DEBATE SOCAVADO

JAVIER CORRAL JURADO

En Mayo de 1994, el debate entre los candidatos Diego Fernández de Cevallos, Ernesto Zedillo y Cuauhtemoc Cárdenas, marcó un hito en la competencia electoral mexicana y presentó ante el mundo la imagen de una pluralidad en normalidad democrática, capaz de discutir y contrastar sus posiciones ideológicas y políticas. A ese primer ejercicio entre candidatos a la Presidencia de la República, lo catapultó indiscutiblemente la transmisión en vivo por Televisión Nacional.

Aún sin producirse la alternancia política, que llegó seis años después, la sola proyección televisiva de aquel debate generó la sensación de una apertura democrática, de un avance en el ejercicio de libertades, aún más significativo porque abría también la ostra de una televisión subordinada al régimen, "soldados del Presidente", y que parecía indisolublemente ligada a los propósitos del PRI, como su brazo armado para la protección, la distorsión o el ocultamiento.

Exactamente 18 años después, nos encontramos con un hecho patético que señala una involución espeluznante: las dos principales empresas de televisión de nuestro país, Televisa y Tv Azteca, que operan bajo concesión un bien del dominio de la nación que nos pertenece a todos los mexicanos, han decidido no transmitir por sus canales nacionales el debate a celebrarse el próximo 6 de mayo entre los actuales candidatos a la Presidencia de la República. Televisa dará preferencia a un programa de baile en el canal 2, y mandará al 5 la transmisión del debate, red en la que tiene 62 repetidoras, menos de la mitad que su cañón estrella.

Televisión Azteca no lo transmitirá, pasará a esa hora el juego de fútbol entre Monarcas Morelia VS Tigres de la UANL. En su acostumbrado tono provocador, cuando de retar al Estado se trata, el propio Ricardo Salinas Pliego lo dio a conocer en su twitter: “Si quieren debate, véanlo por Televisa, si no, vean el fútbol por Azteca. Yo les paso los ratings al día siguiente”.

Nunca un descaro como éste describe y sintetiza tantas cosas a la vez, y permite identificar el nulo compromiso democrático del duopolio televisivo con nuestro proceso de transición. Colocados a la zaga dentro del proceso de cambio en el que la mayoría de los actores políticos y sociales han sido llamados a asumir responsabilidades frente a la sociedad y la democratización del país, la Televisión pretende consumarse en zona de impunidad y en barrera para la coexistencia civilizada de la pluralidad que tiene en los debates una de sus mejores expresiones, más allá de los estilos personales y los recursos retóricos. Es un hecho delicado, con tufo de golpismo mediático y de abierta regresión política; se enmarca en otra de las acciones con las que el duopolio y un número importante de radiodifusores de diversos estados del país, entre ellos Chihuahua, resiste la reforma electoral del 2007 y busca presionar a los partidos políticos y sus próximas bancadas en el Congreso federal para abrogarla en su principal objetivo normativo: la prohibición de la contratación comercial de propaganda electoral en radio y en tv por parte de candidatos, partidos y particulares con propósitos de proselitismo.

Algunos concesionarios locales de la radio han extendido la "veda" electoral hasta nuestros días, y han boicoteado la cobertura de ciertas campañas y candidatos que no se han querido "arreglar", ni económicamente, ni en ofrecer su voto, para echar abajo la reforma. Se quejan de la reforma electoral como restrictiva de su libertad de expresión; mero pretexto, pues es un contrasentido defenderla mediante la censura.

La televisión hace lo mismo, expulsa a la política y a uno de sus mayores momentos de atracción e interés como lo es la celebración de un debate, y lo justifica en que fueron los partidos los que los echaron primero de las campañas. Una revancha, clara y directa.

Unen a su resistencia a la ley, la protección que le brindan desde hace seis años a Enrique Peña Nieto. Conscientes de su brutal vacuidad, a cargo de sus encuadres perfectos, de las imágenes abultadas, de las entrevistas a modo, el duopolio decide no arriesgarlo, no exponerlo. Tiene que ir a dos debates porque la ley lo obliga, pero tratarán de reducir los daños, disminuir lo más que se pueda el impacto de soltar a su candidato sin teleprompter, sin apuntador, solo con las respuestas memorizadas y los ademanes ensayados.

Por ello y no otra cosa es que el candidato priista ha declinado participar no sólo en debates, también en foros públicos como los universitarios. El 20 de abril se había anunciado que asistiría a un foro al Instituto Tecnológico Autónomo de México, sin embargo días antes canceló, lo mismo ocurrió el 24 de abril ante la invitación de la Universidad Iberoamericana argumentando que había tenido cambios en su agenda de campaña. Tiene absolutamente prohibido por sus productores de la Televisión presentarse en escenarios improvisados o que no están bajo el control del PRI.

El Gobierno federal, particularmente la Secretaría de Gobernación, debieran responder con toda firmeza ante una provocación como la que han lanzado los concesionarios de la Televisión comercial y su clara intención de socavar el debate presidencial. El artículo 62 de la Ley Federal de Radio y Televisión faculta a la autoridad para ordenar el encadenamiento de las estaciones de radio y televisión para transmitir informaciones de trascendencia para la Nación. No hay duda de que el debate, como ejercicio de comunicación política que contrasta y explícita propuestas y compromisos de los candidatos, es un asunto del mayor interés público. Por lo menos de  mayor calado, con respeto para los seguidores de ambos equipos, que un juego entre Monarcas y Tigres.