SEGURIDAD CON JUSTICIA

ANA LAURA MAGALONI

La próxima semana, la Red a Favor de los Juicios Orales y el Debido Proceso convoca al cuatro foro para discutir el status de la reforma a la procuración e impartición de justicia. Como en los años anteriores, el foro es un ejercicio de rendición de cuentas por parte de los actores más relevantes en materia de su implementación: qué han hecho y qué les falta por hacer. También, en esta ocasión, el foro pretende escuchar los compromisos de los tres candidatos tanto a la Presidencia como a la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal con relación a la implementación de la reforma penal.

Como miembro de la red de juicios orales conozco lo que ha sucedido en los foros anteriores. En los tres foros pasados, el objetivo central de los convocantes fue intentar convencer al presidente Calderón de que su estrategia de seguridad estaba incompleta hasta que no se reformaran las instituciones encargadas de la persecución y enjuiciamiento penal. Nuestro lema era "seguridad con justicia". No hubo manera. El presidente Calderón estaba convencido de que, a pesar de la relevancia de esta reforma, ésta no formaba parte de su estrategia para enfrentar el problema de inseguridad. En un foro en Monterrey, cuna de esta reforma, el presidente Calderón lo dijo con todas sus letras: "Sí, necesitamos un sistema de justicia mucho mejor articulado, pero en este momento la acción de la criminalidad y la acción de la violencia está mucho más allá de los ámbitos propios de lo que es el problema de justicia penal (...). Tenemos que jerarquizar la importancia de contener la violencia y la criminalidad desde un planteamiento preventivo, tanto del área social, como preventivo desde el área policiaca y de acción de la fuerza pública". En otro momento destacó: "El día que los enfrentemos (a los delincuentes) y los hagamos retroceder con fuerza, ese día les estaríamos dando la vuelta. Y si algún día llegan con 10, con 15 camionetas y armados hasta los dientes, que ese mismo día haya una fuerza (policial) que pueda no sólo enfrentar, replegar, sino dominar y vencer claramente".

Hasta el año pasado, continuaba siendo persuasivo, en términos mediáticos y de opinión pública, la visión del Presidente de que al crimen se le "vence" a través del poder disuasivo del ejercicio de la fuerza pública. No era un asunto de juzgar y encarcelar a los delincuentes, sino de vencerlos y disuadirlos. Me pregunto si en este cuarto foro de juicios orales el Presidente continuará sosteniendo esta visión y, lo más impor- tante, si los candidatos a la Presidencia de México pueden o no generar una visión alternativa.

Tengo la impresión, por los genéricos planteamientos de los candidatos en este tema, de que sigue prevaleciendo la idea de que el problema de seguridad se centra en las policías. De forma distinta, todos prometen más elementos, mejores policías, más cercanos, más profesionales, nuevas corporaciones, mando único, etcétera. Todos los candidatos también abordan algo sobre la reforma penal y, particularmente Peña y Vázquez Mota, se comprometen a implementarla. Sin embargo, ninguno de los tres candidatos ha hecho la conexión entre policías y el sistema de procuración y administración de justicia.

Para que la reforma penal forme parte de la estrategia de seguridad de quien gane la Presidencia de México se necesita aprender una de las lecciones más importantes de este sexenio: el ejercicio de la fuerza pública se diferencia de la violencia criminal si y sólo si logra demostrarse que se llevó a cabo conforme a las leyes. Es decir, cuando tenemos la certeza de que, en los procesos de detención e investigación, no hubo abusos ni torturas ni incomunicación ni cualquier otra forma de conducta autoritaria. Esta certeza no la puede proveer nuestro obsoleto sistema de procuración e impartición de justicia. En ese sistema, tal y como hoy funciona, no existen controles reales a la actuación policial. Lo que existe es un juicio simulado en donde todos esconden y cierran los ojos al abu- so y la arbitrariedad. La decisión de Calderón de no reformar la procuración e impartición de justicia significó, por tanto, diluir la línea que separa la fuerza pública de la violencia delictiva. Con ello, la autoridad y la legitimidad de las instituciones de seguridad quedaron heridas de muerte.

La pregunta relevante es si queremos o no que existan frenos y controles a la actuación policial y militar. En abstracto, posiblemente todos digan que sí. En concreto, la cosa se pone más difícil, pues la existencia de controles reales y efectivos a la actuación policial, por parte de ministerios públicos, jueces y defensores lleva aparejada la posibilidad de a algunos sospechosos no se les pueda enjuiciar o no se les condene. Hasta ahora este costo no lo han querido pagar ni las autoridades ni la sociedad. En el imaginario colectivo prevalece la idea autoritaria de que "frente a los delincuentes vale todo". Mientras que ello siga siendo así, la reforma penal continuará estando en el cajón y seguiremos padeciendo a nuestras malas, corruptas y débiles instituciones de seguridad y justicia. ¿Hasta cuándo?