JORGE ALCOCER
Esta semana podría haber votación en el Senado sobre la minuta de reforma en materia de telecomunicaciones y competencia económica que, todo indica, regresará a los diputados con cambios, para que en San Lázaro, antes de bajar la cortina del segundo periodo ordinario de sesiones, haya una segunda discusión y votación y el procedimiento avance hacia las legislaturas estatales.
Como las Cámaras cerrarán sesiones ordinarias el 30 de abril próximo, lo deseable es que el dictamen que cuatro comisiones senatoriales turnen al pleno sea discutido y convenido con la de Puntos Constitucionales de los diputados, utilizando la figura denominada "reunión en conferencia"; desde luego, esta parte final del procedimiento legislativo tendrá mejores posibilidades de culminar positivamente si las juntas de coordinación política respaldan los cambios, en el entendido que se trata de mejorar lo hasta ahora alcanzado.
Por su complejidad y por las resistencias -inevitables- que esta reforma ha generado, sin restar un ápice a las facultades del Congreso de la Unión, es fundamental que el acuerdo del Consejo Rector del Pacto por México se mantenga y fortalezca para que los cambios que, en su caso, aprueben los senadores y ratifiquen los diputados sigan reflejando los aspectos esenciales que hicieron posible la firma de la iniciativa por el presidente de la República y los coordinadores de los tres grupos de mayor peso numérico en San Lázaro.
Lo anterior es relevante ante las abiertas críticas y discrepancias que los organismos cúpula de la patronal, encabezados por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), han venido manifestando en este proceso. La aceptación, que en apariencia había otorgado esos organismos en los días posteriores a la firma de la iniciativa, ha dado paso a manifestaciones como las vertidas en un desplegado del CCE, y las externadas por voceros de la Cámara de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) en varios foros. La causa principal de la inconformidad patronal es la disposición que no permitirá la suspensión del acto reclamado cuando los sujetos regulados impugnen, vía amparo, las resoluciones del futuro Ifetel y de la Comisión Federal de Competencia (Cofeco).
Lo que los organismos empresariales no dicen, o no conocen, es que en reciente estudio sobre las telecomunicaciones en México, la OCDE señaló como uno de los puntos débiles del régimen regulador: "El recurso judicial del amparo, que supone la suspensión o desestimación de decisiones de regulación, ha frustrado o retrasado una y otra vez el proceso de regulación, a veces durante años". A ese respecto, la propia OCDE considera un "acontecimiento alentador" la determinación de la SCJN, de mayo de 2011, que establece la improcedencia de la suspensión cuando se trata de resoluciones de la Cofetel en materia de interconexión (OCDE-Cofetel, 2012, pp. 128-129).
En la nueva Ley de Amparo se ha establecido la improcedencia de la suspensión, tratándose de resoluciones que aplican a sujetos titulares de concesiones o permisos, entre otros las telecomunicaciones y la radiodifusión, en los que está involucrado el uso de bienes propiedad de la nación. La reforma constitucional va más lejos, ya que además de elevar de rango la disposición anterior, la generaliza, de forma tal que cuando la Cofeco, o en su caso el Ifetel, encuentren condiciones o prácticas monopólicas y, en consecuencia, ordenen medidas correctivas, sus resoluciones podrán ser impugnadas mediante amparo indirecto, pero los jueces no podrán otorgar la suspensión. Olvida también la patronal que en este, y en muchos otros de sus puntos nodales, la reforma en curso se explica por los usos y abusos en que las empresas privadas han incurrido durante décadas.
Un tema que los senadores podrían modificar, para bien, es el relativo a las facultades de la Cofeco, que la minuta plantea, a mi juicio de manera incorrecta, trasladar al Ifetel para los dos sectores que serán regulados por este último; comparto la crítica de Eduardo Pérez Motta, presidente de la primera, en el sentido de que las mejores prácticas internacionales, en esta materia, contemplan pesos y contrapesos, reglas e instituciones, que permiten controlar al controlador.
Espero que los cambios que el Senado apruebe sean para avanzar, no para frenar.
*Reforma 16-04-13
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