CARMEN ARISTEGUILa Secretaría de la Función Pública informó esta semana que sancionó a 15 funcionarios de Pemex Refinación. A más de un mes de habérseles notificado anuncia que destituyó, inhabilitó por 10 años y les impuso multas multimillonarias que ascienden, en conjunto, a más de 5 mil 134 millones de pesos a 14 de ellos. Al subdirector de Almacenamiento y Distribución, Pedro Carlos Gómez Flores, lo inhabilita durante seis meses sin sanción económica. La auditoría iniciada en 2006 -cuando el titular de la dependencia era Germán Martínez Cáceres- fue relativa a los procesos de licitación y contratación para el fletamento, por cinco años, de cuatro buque-tanques a casco desnudo que beneficiaron a las empresas Arrendadora Ocean Mexicana y Transportación Marítima Mexicana (TMM). Se acusa a los funcionarios de manipular estudios de mercado, procesos de licitación y contratación con sobreprecios para el arrendamiento de los buque-tanques. Pemex pagó en total 23.7 millones de dólares por el sobreprecio. Se presume que existió colusión con las empresas. Llama la atención el comunicado en donde Pemex informa de lo sucedido. Afirma que ahora explora la posibilidad de adquirir buques directamente con las compañías armadoras en lugar de arrendarlos en el mercado nacional, y "así evitar los sobrecostos por la operación comercial", como si intrínsecamente la operación comercial implique sobrecostos y no, como quedó demostrado, por las prácticas de corrupción en la paraestatal.
Una de las dos empresas beneficiarias con las licitaciones amañadas, Arrendadora Ocean Mexicana, demandó a la revista Fortuna, a los periodistas Nancy Flores, Miguel Badillo y Ana Lilia Pérez, y al cartonista David Manrique por diversas publicaciones periodísticas que aludían, precisamente, a presuntas irregularidades relacionadas con la actividad empresarial y de negocios de esta arrendadora y de otras empresas afines con la paraestatal. Las demandas se suman a otras presentadas en juzgados de varias partes del país en contra de este grupo de periodistas y sus publicaciones, relacionadas con hechos y empresas investigadas por actos de corrupción en Pemex. La judicialización a la que han sido sometidos -de forma simultánea- por empresas que tienen en común mantener relaciones con la paraestatal hace suponer a los periodistas que se trata de una acción concertada entre Pemex y los contratistas para asfixiar e inhibir a los periodistas y sus publicaciones. Por eso, la resolución de la Función Pública recién anunciada es no sólo importante por sí misma, sino que se convierte en un tanque de oxígeno para la labor periodística. Hasta hace no mucho, TMM dominaba en las contrataciones de este tipo con Pemex. Su competidora incursiona desde hace algunos años en estos procesos. Ambas, por cierto (ahora lo confirma la Función Pública), fueron beneficiarias, a la par, de los contratos de arrendamiento -con sobreprecio irregular- que disfrutaron durante los cinco años que duró su contratación de los buque-tanques investigada.
El recurso legal promovido por Arrendadora Ocean Mexicana produjo una sentencia condenatoria que ha causado revuelo y escándalo, especialmente dentro del gremio periodístico, por la manifiesta ignorancia de la juzgadora en las materias sobre las que debe pronunciarse. Se ha convertido en motivo de chacota, incluso, sus muy particulares definiciones sobre un concepto tan ampliamente conocido y reconocido en códigos, tratados, leyes y convenciones internacionales, como es el concepto de interés público. La jueza determina, después de un extraviado razonamiento, que "...es claro que las licitaciones efectuadas por Pemex no pueden ser consideradas como de interés público". Bajo criterios como éste, la jueza determina que se "...ejerció en forma abusiva, indebida e ilegal su derecho de expresión", al referirse al caso de Badillo. En el caso de Flores Pérez y Manrique se les condena a "...cesar en forma permanente el abuso indebido y exceso al derecho a la información" en perjuicio de los demandantes. Las aberraciones judiciales no paran con esta sentencia que deberá ser revisada con pulcritud por la instancia que corresponda en el Tribunal de Justicia del Distrito Federal.
En otra demanda procesada ya en la PGR, en contra de Ana Lilia Pérez, según narra ella misma, se ha llegado al punto de dar entrada a un recurso en donde se acusa a la periodista de falsificar ¡su propia firma!
Una de las dos empresas beneficiarias con las licitaciones amañadas, Arrendadora Ocean Mexicana, demandó a la revista Fortuna, a los periodistas Nancy Flores, Miguel Badillo y Ana Lilia Pérez, y al cartonista David Manrique por diversas publicaciones periodísticas que aludían, precisamente, a presuntas irregularidades relacionadas con la actividad empresarial y de negocios de esta arrendadora y de otras empresas afines con la paraestatal. Las demandas se suman a otras presentadas en juzgados de varias partes del país en contra de este grupo de periodistas y sus publicaciones, relacionadas con hechos y empresas investigadas por actos de corrupción en Pemex. La judicialización a la que han sido sometidos -de forma simultánea- por empresas que tienen en común mantener relaciones con la paraestatal hace suponer a los periodistas que se trata de una acción concertada entre Pemex y los contratistas para asfixiar e inhibir a los periodistas y sus publicaciones. Por eso, la resolución de la Función Pública recién anunciada es no sólo importante por sí misma, sino que se convierte en un tanque de oxígeno para la labor periodística. Hasta hace no mucho, TMM dominaba en las contrataciones de este tipo con Pemex. Su competidora incursiona desde hace algunos años en estos procesos. Ambas, por cierto (ahora lo confirma la Función Pública), fueron beneficiarias, a la par, de los contratos de arrendamiento -con sobreprecio irregular- que disfrutaron durante los cinco años que duró su contratación de los buque-tanques investigada.
El recurso legal promovido por Arrendadora Ocean Mexicana produjo una sentencia condenatoria que ha causado revuelo y escándalo, especialmente dentro del gremio periodístico, por la manifiesta ignorancia de la juzgadora en las materias sobre las que debe pronunciarse. Se ha convertido en motivo de chacota, incluso, sus muy particulares definiciones sobre un concepto tan ampliamente conocido y reconocido en códigos, tratados, leyes y convenciones internacionales, como es el concepto de interés público. La jueza determina, después de un extraviado razonamiento, que "...es claro que las licitaciones efectuadas por Pemex no pueden ser consideradas como de interés público". Bajo criterios como éste, la jueza determina que se "...ejerció en forma abusiva, indebida e ilegal su derecho de expresión", al referirse al caso de Badillo. En el caso de Flores Pérez y Manrique se les condena a "...cesar en forma permanente el abuso indebido y exceso al derecho a la información" en perjuicio de los demandantes. Las aberraciones judiciales no paran con esta sentencia que deberá ser revisada con pulcritud por la instancia que corresponda en el Tribunal de Justicia del Distrito Federal.
En otra demanda procesada ya en la PGR, en contra de Ana Lilia Pérez, según narra ella misma, se ha llegado al punto de dar entrada a un recurso en donde se acusa a la periodista de falsificar ¡su propia firma!
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