LORENZO CÓRDOVA VIANELLO
La democracia es una construcción colectiva en la cual diversos actores cumplen roles diferentes y tienen distintas responsabilidades. El papel de los medios de comunicación es crucial en la recreación de la democracia, pues constituyen canales privilegiados para generar la condición primera del voto libre: información.
Por otra parte, los debates son momentos estelares de los procesos electorales porque mediante la confrontación de agendas, programas, diagnósticos y propuestas generan información valiosísima para que los ciudadanos orienten su voto. Es por ello que son eventos de gran interés nacional.
La reforma de 2007, congruente con ello, estableció por primera vez en la historia de nuestra democracia la forzosa realización de dos debates presidenciales a cargo del IFE, la transmisión obligatoria a cargo de los permisionarios de radio y televisión, y la potestad de los concesionarios para emitir estos eventos. Pero, más allá de sus obligaciones, la eventual transmisión de los debates pone a prueba el compromiso democrático de los titulares de las concesiones.
No debe olvidarse que la historia de los últimos años resume la precaria —en el mejor de los casos— vocación democrática de muchos de los titulares de las concesiones de radio y televisión y de la anteposición de sus intereses privados sobre el interés público que se ha traducido en un reiterado desafío a la Constitución, a las leyes electorales y al IFE. Ése es el contexto en el que se ha venido dando la discusión respecto a los debates en la presente elección.
No olvidemos que hace apenas hace un par de meses desde los medios se generaron múltiples dudas sobre la posibilidad de realizar debates. En ocasiones, seguramente se trató de dudas legítimas, pero muchas otras, indudablemente, fueron dudas encaminadas a generar confusión y animadversión, hacia una reforma calificada por muchos de ellos como absurda, y hacia el Instituto Federal Electoral, juzgado reiteradamente en este contexto de incongruente e irracional.
Hoy, cuando los dos debates de ley son inminentes, el titular de una de las dos cadenas de televisión que monopolizan más de 90% de la audiencia en México inclinó su decisión de no trasmitir el debate a partir del rating y del beneficio económico frente a su precario compromiso democrático.
Es cierto, además de los permisionarios (que tienen una cobertura menor —el canal 11 apenas cubre ocho entidades—), otros pocos concesionarios han decidido transmitir el debate y hay que aplaudirlo. También Televisa lo hará a través del canal 5 (pero es una red que únicamente cubre 40.28% de los potenciales electores).
Por si fuera poco, las dos televisoras monopólicas pondrán a competir en audiencia al debate con dos programas de alto rating transmitidos en el canal 2 y en el 13, lo que complica una adecuada y pertinente difusión de ese evento.
Indudablemente, seguir el debate o no es un derecho de los ciudadanos, el problema es que ese derecho no debería depender de la imposibilidad de ejercerlo por razones de cobertura.
Este episodio ilustra, una vez más, las grandes complicaciones que supone la consolidación democrática en este país. Para ello uno de nuestros principales desafíos es, como lo ha señalado el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el de fortalecer la “construcción de ciudadanía”, pero esa tarea no puede ser vista sólo como una responsabilidad del Estado, sino que requiere necesariamente la concurrencia de otros entes. Los medios masivos de comunicación juegan un papel central, pero ello supone que sus titulares asuman que tener una concesión del Estado de un bien público supone que antes que el lucro cumplen un fin social.
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