JORGE ALCOCER VILLANUEVAHace tiempo que la decisión del gobierno de expedir la cédula de identidad causa polémica; la reavivó el anuncio de que este mes iniciará la emisión de una cédula para menores de edad, entre 4 y 17 años, en seis estados, así como la publicación de un decreto presidencial de reformas al Reglamento de la Ley General de Población, que pretende dar soporte jurídico a la obligación, de toda persona, de entregar al gobierno datos biométricos, consistentes en las 10 huellas digitales, la huella del iris de ambos ojos y una fotografía digital con 16 segmentos.
Al asunto me referí (8/12/09) cuando la Secretaría de Gobernación otorgó el primer contrato para esos fines a la empresa (Smartmatic) sujeta en Estados Unidos a investigación por parte del Congreso y de autoridades federales. Otros contratos han sido otorgados a otras empresas, por asignación directa, pretextando "seguridad nacional". Se sabe que para Talleres Gráficos de México se compró maquinaria y tecnología de punta para producir las micas de las cédulas. Todos los contratos fueron reservados por la propia Secretaría de Gobernación, en aras de... ¡la seguridad nacional!
Soy de quienes opinan que en México debe existir la cédula de identidad. Así quedó previsto por la reforma constitucional de 1990, cuando también se previó que, una vez que se hiciera realidad el mandato constitucional, los ciudadanos dejarían de inscribirse en el padrón electoral, la cédula de identidad ciudadana sería el instrumento para emitir el voto y la autoridad responsable entregaría al IFE los datos para elaborar las listas nominales de electores. Nunca se estableció que la cédula de identidad coexistiría con la credencial para votar; esa situación sería, además de absurda y costosa, un factor inevitable de deterioro y pérdida de confianza en la credencial que expide el IFE. La solución no es diferir el asunto, sin entrar al debate de fondo.
En el proyecto gubernamental hay dos asuntos que deben ser explicados de manera urgente, completa y veraz.
El primero y más importante es el motivo por el que el gobierno obliga, sin base legal aprobada por el Congreso, a todos los mexicanos (a partir de los cuatro años) a que le entreguemos las 10 huellas digitales y la huella del iris de los dos ojos. Eso no se pide en ninguna otra parte del mundo para bases de datos biométricos con uso civil; en ciertos países se usa para fines militares, de control migratorio o en asuntos de alta seguridad nacional. ¿Para qué quiere el gobierno esos datos de cada mexicano?
Decirnos que es para evitar que se roben a los niños es un argumento indigno en un análisis serio. Si de investigar delitos se trata, la huella del iris no sirve, pues como afirmó el padre de esa tecnología, no hay un solo caso en que la policía haya encontrado una huella del iris en la escena del crimen. Que el gobierno disponga de las 10 huellas digitales de cada persona puede ser útil para la PGR, la SSPF, el CISEN, la Defensa o la Marina, pero no para el IFE, ni para otras instituciones, como el IMSS o la SEP.
El segundo asunto es resolver a qué órgano del Estado corresponderá la facultad de recabar, organizar, usar y resguardar los datos personales de cada mexicano. La ley dice que será la Secretaría de Gobernación, pero eso tiene aparejado un problema no menor: el padrón y las listas de electores serán resultado de la información que esa Secretaría entregue al IFE; sería no solo un regreso al pasado, sino una potencial fuente de desconfianza y conflictos.
En su iniciativa de reforma política del año pasado, el senador Manlio Fabio Beltrones sugirió una solución: crear un órgano constitucional autónomo, responsable de la función estatal de garantizar la identidad de cada mexicano; creo que es una vía que merece ser explorada cuanto antes, involucrando en el análisis al IFE y a otros grandes receptores y usuarios de información personal.
Posdata. Hace unos días fui al SAT a renovar mi firma electrónica, tuve que proporcionar mis huellas de los 10 dedos y de ambos ojos del iris, y admitir que me tomaran la foto. Me explicaron que hay un acuerdo publicado en el Diario Oficial (29/11/09) que autoriza la obtención de esos datos y permite a las dependencias gubernamentales compartirlos.
¿Dónde está la seguridad para el ciudadano?
Al asunto me referí (8/12/09) cuando la Secretaría de Gobernación otorgó el primer contrato para esos fines a la empresa (Smartmatic) sujeta en Estados Unidos a investigación por parte del Congreso y de autoridades federales. Otros contratos han sido otorgados a otras empresas, por asignación directa, pretextando "seguridad nacional". Se sabe que para Talleres Gráficos de México se compró maquinaria y tecnología de punta para producir las micas de las cédulas. Todos los contratos fueron reservados por la propia Secretaría de Gobernación, en aras de... ¡la seguridad nacional!
Soy de quienes opinan que en México debe existir la cédula de identidad. Así quedó previsto por la reforma constitucional de 1990, cuando también se previó que, una vez que se hiciera realidad el mandato constitucional, los ciudadanos dejarían de inscribirse en el padrón electoral, la cédula de identidad ciudadana sería el instrumento para emitir el voto y la autoridad responsable entregaría al IFE los datos para elaborar las listas nominales de electores. Nunca se estableció que la cédula de identidad coexistiría con la credencial para votar; esa situación sería, además de absurda y costosa, un factor inevitable de deterioro y pérdida de confianza en la credencial que expide el IFE. La solución no es diferir el asunto, sin entrar al debate de fondo.
En el proyecto gubernamental hay dos asuntos que deben ser explicados de manera urgente, completa y veraz.
El primero y más importante es el motivo por el que el gobierno obliga, sin base legal aprobada por el Congreso, a todos los mexicanos (a partir de los cuatro años) a que le entreguemos las 10 huellas digitales y la huella del iris de los dos ojos. Eso no se pide en ninguna otra parte del mundo para bases de datos biométricos con uso civil; en ciertos países se usa para fines militares, de control migratorio o en asuntos de alta seguridad nacional. ¿Para qué quiere el gobierno esos datos de cada mexicano?
Decirnos que es para evitar que se roben a los niños es un argumento indigno en un análisis serio. Si de investigar delitos se trata, la huella del iris no sirve, pues como afirmó el padre de esa tecnología, no hay un solo caso en que la policía haya encontrado una huella del iris en la escena del crimen. Que el gobierno disponga de las 10 huellas digitales de cada persona puede ser útil para la PGR, la SSPF, el CISEN, la Defensa o la Marina, pero no para el IFE, ni para otras instituciones, como el IMSS o la SEP.
El segundo asunto es resolver a qué órgano del Estado corresponderá la facultad de recabar, organizar, usar y resguardar los datos personales de cada mexicano. La ley dice que será la Secretaría de Gobernación, pero eso tiene aparejado un problema no menor: el padrón y las listas de electores serán resultado de la información que esa Secretaría entregue al IFE; sería no solo un regreso al pasado, sino una potencial fuente de desconfianza y conflictos.
En su iniciativa de reforma política del año pasado, el senador Manlio Fabio Beltrones sugirió una solución: crear un órgano constitucional autónomo, responsable de la función estatal de garantizar la identidad de cada mexicano; creo que es una vía que merece ser explorada cuanto antes, involucrando en el análisis al IFE y a otros grandes receptores y usuarios de información personal.
Posdata. Hace unos días fui al SAT a renovar mi firma electrónica, tuve que proporcionar mis huellas de los 10 dedos y de ambos ojos del iris, y admitir que me tomaran la foto. Me explicaron que hay un acuerdo publicado en el Diario Oficial (29/11/09) que autoriza la obtención de esos datos y permite a las dependencias gubernamentales compartirlos.
¿Dónde está la seguridad para el ciudadano?
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