EL MOMENTO ORWELLIANO*

RICARDO BECERRA LAGUNA

Asistí y escuché una de las intensas sesiones que el Senado de la República desarrolló, para rediscutir las reformas de competencia y telecomunicaciones. Anoto tres impresiones -siempre paradójicas- desde la gayola del espectador:

1)     Estado fuerte, pero no tanto. La minuta de la Cámara de Diputados y de la Mesa del Pacto por México crean una institución vasta y poderosa, dotada de muchas atribuciones y de facultades excepcionales para un organismo de su tipo. Otorgará o denegará concesiones en frecuencias de radio y de televisión, por ejemplo (una de las palancas preferidas de nuestro presidencialismo histórico). Sancionará mediante procedimientos excepcionales a quienes violen la ley. Determinará las políticas generales de desarrollo del sector más expansivo y dinámico de la economía, el único que creció –y mucho- aún en medio de la gran recesión.

Una autoridad como enseñan los libros: con los instrumentos suficientes para “conjugar las lógicas parciales y con alcance para la regulación del conjunto”, E. S. Phelps, Economía Política).  

Pero no. Para el Consejo Coordinador Empresarial y para varios abogados allí presentes, una entidad abarcadora y poderosa representa un peligro, vulnera derechos –el debido proceso- y pone en riesgo los intereses de sus agremiados.

¿Por qué? Por lo que sus propios representantes confesaron en Tribuna: porque durante décadas, algunos de los más conspicuos socios concesionarios, han abusado del recurso de amparo, justo para frenar, posponer, y al final, burlar los actos de la autoridad.

La toma de las antenas del Canal 40 en el Cerro del Chiquihuite, mediante un operativo armado y encapuchado; la reducción del tiempo del Estado en las frecuencias concesionadas, por la magia de un decreto Presidencial; las reformas legales votadas en siete minutos, sin discusión y por unanimidad, para permitir incorporar en las mismas frecuencias, ya concesionadas, servicios de telefonía, de Internet o de datos agregados, gratis, sin costo alguno, como regalo de un bien público; el desafío a la reforma electoral de 2007 y la más acre campaña de descrédito acometida en contra de una institución pública (el IFE) son, de suyo, hechos que configuran la historia real que hay detrás de esta reforma. 

Los mismos expositores, abogados todos, mostraron la estadística: casi 300 recursos de amparo de los cuales, el 80 por ciento resultó improcedente. Una forma de saltar y ningunear a la autoridad.

De allí la preocupación: en el nuevo esquema, esas constantes fugas, esas sistemáticas añagazas legales, serán mucho más improbables y difíciles.  

Los reformadores –los Senadores- deberían tener claro que el Estado fuerte, reglas firmes, sin atajos, autoridades dotadas de suficientes instrumentos son, precisamente, la precondición de la competencia y de la vitalidad de los mercados.

Así que es importante no caer en el garlito y no admitir el barroquismo de diseñar instituciones y leyes para facilitar… su evasión en nombre, claro, de las garantías y del Estado de derecho.

Dicho de otro modo: el IFETEL tiene que ser muy poderoso, al menos tan poderoso, como los consorcios que está llamado a regular.  

2. El poder judicial no se da por aludido. Nuevas instituciones, procedimientos sumarios en materia de competencia económica, Tribunales especializados: es decir, todo un mundo paralelo al poder judicial, ahora también en telecomunicaciones. ¿No le dice nada a los señores Ministros de la Corte?

Todo el entramado construido a nivel federal y en las 32 entidades para garantizar transparencia y acceso a la información –con sus costos asociados- también tuvo que erigirse porque los jueces, los tribunales regulares, administrativos, de distrito, colegiados o no, se tardan mucho, alegan estar saturados o simplemente, no responden a la demanda real de justicia.      

En el Senado, todo el debate giraba en torno a un implícito consenso: hay que crear nuevas instancias porque las regulares, administrativas, no están a la altura de la exigencia ni de los tiempos ni de la dimensión política de esta regulación.   

¿Qué tienen que decir sus señorías, Ministros y Magistrados sobre esta construcción de “justicias” paralelas, en muchos de los temas, los más modernos y más difíciles que le importan a la nación?

 3. El momento orwelliano.  ¿Y las televisoras? ¿Y Telmex? No presentaron ponencia. Los intereses que la reforma toca muy especialmente, no se sienten con la obligación de plantear ante el poder Constitucional, su postura, sus razones, el mediano plazo del sector y como se ven ellos en el futuro nacional de las telecomunicaciones.

En Estados Unidos o Canadá, las leyes y las reformas de este calado (financieras, de energía o agroalimentarias, por ejemplo) obligan “a cantar” a las principales empresas involucradas, transparentar visiones y clarificar las cosas que están en juego.

En México no, y algo peor: nadie, salvo Raúl Trejo, aludió por su nombre a los consorcios y a los dueños que serán afectados por la reforma de telecomunicaciones.

Durante una buena parte de la sesión, orwellianamente, la audiencia cobraba tintes de seminario académico, tecnológico, jurídico, comparativo, cuidando al extremo de no hablar de antecedentes, ejemplos y casos concretos, mucho menos de los nombres Televisa, TV Azteca, Telmex y sus dueños, como si el Gobierno y los partidos en el Pacto no hubieran pensado, precisamente en ellos, a la hora de elaborar la reforma que se debatía en el Senado.     

Como estudioso de las telecomunicaciones y como intelectual, como periodista, Trejo uso su tiempo para explicar porque es defendible la reforma y se creyó con el deber de cantar las verdades a los poderes de hecho de nuestro país, pues tales corporativos se han convertido en un poder semejante al de un Estado, al de un ejército o al de un partido, con frecuencia, al de varios partidos (véase su ponencia aquí: http://wp.me/p1JuY-Ci).

Creo que las personas y las empresas mexicanas que toca este cambio constitucional necesitan “cantar su verdad” en la misma medida que necesitan que se les “canten sus verdades” y no para denostarlas, abolirlas ni expropiarlas, sino para que hallen un nuevo acomodo, legítimo, legal, democrático, en el sistema político de la post-transición y dejen de imaginar su papel como poderes remotos, más allá de los controles de la democracia, a los que debemos solicitar su gracia y su favor, ganadores en dinero y poder en el cambio político mexicano.  

Si volteamos a ver el escenario económico y político del México contemporáneo, veremos que todos los poderes, constitucionales o de hecho, tienen contrapeso: el gobierno federal, los gobiernos locales, los Congresos, los partidos, las iglesias, el ejército, todos, menos los medios de comunicación, cuya primera intentona de regulación y contrapeso efectiva se discute ahora mismo en el Senado.

Gracias al Pacto por México, se abrió una coyuntura política que tardó 30 años, o más, en llegar. Es una oportunidad irrepetible.

Grave y grande es la responsabilidad de nuestros Senadores.

*La Silla Rota 15-04-13