JAVIER CORRAL JURADO
Como en ninguna época de la lucha por el derecho a la información, confluyen en el momento actual de México varios movimientos ciudadanos que han colocado la necesaria democratización de los medios de comunicación como uno de los mayores pendientes del proceso democrático en general. El movimiento de Javier Sicilia planteó ayer como uno de sus cuatro ejes centrales la reforma de los medios. Los estudiantes del movimiento interuniversitario que despertó la protesta juvenil en la Ibero convirtieron la añeja demanda en su agenda esencial. Y el pasado 28 de mayo la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) convocó a la presentación de la “Coalición Ciudadana Democracia y Medios” (CCDM), conformada por más de 100 organizaciones civiles y 180 personalidades, entre las que destacan activistas, periodistas, académicos, actores, cineastas y legisladores. La Amedi exige a los partidos políticos una explicación de las razones y/o compromisos que los han llevado a engrosar la telebancada y también han convocado a que la y los candidatos a la Presidencia de la República expliciten sus compromisos con la agenda del derecho a la información, pues nunca como ahora es clara la exigencia social, y, paradójicamente, el tema sigue siendo tabú en las presentaciones y discursos de los candidatos.
En los últimos años los mexicanos hemos sido testigos del empoderamiento de los medios electrónicos en nuestro país, particularmente del duopolio televisivo, Televisa y TV Azteca, que se han convertido en un poder fáctico capaz de doblegar y chantajear a la clase política y a nuestras instituciones, así como a colocar sus intereses en la agenda nacional cuando así les ha convenido. Esa influencia ha producido el vergonzoso fenónemo de la telebancada, que no es otra cosa mas que un conjunto de personeros que, vinculados directamente con las televisoras, trabajan exactamente como sus empleados dentro del Congreso federal para conseguir más privilegios o para frenar proyectos reformadores en la materia.
La Coalición Ciudadana Democracia y Medios a la que ha convocado la Amedi Es puntual en este sentido: “el ejercicio de ese poder (que es al mismo tiempo económico, político y simbólico) carente de regulación les facilita la posibilidad de imponer sus privilegios y de desafiar a los poderes institucionales que tanto trabajo le ha costado a la sociedad controlar con base en criterios de legalidad, transparencia y rendición de cuentas.”
La telebancada, dicen, “es el reflejo de cómo un poderoso y selecto grupo vinculado a la comunicación masiva utiliza una de las instituciones del Estado para defender sus intereses particulares, pasando sobre los derechos humanos del resto de la ciudadanía.”
En este sentido, este grupo de organizaciones defensoras de la libertad de expresión y el derecho a la información han centrado sus exigencias en cuatro acciones que debieran ser llevadas al nivel de políticas públicas:
1.- Realizar una reforma legislativa que limite el acaparamiento de los medios de comunicación, fomente el pluralismo con medios públicos, indígenas, sociales y comunitarios, y la calidad en los medios de comunicación
2.- Crear una verdadera agenda digital que incluya el acceso universal a banda ancha para todos y todas las mexicanas, una política integral de televisión digital que garantice el acceso y redistribución del nuevo dividendo digital
3.- Salvaguardar el trabajo periodístico con medidas efectivas para acabar con la impunidad en contra de periodistas y medios de comunicación, garantizar sus derechos y que las empresas mediáticas asuman sus obligaciones laborales y de capacitación para los trabajadores de la información.
4.- Garantizar el fortalecimiento de la producción nacional independiente nacional, regional y local, así como el pleno respeto de los derechos de las audiencias y de los sectores prioritarios para el país: mujeres, niñez, pueblos indígenas.
El mismo lunes la CCDM publicó un desplegado en el que plantea siete preguntas a los candidatos presidenciales, centradas en los cuatro puntos anteriores, y que van encaminadas a conocer cuáles son sus propuestas en materia de radiodifusión y telecomunicaciones, comunicación social gubernamental, protección a periodistas, producción nacional, regional y local, reforma electoral, así como en las acciones concretas con un Congreso que estará integrado por legisladores directamente vinculados con los intereses de las televisoras (el desplegado puede ser consultado en www.javiercorral.org o www.telecracia.org). Quedan de esta manera emplazados a comunicar sus propuestas puntuales en la materia y la Amedi se ha comprometido a dar seguimiento a lo que respondan.
El escenario es propicio, los dueños del duopolio han cedido, por lo pronto, a transmitir en sus principales canales el próximo debate presidencial, lo cual se antoja una victoria de este grupo de jóvenes que así lo habían exigido en su pliego petitorio, sin embargo, una larga batalla falta por dar que puede estar enmarcada, sin duda alguna, por los cuatro puntos planteados por la Coalición Ciudadana Democracia y Medios: telecracia no es democracia.
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