LA RESPONSABILIDAD DE LOS JUECES

SERGIO ARMANDO VALLS HERNÁNDEZ

Estamos inmersos en un problema de inseguridad ciudadana, cuya escalada tenemos que detener y revertir. El problema es desde luego multifactorial pues en él inciden variables económicas, sociales y políticas. De éstos, quizá la mayor sea hasta el momento la falta de capacidad para precisar un diagnóstico objetivo e integral de nuestra patología como paso previo para proponer la solución. Y ello es así porque en lugar de avanzar con más rapidez, en los últimos años hemos vivido instalados, y seguimos contribuyendo, al desencuentro, sobre todo porque tendemos a confundir "diagnóstico institucional" de una parte, con "crítica" y aún con "ataque político" de la otra. Pero la frontera entre una cosa y otra existe, y esta serie de contribuciones que haré en El Sol de México en las siguientes semanas sobre el tema de la responsabilidad de los jueces, pero que necesariamente también analiza la misma cuestión referida a funcionarios públicos de otros poderes concernidos con la tarea de brindar seguridad, se ubica precisamente en el diagnóstico institucional y no desde luego en la valoración de las personas que en este momento ejercen como policías o como ministerios públicos sean federales o estatales.

La seguridad ciudadana es una obligación del Estado mexicano que realiza a través de varios poderes públicos, pero preponderantemente a través de los poderes ejecutivos y judiciales federales y de los estados, así como por los gobiernos de los municipios. Sin embargo, la seguridad ciudadana es, a los ojos del gobernado, una sola tarea del poder público organizado, del Estado, a pesar de que la Constitución, por muy buenas razones, fragmenta la contribución en esta tarea común entre varias autoridades.
Ahora bien, en estos últimos años los gobernados están percibiendo que los resultados que el Estado mexicano ha tenido en su deber de procurar y mantener la seguridad de los ciudadanos, han sido malos, como lo muestra el último estudio estadístico del INEGI, levantado para medir la percepción popular sobre la inseguridad ciudadana.
Y es en este contexto que cada vez que se hace un señalamiento ciudadano sobre la inseguridad, la división horizontal y vertical de poderes se ha utilizado no pocas veces como excusa para eludir las responsabilidades propias. Con fundamento y también sin él, se ha abusado de este recurso ante la opinión pública, y el resultado es que nos encontramos estancados en el desencuentro sin poder hacer un diagnóstico institucional objetivo e integral, que probablemente arrojaría un resultado desfavorable no para un poder público sin exclusión del otro, o para el ámbito federal pero no para los estados o los municipios, sino más bien insuficiencias en todas las unidades del Estado mexicano encargadas de la procuración de la seguridad ciudadana.
En coincidencia con la opinión de varios comentaristas, académicos y actores políticos, creo que una cuestión que ha contribuido grandemente al deterioro de la capacidad del Estado mexicano para brindar el más básico de los bienes de una comunidad política, como es la protección de la integridad física y patrimonial de quienes la forman, es la falta de exigencia de responsabilidad sobre aquellos que faltan a su deber de cumplir y hacer cumplir las leyes, y particularmente sobre quienes lo han hecho por el incentivo de la corrupción o por negligencia inexcusable. La ausencia de consecuencias por mala conducta de los funcionarios públicos y de los abogados equivale a impunidad de los delincuentes, lo que a su vez incrementa el incentivo para delinquir pues hacerlo se vuelve un cálculo racional.
¿Cómo resolver esta patología? Me parece que el camino está en reconstruir nuestro débil esquema de exigencia de responsabilidades a los funcionarios públicos de manera integral, es decir, de todos los poderes y ámbitos de gobierno. Y no debiéramos dejar al margen en esta empresa común la actualización del régimen de autotutela ética de los abogados que representan a víctimas y victimarios en los procedimientos penales. La meta es que en una relación inversa, el incremento de la eficacia de la exigencia de responsabilidades reduzca en la misma proporción la impunidad.

Para ello primero debemos tener claro cómo se exige responsabilidad a los funcionarios de los diferentes poderes y ámbitos de gobierno. Mi participación en este espacio periodístico se dirigirá en especial a analizar lo referente a los jueces.