CIRO MURAYAMA RENDÓN
El avance de la economía mexicana es el de un animal cansado y renqueante. Su paso es más lento que el del promedio de las economías latinoamericanas, y cuando el terreno se vuelve escabroso retrocede más que el resto (2009), para luego estar en mayores dificultades de retomar el trote.
A la luz de los pobres resultados económicos y la acumulación de desafíos sociales, pero a la vez desde la convicción de que no nos enfrentamos a una fatalidad divina sino a una realidad construida a partir de decisiones económicas y políticas concretas que pueden y deben ser revisadas, bajo el auspicio de la UNAM en 2009 se dio a conocer el documento México frente a la crisis: hacia un nuevo curso de desarrollo.
En 2012, de cara al cambio de gobierno, el grupo nuevo curso de desarrollo publicó el documento Lineamientos de política para el crecimiento sustentable y la protección social universal (descargable en www.nuevocursodedesarrollo.unam.mx).
El punto de partida es que la economía mexicana debe crecer a una tasa real superior al 6% anual por una consideración elemental: sólo así se puede absorber la nueva fuerza de trabajo y crear un millón de empleos al año.
Las decisiones de política económica deben de ponerse al servicio del crecimiento, no al revés. Además de crecer, México ha de edificar un sistema de salud pública de genuina cobertura universal, único, público, que privilegie la prevención y la atención primaria.
Junto a ello, se propone un sistema de protección social al ingreso frente a los costos o pérdida de ingresos por eventos como maternidad, enfermedad, incapacidades, edad avanzada, viudez y orfandad.
Ambos financiados con impuestos generales. La expansión de la economía, para ser sostenible, requiere del fortalecimiento de la educación, la ciencia y la tecnología.
En educación el gasto público es de 3.8% del PIB, similar al de 1980 (3.7%); en ciencia canalizamos 0.4% del PIB. En estas áreas se necesita una auténtica política de Estado hoy inexistente.
Por supuesto, crear sistemas de salud y de protección social universales e invertir en educación, necesariamente pasa por destinar mayores recursos.
Para avanzar hacia esos objetivos el gasto público en nuestra economía deberá rondar los 35 puntos del PIB para 2018, de los cuales 10 deberían ser de inversión productiva (más del doble que ahora).
A diferencia de otras definiciones que eluden el tema, en el documento hecho desde la UNAM sí se dice que hay que captar más impuestos: diferenciando el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas del de las morales (gravando más a los individuos ricos), dando un trato fiscal a las empresas equivalente a los que reciben en los países de la OCDE (si queremos ser desarrollados no podemos pagar impuestos del subdesarrollo), y más adelante subiendo el IVA pero dejando exenta una canasta básica de ciertos alimentos.
La política económica para el crecimiento no puede preservar la inercia de la política monetaria actual. Es pertinente que el Banco de México autónomo tenga no sólo la obligación de velar por la estabilidad de precios, sino de impulsar el crecimiento, el empleo y asegurar la estabilidad del sistema financiero nacional.
También debe fortalecerse la banca de desarrollo; impulsarse que los recursos del sistema de ahorro para el retiro se utilicen para proyectos rentables de largo plazo en el territorio nacional, y promover la mexicanización gradual del sistema bancario.
No hay país desarrollado que no sea, a la vez, industrializado. México ha vivido un proceso de desindustrialización en la última década.
La industrialización debe impulsarse desde el Estado —como ocurre en toda nación exitosa en la materia— y vincularse al desarrollo tecnológico para romper un patrón de inserción internacional que descansa en bajos salarios y arrastra baja productividad.
Los desafíos productivos abarcan al sector rural y, en particular, nuestra capacidad para brindar seguridad alimentaria. Dos asuntos más cierran los Lineamientos…: el desarrollo regional vinculado a proyectos de infraestructura, así como restablecer la seguridad energética y proteger el medio ambiente.
El documento está lejos de aspirar a ser un plan nacional de desarrollo, pero sí tiene el espíritu de un manifiesto hacia un país más productivo, igualitario y democrático.
En algunas de las propuestas y definiciones hechas desde el grupo Nuevo Curso de Desarrollo, los candidatos presidenciales han pasado de prisa y, en otras, sobre todo en materia fiscal y monetaria, se han mostrado evasivos y conservadores.
Por ejemplo, ninguno de ellos considera necesario revisar que la banca central atienda también al crecimiento y el empleo como hace la Fed en Estados Unidos.
O ningún candidato se atreve a desplegar una propuesta de recaudación para redistribuir el ingreso. Por lo anterior, y ésta es una conclusión personal, en las definiciones de ninguno los aspirantes a la Presidencia hay elementos para atisbar una política económica realmente distinta.
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