El pasado domingo dio inicio formal el proceso electoral para renovar al gobernador del estado de México; la jornada comicial tendrá lugar el primer domingo de julio. Siendo el de mayor número de electores, es usual que sus elecciones locales atraigan la atención nacional, lo que vino a reforzarse por el protagonismo que, tanto hace seis años como ahora, desplegaron los gobernadores que terminan su mandato. Ayer Arturo Montiel, hoy Enrique Peña Nieto.
La pérdida de la Presidencia de la República (2000) provocó en el PRI una mutación radical en las formas y reglas para definir a su candidato presidencial; lo que antes se resolvía por la voluntad de un solo hombre -el Presidente en turno- pasó a dirimirse en competencia interna, en la que gobernadores, líderes de las Cámaras del Congreso y de los sectores, más unos cuantos dirigentes, asumen el papel de cuerpo cardenalicio.
En 2005 el entonces gobernador Arturo Montiel convirtió la elección de su sucesor en prueba de su popularidad y aval de sus aspiraciones para alcanzar la candidatura presidencial; electo Enrique Peña Nieto, su mentor político se lanzó de lleno en pos de su meta, confiado en el respaldo que las dos empresas de televisión y los grupos más importantes de la radio le venían otorgando desde años atrás. Montiel no tuvo problema para derrotar a los otros aspirantes agrupados en el llamado TUCOM ("todos unidos contra Madrazo"). Sin embargo, el gozo se fue al pozo cuando Roberto Madrazo, en entrevista dentro del noticiero estelar del canal de las estrellas, hizo públicos los negocios de la esposa de Montiel, lo que aniquiló las aspiraciones del mexiquense y dejó libre el camino al entonces presidente del PRI, que se hizo de la candidatura sin mayor problema.
Enrique Peña Nieto ha recorrido el mismo camino que su antecesor; con el abierto respaldo de las dos televisoras y de algunos gobernadores ha logrado difundir una imagen que desde hace varios meses lo presenta como el seguro candidato presidencial del PRI. La elección de su sucesor en el estado de México aparece como el trámite final de su frenética carrera hacia el poder, como la señal que habrá de confirmar las profecías que lo ubican despachando en Los Pinos el primer día de diciembre de 2012. Ése es el contexto que rodea la elección local que ha dado inicio en el territorio mexiquense y la coloca bajo los reflectores de los medios nacionales.
La que fue anunciada como sesión solemne del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) se convirtió en rosario de Amozoc. Los representantes del PAN y del PRD se dolieron de extrema inequidad en la contienda y de abierta parcialidad de la mayoría de los consejeros que tienen a su cargo la conducción del proceso. En respuesta, el consejero Juan Carlos Villarreal reprochó a los partidos opositores por sus "incapacidades o el temor por sus fantasmas", que quieren -dijo- "colgar a la autoridad electoral". El ríspido intercambio de acusaciones condujo a los dirigentes opositores al anuncio de que considerarán su retiro del proceso.
Es improbable que así ocurra, pero han dejado establecidas fundadas dudas sobre la imparcialidad de la autoridad electoral local. Cabe señalar que lo quejosos se duelen ahora de lo que antes avalaron. En efecto, los consejeros electorales en funciones fueron electos con la participación de los diputados de ambos partidos, que antes dieron su aval a las reformas legales que desfasaron las elecciones locales, dejando en solitario, en este año, la de gobernador.
Corresponde al IEEM otorgar a los partidos garantías de legalidad e imparcialidad que aseguren una competencia apegada a los principios constitucionales; en esa dirección, alentar la participación de observadores en todas las fases del proceso y abrir al escrutinio público las decisiones que adopten los consejeros electorales son medidas que abonarán a favor de la confianza ciudadana en la autoridad electoral.
Lo que mal empieza puede conducir a un despeñadero que afecte gravemente el arranque del proceso electoral federal en octubre de este año.
Posdata. Por su trayectoria en la judicatura y los criterios que ha sostenido en casos relevantes para la sociedad, la elección del ministro Juan Silva Meza como presidente de la SCJN es un hecho alentador.
La pérdida de la Presidencia de la República (2000) provocó en el PRI una mutación radical en las formas y reglas para definir a su candidato presidencial; lo que antes se resolvía por la voluntad de un solo hombre -el Presidente en turno- pasó a dirimirse en competencia interna, en la que gobernadores, líderes de las Cámaras del Congreso y de los sectores, más unos cuantos dirigentes, asumen el papel de cuerpo cardenalicio.
En 2005 el entonces gobernador Arturo Montiel convirtió la elección de su sucesor en prueba de su popularidad y aval de sus aspiraciones para alcanzar la candidatura presidencial; electo Enrique Peña Nieto, su mentor político se lanzó de lleno en pos de su meta, confiado en el respaldo que las dos empresas de televisión y los grupos más importantes de la radio le venían otorgando desde años atrás. Montiel no tuvo problema para derrotar a los otros aspirantes agrupados en el llamado TUCOM ("todos unidos contra Madrazo"). Sin embargo, el gozo se fue al pozo cuando Roberto Madrazo, en entrevista dentro del noticiero estelar del canal de las estrellas, hizo públicos los negocios de la esposa de Montiel, lo que aniquiló las aspiraciones del mexiquense y dejó libre el camino al entonces presidente del PRI, que se hizo de la candidatura sin mayor problema.
Enrique Peña Nieto ha recorrido el mismo camino que su antecesor; con el abierto respaldo de las dos televisoras y de algunos gobernadores ha logrado difundir una imagen que desde hace varios meses lo presenta como el seguro candidato presidencial del PRI. La elección de su sucesor en el estado de México aparece como el trámite final de su frenética carrera hacia el poder, como la señal que habrá de confirmar las profecías que lo ubican despachando en Los Pinos el primer día de diciembre de 2012. Ése es el contexto que rodea la elección local que ha dado inicio en el territorio mexiquense y la coloca bajo los reflectores de los medios nacionales.
La que fue anunciada como sesión solemne del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) se convirtió en rosario de Amozoc. Los representantes del PAN y del PRD se dolieron de extrema inequidad en la contienda y de abierta parcialidad de la mayoría de los consejeros que tienen a su cargo la conducción del proceso. En respuesta, el consejero Juan Carlos Villarreal reprochó a los partidos opositores por sus "incapacidades o el temor por sus fantasmas", que quieren -dijo- "colgar a la autoridad electoral". El ríspido intercambio de acusaciones condujo a los dirigentes opositores al anuncio de que considerarán su retiro del proceso.
Es improbable que así ocurra, pero han dejado establecidas fundadas dudas sobre la imparcialidad de la autoridad electoral local. Cabe señalar que lo quejosos se duelen ahora de lo que antes avalaron. En efecto, los consejeros electorales en funciones fueron electos con la participación de los diputados de ambos partidos, que antes dieron su aval a las reformas legales que desfasaron las elecciones locales, dejando en solitario, en este año, la de gobernador.
Corresponde al IEEM otorgar a los partidos garantías de legalidad e imparcialidad que aseguren una competencia apegada a los principios constitucionales; en esa dirección, alentar la participación de observadores en todas las fases del proceso y abrir al escrutinio público las decisiones que adopten los consejeros electorales son medidas que abonarán a favor de la confianza ciudadana en la autoridad electoral.
Lo que mal empieza puede conducir a un despeñadero que afecte gravemente el arranque del proceso electoral federal en octubre de este año.
Posdata. Por su trayectoria en la judicatura y los criterios que ha sostenido en casos relevantes para la sociedad, la elección del ministro Juan Silva Meza como presidente de la SCJN es un hecho alentador.
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