¿QUÉ HUBIERAN DADO?*

JOSÉ WOLDENBERG

En solidaridad con los compañeros de Mural.

El 6 de septiembre de 1958 los líderes magisteriales de la sección IX del SNTE, presididos por Othón Salazar, fueron arrestados, luego de que la manifestación que encabezaban fue reprimida. ¿Qué hubieran dado entonces por contar con una Comisión de Derechos Humanos que diera fe de lo sucedido? El 28 de marzo de 1959 el Ejército ocupó las instalaciones de Ferrocarriles Nacionales y los locales sindicales. Miles de trabajadores fueron despedidos y los principales dirigentes acabaron en la cárcel. Demetrio Vallejo y Valentín Campa estuvieron en prisión más de 11 años. Su delito: ejercer el derecho de huelga. ¿Qué hubieran dado por que los abusos contra ellos se hubieran documentado en la prensa de entonces? Y los médicos residentes en 1965 y los estudiantes en 1968 y los del 10 de junio de 1971, y tantos más... ¿Qué hubieran dado porque la idea de que todos portamos derechos que no pueden ser vulnerados por la autoridad se estuviera convirtiendo en hegemónica?

Son preguntas absurdas, ilógicas por atemporales, emparentadas con aquella especulación juguetona que decía: "si mi abuelita tuviera ruedas...", pero que sirven para subrayar la importancia y el significado del informe del ombudsman capitalino sobre los sucesos del 1o. de diciembre. Porque la recomendación de Luis González Placencia ofrece toda su luz leída como un eslabón significativo en el largo, tortuoso e inacabado proceso por hacer del respeto irrestricto a los derechos humanos el basamento de nuestra convivencia.

Se trata de una especie de iceberg, donde la recomendación es apenas la cúspide; pero bajo la cual se encuentran aquellas pequeñas agrupaciones que clamaban por la libertad de los presos políticos a fines de los años cincuenta y principios de los sesenta; el movimiento del 68 por las libertades democráticas y contra los abusos de la policía; las organizaciones que en los años setenta denunciaron las aprehensiones sin orden judicial, las torturas, los asesinatos y las desapariciones como secuela de la "guerra sucia"; las movilizaciones por el respeto a los derechos humanos en el marco de la "guerra" contra el narco; y también las respuestas estatales como la creación, primero, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y luego de comisiones similares en todas las entidades hasta la crucial reforma del artículo primero de la Constitución. En fin, un duro proceso.

Están también los avances tecnológicos que hoy ayudan a que "las cosas" difícilmente puedan ocultarse. Si hubiera que ejemplificarlo, ahí está el testimonio filmado de la aprehensión el 1o. de diciembre de un joven de chamarra azul que puede observarse en el informe de la CDHDF. Es solo un botón de muestra, pero (creo) significativo. Se ve con claridad que el chavo está solamente filmando la detención de una persona. No hace nada más, solo graba, en medio de un pequeño grupo. De repente, dos policías arremeten contra él y se lo llevan. Pero, ¡oh sorpresa!, alguien más estaba filmando a quien estaba filmando, y su testimonio es fundamental para probar que el joven de la chamarra azul no estaba haciendo nada ilegal. Las nuevas tecnologías ayudan, como nunca antes, a documentar los hechos. Decenas, centenas, quizá miles de personas logran testimonios gráficos de los acontecimientos y ello sirve para crearles un contexto de exigencia inédito a las autoridades.

Pero más allá de la apropiación masiva de las nuevas tecnologías hay un profundo cambio en el ambiente en relación a la centralidad de los derechos humanos. Si en los años enunciados en el primer párrafo la noción ni siquiera era utilizada por las víctimas, hoy se ha expandido y no existe institución o personaje público que no haga una reverencia retórica ante ellos. Si uno lee con detalle la recomendación de la CDHDF, aparece todo el cuerpo normativo que intenta cerrarle el paso a las detenciones arbitrarias y a los malos tratos. Cada uno de los eslabones del presunto andamiaje de la justicia es analizado: la actuación de la policía, del ministerio público, de la jueza, de los custodios. Cada uno tiene facultades pero también responsabilidades y límites y está obligado a asumir que los "presuntos culpables" tienen derechos: a conocer por qué se les detiene, a ser llevados ante autoridad competente a la mayor brevedad posible, a su integridad personal (lo que supone un dique a los "tratos crueles, inhumanos o degradantes" y a la tortura). Porque como bien dice la resolución de la CDHDF los "derechos a la manifestación y a la protesta pacíficas" son irrenunciables y puntal de la democracia.

Y el contexto ha cambiado también para los policías. El abuso, la violación de derechos, la impunidad -que no se han erradicado- hoy se enfrentan a un ambiente menos permisivo, a instituciones protectoras de los derechos humanos, a medios más abiertos y libres, a una parte de la sociedad que demanda justicia y no impunidad para los transgresores de la ley, pero en el entendido que incluso estos últimos tienen derechos que no pueden ser atropellados.

*Reforma 18-04-13