LA AGENDA OLVIDADA

ANA LAURA MAGALONI

Hace algunos días me reuní con una alta funcionaria del Congreso norteamericano. Ella tenía interés en conocer mi opinión sobre la implementación de la reforma a la procuración e impartición de justicia en México. Lamentablemente en ese rubro hay más promesas que realidades. Después de un rato de charla, le pregunté: "¿Qué es lo que a los congresistas norteamericanos les preocupa de lo que está sucediendo en México en materia de seguridad?". Su repuesta me sorprendió: "Las violaciones a los derechos humanos están causando mucha preocupación". Para el vecino del norte, como para la comunidad internacional en general, un país con graves violaciones a los derechos humanos como México -tortura, desapariciones forzadas, detenciones ilegales, etcétera- es un país con instituciones muy débiles que ponen en riesgo la gobernabilidad democrática. Estas violaciones también son un indicador de la falta de un acuerdo político fundamental con los valores que sustentan un Estado de derecho. Todo ello prende los focos rojos sobre la capacidad de México para restablecer la paz social de forma duradera.

Sin embargo, en México no parece que las violaciones a los derechos humanos sean un asunto de primera relevancia. Prueba de ello es que en la contienda electoral por la Presidencia los candidatos no han hecho un claro y contundente pronunciamiento en la materia. Los derechos humanos, que no son otra cosa que el basamento jurídico de la ciudadanía, son la agenda olvidada de esta elección. Ello es un síntoma grave. Estamos discutiendo el país del futuro con las categorías del pasado.

¿Por qué, en las propuestas de seguridad de los tres candidatos, las violaciones a derechos humanos no forman parte central de la conceptualización del problema a resolver? ¿Cómo es posible que los candidatos se comprometan a fortalecer las instituciones de seguridad, particularmente las policías, y no vean que el corazón de su debilidad está en que no hemos desterrado un modelo de persecución criminal autoritario? Seguimos operando, como en el viejo régimen, con una policía que puede utilizar cualquier método para detener e interrogar a una persona y un MP y un juez que, en el mejor de los casos, se dedican a darle una "forma legal" a la arbitrariedad.

Así, ante el problema que los ciudadanos detectan como el "más importante" -seguridad pública-, las propuestas de los candidatos no logran articular un discurso que parezca atender las graves deficiencias de la estrategia actual. Uno de los más importantes errores de la administración de Calderón fue reproducir, de manera más potente, el modelo autoritario de persecución criminal. Su apuesta fue construir una Policía Federal e incentivar las reformas a las policías locales y municipales, pero se olvidó de construir también los contrapesos que en cualquier democracia debe tener la actuación policial. No hay policías profesionales en el mundo que no estén siendo fiscalizadas por el MP, el juez y la defensa. Gracias a estos contrapesos, las abusos se sancionan y la disciplina interna de la corporación se mantiene. También, gracias a estos contrapesos, los métodos que utiliza la policía o las Fuerzas Armadas para enfrentar a la delincuencia no pueden ser represivos ni autoritarios. Calderón no hizo nada por reformar la procuración e impartición de justicia. Estas instituciones son profundamente débiles y están atrapadas en perversas inercias burocráticas que las hacen impotentes para castigar los abusos de la autoridad. En este sentido, en el corazón de la debilidad de la estrategia actual se encuentra el abuso del poder coactivo del Estado sin que haya instituciones capaces de sancionarlo y, por lo tanto, de limitarlo.

Los datos sobre las violaciones a derechos humanos están a la vista de todos. Basta mirar los informes elaborados por Human Rights Watch, Amnistía Internacional o el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU. Todos estos informes destacan dos cosas: 1) violaciones muy graves a derechos humanos producto de la estrategia de seguridad del gobierno mexicano y 2) la rampante impunidad; no hay investigaciones, ni juicios ni sanciones.

Ello nos obliga a reconceptualizar el problema de seguridad. No se trata sólo de la violencia y la beligerancia de las organizaciones criminales. También el problema de seguridad tiene que ver con el abuso del poder coactivo del Estado sin que haya quien lo intente frenar ni sancionar. Abuso del poder coactivo más violencia delictiva son una combinación explosiva, pues, ante este escenario, la autoridad del Estado y la fuerza de sus instituciones están heridas de muerte.

Un México con paz y libertad solamente se puede construir desde la convicción por determinados valores. Ya basta del discurso maniqueo de buenos contra malos o de víctimas contra victimarios. Abandonemos de una vez por todas el discurso vengativo de vale todo con tal de "someter" a los "criminales". La brújula debe estar puesta en el conjunto de valores que orienta la construcción de las instituciones de seguridad y justicia que necesitamos, los cuales necesariamente pasan por la agenda de los derechos humanos. Esperemos que, el próximo domingo, los candidatos recuperen esta brújula axiológica cuando nos digan qué van a hacer con el problema de seguridad y justicia de nuestro país.