INSTITUCIONES DESPRECIADAS

CÉSAR ASTUDILLO

La lógica del principio republicano radica en el ejercicio temporal del poder. Mientras unos llegan, otros tienen que irse. Pero antes de que unos se vayan ya deben estar identificados los relevos y es en estas coordenadas donde el principio democrático juega un papel de primer orden. Resultaría contraproducente pensar, por ejemplo, que cuando expira el mandato del presidente de la república, de un diputado o un senador la integración, el funcionamiento y la continuidad del Poder Ejecutivo y Legislativo pueda verse comprometida por el hecho de no haber realizado a tiempo las elecciones. El hecho de que desde hace 72 y 114 días, respectivamente, el pleno del Consejo General del Instituto Federal Electoral y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se encuentren indebidamente integrados muestra el desprecio de la clase política a dos instituciones fundamentales de la democracia mexicana. Un desprecio que contrasta con la importancia que el texto constitucional les reconoce como órganos superiores del Estado y que se patentiza en la minuciosidad con la que les define un rol institucional que han de desempeñar, el espacio de actuación pública que les corresponde, la naturaleza colegiada bajo la que han de funcionar, su vocación de permanencia e, igualmente, su específica integración, señalando que el primero se compone por un Consejero presidente y ocho consejeros electorales, mientras que la segunda se integra por once ministros. Si algo tienen en común es que las dos se componen de funcionarios que no emanan de procesos de elección, sino que se seleccionan a partir de mecanismos de designación. De hecho, en la necesidad de amalgamar la voluntad de los distintos actores políticos, por la mayoría calificada que se requiere para el nombramiento, y en la carencia de acuerdos políticos básicos se encuentra la explicación del desprecio que hoy padecen. No hay duda que la falta de acuerdo de las fuerzas políticas está generando una importante crisis de funcionalidad de ambas instituciones. Recordemos que tanto el Instituto Federal Electoral como la Suprema Corte de Justicia de la Nación son órganos colegiados que se caracterizan porque sus decisiones se generan a partir de un proceso deliberativo en donde cada uno de sus miembros tiene igual derecho de voz e igual peso en el sentido de su voto, tanto en el contexto de los órganos superiores como en sus distintos órganos internos. De ahí que, si bien es verdad que los seis consejeros con los que actualmente funciona el primero y los diez ministros con que actúa la segunda son suficientes para completar el quórum de funcionamiento de ambas, lo cierto es que la inacción política ha generado un anómalo funcionamiento que ha estado punto de deslizarse hacia una parálisis institucional que lastima la normalidad democrática. No sólo se han incentivado empates en las votaciones, lo que no permite el desahogo normal de los asuntos que tienen encomendados, sino que han modificado las agendas institucionales de ambos órganos al posponer la toma de decisiones de índole administrativo (designaciones) o la resolución definitiva de asuntos de carácter jurisdiccional (resolución de quejas, o de conflictos constitucionales), algunas de las cuales requieren una mayoría calificada de votos; incluso, se ha fomentado la irregular integración de sus órganos internos, como el caso de la primera sala en la Corte, o de las distintas comisiones en el IFE, obligándolos a funcionar de manera distinta a como lo dispone la ley. No hay duda de que estamos ante omisiones inconstitucionales tanto del Ejecutivo como del Legislativo. En el IFE dicha omisión es imputable a la Junta de Coordinación política que ha sido incapaz de acordar los tres nombres que debe poner a consideración del pleno de la Cámara de Diputados. En el caso de la Corte es imputable al Presidente, quien tardó 72 días en enviar la terna para sustituir al fallecido ministro Gudiño, reiniciando el 13 de diciembre, fecha en que el Senado rechazó la terna propuesta, la cual se mantiene hasta nuestros días. Quienes en su momento juraron cumplir y hacer cumplir la Constitución y quienes mantienen todos los días el discurso del Estado de derecho despliegan un inmovilismo que lesiona frontalmente nuestra vida democrática, que daña sistemáticamente el armónico funcionamiento de nuestras instituciones y que sólo se explica por el deseo de cada fuerza política de ganar, a como dé lugar, espacios de representación en instituciones que paradójicamente no son representativas. Pero no importa, total, qué puede pasar con un IFE y una Corte que no se encuentran integradas como lo determina la Constitución. Nada. Ésta es una señal inequívoca de que ciertamente estamos en un país en el que no pasa nada.