USOS, ABUSOS Y OPACIDAD

JORGE ALCOCER

Ante la nota en Reforma, del viernes pasado, documentando pagos del gobierno del Estado de México a la agencia "Astron Publicidad", por concepto de "comentarios de Joaquín López Dóriga transmitidos dentro de su noticiero "López Dóriga" y en el noticiero de Oscar Mario Beteta", que en una sola factura representaron un gasto de 4 millones de pesos, Grupo Radio Fórmula respondió con una aclaración en que asevera que el esquema "al que alude la factura que ilustra la nota, es el de cortinillas promocionales al inicio y al final de comentarios que se insertan en distintos programas"; en el mismo sentido respondió la CIRT, manifestado su respaldo a la misiva antes citada. (Reforma, 12/05/12, p.3).

Lo que no aclaran es el motivo por el que la agencia asentó el concepto indicado en la factura, y tampoco porqué nadie le requirió corregirla, ya que si se trata de un error, éste afecta negativamente al concesionario, al cliente y, sobre todo, a los dos periodistas señalados. Es evidente que no es lo mismo pagar por spots, infomerciales o cortinillas, que hacerlo para que un periodista comente sobre un gobernante o de su gobierno.

Mal haríamos en circunscribir la polémica sobre el gasto en publicidad a los casos de los gobiernos del Estado de México y del Distrito Federal; el asunto involucra a todos los gobiernos y, por el monto del gasto involucrado, en primer lugar al gobierno federal y las empresas estatales. Pagar por publicidad en medios no es ilegal; cada año, en los respectivos presupuestos, los poderes legislativos, Federal y estatales, aprueban la partida de gasto destinada a tal propósito. Además, la Cámara de Diputados aprueba, anualmente, la regla para asignar el tiempo de Estado, en radio y televisión, entre los poderes federales y los organismos autónomos.

El problema no está en la ley, sino en los usos, abusos y opacidad en que, de manera generalizada, incurren los gobiernos para contratar y pagar publicidad, que linda con la violación al artículo 134 de la Constitución, que prohíbe que esa propaganda tenga fines de promoción personalizada de cualquier servidor público.

Adicionalmente, por una redacción confusa en el Cofipe, peor interpretada por el IFE, el tiempo de Estado que aquél administra desde el inicio de las precampañas y hasta el día previo al inicio de las campañas, es utilizado exclusivamente por el propio IFE y otras autoridades electorales, pese a que la Constitución obliga a suspender la propaganda gubernamental solamente a partir del día de inicio de las campañas. El resultado ha sido doblemente negativo.

Por un lado, durante las precampañas (2011-2012) el IFE transmitió 60 spots diarios de autoridades electorales, por 36 de partidos políticos; y del 17 de febrero al 29 de marzo transmitió 96 spots diarios de autoridades electorales, saturando a la audiencia de manera tan injustificada como inútil. Como el gobierno federal no tiene acceso a ese tiempo, pero puede seguirse anunciando, del 18 de diciembre al 29 de marzo, compró tiempo en radio y TV para mantener al aire sus spots publicitarios, con un gasto a todas luces innecesario, que cabe suponer, a la luz de las evidencias disponibles, es muy cuantioso. Para colmo, los spots gubernamentales se suman, durante el periodo señalado, a los del IFE y los partidos, provocando una saturación aún mayor.

Los críticos más ácidos de la reforma electoral dicen que ésta provocó un "mercado negro" en el que candidatos y partidos compran, de manera ilegal, comentarios o menciones en radio y TV; no han puesto sobre la mesa un caso concreto. Pero aceptando que tuviesen razón, la crítica raya en el cinismo, ya que culpan a la ley de la existencia de delincuentes.

Faltando 47 días para la jornada electoral, el modelo de acceso electoral a radio y TV ha vuelto a demostrar sus fortalezas y virtudes, como lo viene haciendo desde 2008. Es cierto que hay problemas que deben ser atendidos, como el uso que hace el IFE del tiempo no destinado a los partidos, o la utilización exclusiva del formato comercial en los mensajes de estos últimos.

Pero el problema de fondo está en la carencia de normas que pongan freno al uso, abuso y opacidad del gasto en publicidad gubernamental; ese no es un problema electoral, es de racionalidad, transparencia y rendición de cuentas de los gobiernos.