CAMBIAR DE ENFOQUE*

JORGE ALCOCER 

Como ya sabemos, los sindicatos en México son una especie de hoyo negro; sus dirigentes han sobrevivido por décadas al amparo de la opacidad, del entendimiento con gobierno y patrones, y de la pasividad de sus agremiados. Los sindicatos, en México, sirven para evitar huelgas y mantener eso que antes se llamaba la "paz social", no para defender a los trabajadores. Hay excepciones, pero son eso.

Los sindicatos más importantes, por número de agremiados, son los que agrupan a los trabajadores al servicio del Estado, o de sus empresas, como Pemex o CFE. El más grande, aquí y en América Latina, es el de Trabajadores de la Educación, el SNTE, con más de un millón de agremiados. Frente a ese sindicato, y sus sempiternos líderes, sucesivos gobiernos han mantenido, por décadas, una relación que tiene por criterio la política interior, no la educativa. Carlos Jonguitud y Elba Esther Gordillo tenían como interlocutor principal al secretario de Gobernación, no al de Educación Pública. Hoy Emilio Chuayffet atiende al líder que el nuevo gobierno aprobó para sustituir en el SNTE a la defenestrada y encarcelada profesora; la disidencia, radicalizada, agrupada en la CNTE, es atendida en Bucareli.

El nuevo gobierno parece haber tenido en claro la imperiosa necesidad de poner un alto, de tajo, al poder político que la profesora Gordillo acumuló a lo largo de cuatro sexenios, desde que el entonces presidente Salinas decidió liquidar, también por motivos de política interior, el cacicazgo de Jonguitud, para sustituirlo con el de la chiapaneca. La operación contra Elba fue de alta precisión y hasta ahora la mantiene bajo proceso penal. En paralelo, bajo la sombrilla del Pacto por México, se echó a andar la llamada "reforma educativa", de rango constitucional, en cuyo núcleo duro está la evaluación de la calidad de los docentes, con las reglas y consecuencias que tendrán que definirse en la ley. La reforma a la Constitución ha sido promulgada, lo que no conocemos es la letra pequeña, la iniciativa para adecuar las leyes secundarias.

Una vez más, el riesgo es que la política, pura y dura, se sobreponga a la educación. El resultado sería nefasto, empezando por los estados en que la miseria magisterial, en todos sentidos, es más grave. Como parte de su política interior los gobiernos, federal y estatales, admiten negociar con el lumpen magisterio de la CNTE, que en Oaxaca, Guerrero y Michoacán utilizan el membrete para suspender clases, cometer actos de vandalismo o trastornar gravemente la vida diaria de millones de personas, incluyendo al DF. Bloqueos, marchas, plantones. Todas las formas de lucha son "respetables", declaró el secretario general del PRD, cuyas oficinas en Chilpancingo fueron destrozadas por una turba de pseudo profesores.

El viernes pasado alrededor de 2 mil personas volvieron a bloquear la autopista de Acapulco al DF, solo que esta vez la Policía Federal actuó y procedió a desalojarlos; pero las policías estatales y municipales permanecieron pasivas frente al vandalismo que, en revancha, cometieron los mismos rijosos. Son una minoría que se arroga la representación de decenas de miles de maestros. Los educandos, niños y jóvenes, pagan las consecuencias.

Es necesario cambiar de enfoque; poner por delante la educación y no solamente la política interior. Hay que dar a miles de maestros opciones para recalificarse y aprobar el examen de evaluación; la SEP tiene que abrir, a través de las normales y la Universidad Pedagógica Nacional, múltiples vías, con calidad y control, para que adquieran los conocimientos y habilidades que antes no recibieron.

El desastre educativo que padecemos se forjó en la complicidad entre el Estado y los líderes del SNTE. Por haber puesto, durante décadas, por sobre la educación el control político, miles de maestros de educación básica hacen como que educan, y el Estado hace como que les paga.

Mientras se mantenga la conducta de que en Gobernación se pacta con los rijosos, mientras en el SNTE no exista una auténtica dirigencia, electa por los maestros, que dialogue y negocie con la SEP los derechos laborales de sus agremiados, seguiremos en el tobogán del hundimiento educativo.

Dice Emilio Chuayffet que hay que hacer valer la ley; para ello habrá que poner la educación por delante.

*Reforma 09-04-13