino libres de toda sospecha y posibilidad de ser capturados) en lugar de que los definan las leyes secundarias aprobadas por los legisladores. Entregarle la facultad de reglamentación de un bien de dominio público además de crear un problema jurídico puede resultar contraproducente. Finalmente, también habría que justificar por qué se quiere repartir la función de combatir a los monopolios en dos instituciones: el Ifetel en el mercado de las telecomunicaciones y la Cofetel en el resto de los sectores económicos.

El Senado tiene la oportunidad de corregir y la está tomando. La decisión de consultar a los especialistas es meritoria. Ninguna de las modificaciones que se han propuesto en los foros y que muchos senadores comparten son regresivas. Sin perder lo más por lo menos podrán entregar una mejor reforma.

*Reforma 16-04-13