LA FALACIA DE LA LIBERTAD DEL TELEVIDENTE

JAVIER CORRAL JURADO

Aunque se va a transmitir por varios canales de Televisión abierta y por otros de paga en la televisión restringida (satelital y cable), el debate de este domingo entre los candidatos a la Presidencia de la República no tendrá una cobertura nacional. Los dos principales concesionarios de la Televisión comercial, Televisa y Tv Azteca, decidieron no transmitirlo en sus canales estelares, el 2 y el 13.

Emilio Azcárraga prefirió poner un programa de baile a la hora del debate, y Ricardo Salinas transmitirá el partido de futbol entre Monarcas de Morelia y los Tigres de la Universidad de Nuevo León. Han ofrecido transmitirlo por otros canales de baja audiencia, y para justificar el desdén se han envuelto en la bandera de la libertad del televidente para escoger qué quiere ver, y han reiterado una y otra vez que no tienen obligación legal.

En el fondo, la oferta de elección al televidente es una mascarada porque, en términos de zona geográfica de cobertura, la transmisión abarcará casi todo el territorio nacional, pero un 40 % de la población mexicana no tendrá manera de optar, porque simplemente no tendrá canal en donde seguirlo en vivo y en directo, aunque tenga televisor.

Esto se debe a que ni el canal 11 ni el 22, señales abiertas de la televisión pública, son redes nacionales, por desgracia. Tampoco el canal 5 de Televisa es una red nacional, tiene incluso menos de la mitad de repetidoras que tiene el canal 2, sólo 62. Mucho menos el canal 40, usurpado desde hace 9 años por Televisión Azteca, que sólo se ve en señal abierta, UHF, en la Ciudad de México. En ese mismo caso están las redes de televisión de paga que, en efecto, con un crecimiento exponencial como el caso de Dish, a punto de sobrepasar a Sky, son por su misma característica de suscripción, redes limitadas. El nuevo canal 30 del OPMA, combinando señales analógicas con digitales, está apenas en 11 ciudades. La red nacional de radiodifusoras educativas y culturales (canales de gobiernos estatales, universidades y municipios) está con estaciones de Televisión casi en todos los estados, pero muy lejos de cubrir si quiera la mitad de los municipios más importantes del país.

De ahí que sostenga que la actitud de los concesionarios de la Televisión comercial es en realidad un socavamiento al debate, un intento de mermar nuestro proceso de transición democrática y para desanimar aún más el interés y la participación de la gente en las campañas electorales, como parte de una estrategia de embate a la política, de represalia por la reforma electoral, y de colusión con el PRI para proteger la ignorancia supina de su candidato Enrique Peña Nieto.

El otro argumento con el que tratan de justificar su desplante, consiste en señalar que la ley electoral (Cofipe) no los obliga, lo que sí hace para los medios públicos que operan bajo la figura del permiso. En efecto, la reforma electoral del 2008 dejó en términos potestativos, esto es, a la voluntad de los concesionarios transmitir los debates entre los candidatos a la Presidencia, a quienes sí obligó a celebrar por lo menos dos encuentros, durante el mes de mayo y junio. La ausencia de la obligación legal para el régimen concesionario se antoja una omisión premeditada, más que un descuido, pues resistida aquella reforma hasta con la amenaza y la intimidación de los propios conductores de noticias -presentes en el momento de discusión -, es de suponer que fue otra de las cesiones que se realizaron durante ese momento para aminorar la ira de los dueños de medios electrónicos.

Es claro que en nuestro país con los niveles de concentración de medios en unas cuantas manos, particularmente la Televisión en manos de dos concesionarios, además de su nulo talante democrático como personas, la transmisión de los debates también debe ser una obligación legal. Sin embargo, no radica en la legalidad o ilegalidad del asunto el reproche social que desencadenó la decisión de Televisa y Azteca. Es la provocación al Estado y el embate a nuestro proceso de transición lo que lastima. Debiera ser para ellos una obligación moral, una correspondencia a los objetivos de la función social que les asigna la ley, una contribución al desarrollo del país. Debiera ser un signo permanente no sólo de nuestra normalidad democrática, sino de nuestro ascenso a la civilidad política.

Al repasar los hechos y los dichos que han conformado el debate sobre el debate, veo que está ahí una condensación del momento de deterioro político y ético que vivimos, quizá una época de ocaso: la enorme debilidad del Estado y las múltiples complicidades que desmantelan su poder desde los mismos partidos para favorecer a unas cuantas personas y sus estrictos intereses económicos, a lo que grotescamente ha contribuido el IFE con su autoderrota al no asumir una posición firme y clara sobre la obligación democrática, el deber moral de los concesionarios a difundir lo más ampliamente posible el debate.

En este marco se produce el sexto debate presidencial; a 18 años del primero celebrado en México entre Diego Fernández de Cevallos, Ernesto Zedillo y Cuauhtémoc Cárdenas, que sin duda ganó el candidato panista, en uno de los saltos más dramáticos que ha logrado un participante en este tipo de ejercicios. Se calcula que Diego subió 12 puntos en las preferencias electorales por su desempeño en aquella confrontación de la que aún recordamos varias de sus frases punzantes y directas, como aquella dirigida a Zedillo: "Es usted un buen chico, pero en democracia está reprobado".

Sabedores del riesgo que corre el más ignorante de los candidatos priístas a la Presidencia de la República, el duopolio televisivo evita hoy con su socavamiento al debate, que Enrique Peña Nieto tenga un costo así, ya sea por sus propios yerros o por el manejo que puedan hacer sus adversarios.