CIRO MURAYAMA RENDÓNEspaña inicia el año inmersa en un panorama económico sombrío y con anuncios de chubascos políticos precipitados por los diferendos entre gobierno y sindicatos para hacer frente a las urgencias de la crisis. Aun así, para el país ibérico 2011 ha traído la buena nueva de un paso más hacia la liberación de la loza que representa el terrorismo de ETA.
La banda terrorista —a la que eufemísticamente hay quien refiere aún como “organización separatista vasca”— anunció el lunes 10 de enero “un alto el fuego permanente y de carácter general”. No es, sin embargo, la primera vez que ETA hace una declaración similar, pues en marzo de 2006 proclamó un cese “permanente” de la violencia. En esa ocasión, la “permanencia” duró nueve meses, pues para diciembre un coche-bomba dinamitó el estacionamiento de la Terminal 4 en el aeropuerto de Barajas, matando a dos ciudadanos ecuatorianos que dormían en un coche en espera del vuelo que llevaría a sus familiares a Madrid. Antes, con el gobierno de Aznar, ETA había declarado un “alto el fuego unilateral e indefinido” que duró 14 meses. En total, once veces ETA ha anunciado un cese a su actividad violenta. Las palabras de paz de ETA se las ha llevado el viento de las explosiones de sus atentados.
En su comunicado del pasado lunes, ETA dice tener un “compromiso firme” con “un proceso de solución definitivo y con el final de la confrontación armada”. ¿Confrontación armada? Desde hace 42 años ETA ha matado a 829 personas. La enorme mayoría de los asesinatos ha ocurrido en la democracia. Además, los 486 muertos por ETA que eran miembros de las fuerzas armadas o de distintos cuerpos de seguridad no han caído en acciones de “confrontación”, sino, con alta frecuencia, en atentados con bomba mientras dormían o por un tiro en la espalda mientras transitaban por una calle hasta ese momento pacífica. Hay, en estas cuatro décadas, 343 civiles asesinados por ETA, los cuales participaron en una “confrontación”, tal como ir al supermercado de Barcelona, donde estalló otra bomba, o ser un concejal —el cargo de elección popular de menor rango, la persona que forma parte del concejo del ayuntamiento, el político electo más de a pie, más cercano a sus vecinos— de alguna localidad que ETA consideraba que no debía ser parte de España, como ocurrió en 1997 con Miguel Ángel Blanco, secuestrado en una estación de tren y asesinado con dos tiros a quemarropa en la nuca a pesar de las manifestaciones multitudinarias de millones de personas exigiendo que no se perpetrara el crimen.
Son sus medios, y no sus supuestos fines, los que revelan lo que es ETA y la catadura de sus miembros.
ETA pide la autodeterminación del País Vasco. Un País Vasco que desde la aprobación del Estatuto de Autonomía en 1979 y las primeras elecciones de 1980 viene teniendo gobiernos electos por el voto de los ciudadanos y no imposición externa alguna. Se trata, además, de gobiernos casi siempre encabezados por nacionalistas vascos, como es el caso del Partido Nacionalista Vasco (PNV), que mantuvo el Ejecutivo de esa Comunidad Autónoma durante 29 años seguidos, durante los cuales por cierto ETA no dejó de matar.
En el País Vasco se enseña oficialmente el euskera, la lengua vasca, en las escuelas públicas, igual que se hace con el castellano. Lejos, pues, de una realidad de persecución hacia lo vasco, al contrario. En el País Vasco, del tiempo de la dictadura, del terror, lo más vivo que queda es ETA.
El nuevo anuncio de ETA, en el que no se habla de su disolución, ni se tiene alguna referencia a las víctimas, y en la que no llega a comprometerse siquiera con la entrega de armas y explosivos en su poder, no es fruto de un proceso de reflexión unilateral que le lleve a revalorar la política, sino que es la consecuencia de la acción fructífera y duradera de diversas instancias del Estado democrático, incluidas las propias instituciones vascas, encabezadas desde 2009 por el socialista Patxi López. A ETA le está venciendo el repudio de la ciudadanía junto con la labor de los cuerpos de seguridad y de procuración de justicia en código democrático. Por ejemplo, la estrategia judicial impulsada por el juez Baltasar Garzón —hoy inhabilitado por pretender abrir juicio a los crímenes del franquismo—, para desmontar el aparato financiero de ETA, así como la ley de partidos aprobada con el amplio consenso de las fuerzas democráticas para evitar la participación política de las etiquetas electorales de ETA, hasta que no condenen la violencia y se comprometan con los principios de la convivencia pacífica, ha debilitado el entorno y la estructura de la organización terrorista.
En los más de treinta años que la democracia española se ha visto asediada por la violencia de ETA, se han llegado a cometer excesos desde el Estado. Por ejemplo, con la existencia de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) a mediados de los años ochenta, que pretendieron combatir a ETA con sus propios métodos: violentos y al margen de la ley, con ajusticiamientos. Se trata, no obstante, de delitos juzgados y condenados por el propio Estado democrático, que no puede pretender derrotar al terrorismo emulándolo. Y se trata de casos puntuales, no de una estrategia general ni continuada. Es más, al cerrar 2010, cuatro miembros de la Guardia Civil fueron condenados por torturar a un etarra durante su detención, pues también los delincuentes tienen derechos que no pueden ser vulnerados. Así, no han sido los excesos de los cuerpos de seguridad los que lesionaron a ETA, al contrario, ésta se benefició políticamente de los GAL y de la tentación de buscar atajos de excepción para combatir a los violentos. Ha sido la tenacidad desde el Estado de derecho, el consenso de los demócratas, el respeto a las garantías individuales —incluso las de quienes vulneran el derecho básico de los demás, como es el de la vida—, el despliegue de procesos de la justicia ordinarios sin comprometer las libertades y los derechos políticos de la ciudadanía lo que permitirá el fin de ETA, de esa organización que en el llamado “conflicto vasco” nunca ha sido un remedio, sino la enfermedad misma.
La banda terrorista —a la que eufemísticamente hay quien refiere aún como “organización separatista vasca”— anunció el lunes 10 de enero “un alto el fuego permanente y de carácter general”. No es, sin embargo, la primera vez que ETA hace una declaración similar, pues en marzo de 2006 proclamó un cese “permanente” de la violencia. En esa ocasión, la “permanencia” duró nueve meses, pues para diciembre un coche-bomba dinamitó el estacionamiento de la Terminal 4 en el aeropuerto de Barajas, matando a dos ciudadanos ecuatorianos que dormían en un coche en espera del vuelo que llevaría a sus familiares a Madrid. Antes, con el gobierno de Aznar, ETA había declarado un “alto el fuego unilateral e indefinido” que duró 14 meses. En total, once veces ETA ha anunciado un cese a su actividad violenta. Las palabras de paz de ETA se las ha llevado el viento de las explosiones de sus atentados.
En su comunicado del pasado lunes, ETA dice tener un “compromiso firme” con “un proceso de solución definitivo y con el final de la confrontación armada”. ¿Confrontación armada? Desde hace 42 años ETA ha matado a 829 personas. La enorme mayoría de los asesinatos ha ocurrido en la democracia. Además, los 486 muertos por ETA que eran miembros de las fuerzas armadas o de distintos cuerpos de seguridad no han caído en acciones de “confrontación”, sino, con alta frecuencia, en atentados con bomba mientras dormían o por un tiro en la espalda mientras transitaban por una calle hasta ese momento pacífica. Hay, en estas cuatro décadas, 343 civiles asesinados por ETA, los cuales participaron en una “confrontación”, tal como ir al supermercado de Barcelona, donde estalló otra bomba, o ser un concejal —el cargo de elección popular de menor rango, la persona que forma parte del concejo del ayuntamiento, el político electo más de a pie, más cercano a sus vecinos— de alguna localidad que ETA consideraba que no debía ser parte de España, como ocurrió en 1997 con Miguel Ángel Blanco, secuestrado en una estación de tren y asesinado con dos tiros a quemarropa en la nuca a pesar de las manifestaciones multitudinarias de millones de personas exigiendo que no se perpetrara el crimen.
Son sus medios, y no sus supuestos fines, los que revelan lo que es ETA y la catadura de sus miembros.
ETA pide la autodeterminación del País Vasco. Un País Vasco que desde la aprobación del Estatuto de Autonomía en 1979 y las primeras elecciones de 1980 viene teniendo gobiernos electos por el voto de los ciudadanos y no imposición externa alguna. Se trata, además, de gobiernos casi siempre encabezados por nacionalistas vascos, como es el caso del Partido Nacionalista Vasco (PNV), que mantuvo el Ejecutivo de esa Comunidad Autónoma durante 29 años seguidos, durante los cuales por cierto ETA no dejó de matar.
En el País Vasco se enseña oficialmente el euskera, la lengua vasca, en las escuelas públicas, igual que se hace con el castellano. Lejos, pues, de una realidad de persecución hacia lo vasco, al contrario. En el País Vasco, del tiempo de la dictadura, del terror, lo más vivo que queda es ETA.
El nuevo anuncio de ETA, en el que no se habla de su disolución, ni se tiene alguna referencia a las víctimas, y en la que no llega a comprometerse siquiera con la entrega de armas y explosivos en su poder, no es fruto de un proceso de reflexión unilateral que le lleve a revalorar la política, sino que es la consecuencia de la acción fructífera y duradera de diversas instancias del Estado democrático, incluidas las propias instituciones vascas, encabezadas desde 2009 por el socialista Patxi López. A ETA le está venciendo el repudio de la ciudadanía junto con la labor de los cuerpos de seguridad y de procuración de justicia en código democrático. Por ejemplo, la estrategia judicial impulsada por el juez Baltasar Garzón —hoy inhabilitado por pretender abrir juicio a los crímenes del franquismo—, para desmontar el aparato financiero de ETA, así como la ley de partidos aprobada con el amplio consenso de las fuerzas democráticas para evitar la participación política de las etiquetas electorales de ETA, hasta que no condenen la violencia y se comprometan con los principios de la convivencia pacífica, ha debilitado el entorno y la estructura de la organización terrorista.
En los más de treinta años que la democracia española se ha visto asediada por la violencia de ETA, se han llegado a cometer excesos desde el Estado. Por ejemplo, con la existencia de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) a mediados de los años ochenta, que pretendieron combatir a ETA con sus propios métodos: violentos y al margen de la ley, con ajusticiamientos. Se trata, no obstante, de delitos juzgados y condenados por el propio Estado democrático, que no puede pretender derrotar al terrorismo emulándolo. Y se trata de casos puntuales, no de una estrategia general ni continuada. Es más, al cerrar 2010, cuatro miembros de la Guardia Civil fueron condenados por torturar a un etarra durante su detención, pues también los delincuentes tienen derechos que no pueden ser vulnerados. Así, no han sido los excesos de los cuerpos de seguridad los que lesionaron a ETA, al contrario, ésta se benefició políticamente de los GAL y de la tentación de buscar atajos de excepción para combatir a los violentos. Ha sido la tenacidad desde el Estado de derecho, el consenso de los demócratas, el respeto a las garantías individuales —incluso las de quienes vulneran el derecho básico de los demás, como es el de la vida—, el despliegue de procesos de la justicia ordinarios sin comprometer las libertades y los derechos políticos de la ciudadanía lo que permitirá el fin de ETA, de esa organización que en el llamado “conflicto vasco” nunca ha sido un remedio, sino la enfermedad misma.
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