SERGIO ARMANDO VALLS HERNÁNDEZHace un par de días el INEGI publicó el índice de percepción sobre seguridad pública correspondiente al mes de diciembre de 2010, que continúa siendo alarmante si se compara con el del año anterior, que fue el primero en que se levantó dicha encuesta. En la respuesta a las cinco preguntas que se plantean a los ciudadanos, se refleja que la sensación de miedo entre la población es persistente de un año a otro y, peor aún -en respuesta a pregunta expresa del INEGI- que un alto porcentaje de la población no espera una mejoría significativa para el año siguiente, para 2011.
¿Qué respuestas de las autoridades han escuchado esos ciudadanos encuestados sobre el problema de inseguridad, y con lo cual han orientado sus respuestas al INEGI? Quizá hayan oído que un poder culpa al otro de la ineficacia en la impartición de justicia, y que el poder público aludido haya respondido en sentido inverso. Y quizá en cada caso concreto uno u otro poder hayan tenido razón. Pero en ambas explicaciones que toman de coartada la división de poderes, hay un denominador común de lo cual son testigos los ciudadanos encuestados: la falta de exigencia eficaz de responsabilidades a quienes fallan en el ejercicio del poder público de brindar seguridad sea que laboren en el Poder Judicial o en el Poder Ejecutivo.
A pesar de su incuestionable relevancia social, infortunadamente las cifras del INEGI no suelen despertar grandes emociones entre la opinión pública que conduzcan a su vez a acciones públicas. Pero me parece que el terrible suceso donde es sacrificada una madre que reivindicaba en la ciudad de Chihuahua su derecho a la justicia por el homicidio de su hija, ha terminado por hacer conciencia en la sociedad del problema indicado en el estudio del INEGI y a elevar la demanda de las soluciones: quizá este caso sea el punto de inflexión para la sociedad mexicana en la búsqueda de revertir el problema de la violencia social que se nutre de inaceptables niveles de impunidad institucional.
Por ello creo que la reciente resolución del Congreso de Chihuahua de iniciar un juicio político a tres jueces de su Poder Judicial derivado del homicidio aludido, va en la dirección correcta: determinar qué funcionario concreto, o funcionarios, en la cadena de un procedimiento penal fue, o fueron, responsable (s) que un probable delincuente siguiera en libertad y posiblemente matara por segunda vez.
La responsabilidad política tiene como consecuencia final la destitución del cargo público de juez, pero también la posibilidad de establecer como sanción adicional la inhabilitación para cargos públicos de cualquier tipo durante un periodo prolongado. Los tres jueces chihuahuenses imputados por su probable responsabilidad política tienen derecho a ser oídos por los representantes populares de su Estado al ventilarse su juicio político, y defender su actuación. Quizá por defenderse dichos jueces lleguen a cuestionar con éxito la integración del expediente del primero de los homicidas mencionados, por parte del ministerio público, e incluso la probidad del abogado defensor de la causa. Pero cualquiera que sea el resultado del juicio político sobre los jueces de Chihuahua, los legisladores conocerán de primera mano las causas de la impunidad en la procuración de justicia, lo que puede conducir a tapar huecos en las leyes y particularmente en el tema de la exigencia de responsabilidades, que es el hoyo más grande en la impartición de justicia.
Una lección que ya podemos deducir de todo ello es el valor de la transparencia en la impartición de justicia penal. En la medida en que tanto el ministerio público como el juez y los abogados de las partes que intervienen en un procedimiento penal, no puedan mantener en el secreto sus actuaciones, se habrán de cerrar los espacios donde anida la corrupción o la negligencia inexcusable -que puede llegar a ser tan criminal como la corrupción. He insistido en diferentes foros sobre la necesidad de hacer cada vez más transparentes las actuaciones judiciales de los jueces locales. He subrayado como prueba incuestionable de este anacronismo el hecho de que mientras la Suprema Corte de Justicia de la Nación opera en una casa de cristal, los jueces locales de la mayoría de las entidades federativas -y los ministerios públicos- lo hacen en cambio en la opacidad más absoluta. La luz del sol es el desinfectante más poderoso, el más barato, y el más fácil y rápido de proveer para empezar a curar desde ya mismo esta patología.
¿Qué respuestas de las autoridades han escuchado esos ciudadanos encuestados sobre el problema de inseguridad, y con lo cual han orientado sus respuestas al INEGI? Quizá hayan oído que un poder culpa al otro de la ineficacia en la impartición de justicia, y que el poder público aludido haya respondido en sentido inverso. Y quizá en cada caso concreto uno u otro poder hayan tenido razón. Pero en ambas explicaciones que toman de coartada la división de poderes, hay un denominador común de lo cual son testigos los ciudadanos encuestados: la falta de exigencia eficaz de responsabilidades a quienes fallan en el ejercicio del poder público de brindar seguridad sea que laboren en el Poder Judicial o en el Poder Ejecutivo.
A pesar de su incuestionable relevancia social, infortunadamente las cifras del INEGI no suelen despertar grandes emociones entre la opinión pública que conduzcan a su vez a acciones públicas. Pero me parece que el terrible suceso donde es sacrificada una madre que reivindicaba en la ciudad de Chihuahua su derecho a la justicia por el homicidio de su hija, ha terminado por hacer conciencia en la sociedad del problema indicado en el estudio del INEGI y a elevar la demanda de las soluciones: quizá este caso sea el punto de inflexión para la sociedad mexicana en la búsqueda de revertir el problema de la violencia social que se nutre de inaceptables niveles de impunidad institucional.
Por ello creo que la reciente resolución del Congreso de Chihuahua de iniciar un juicio político a tres jueces de su Poder Judicial derivado del homicidio aludido, va en la dirección correcta: determinar qué funcionario concreto, o funcionarios, en la cadena de un procedimiento penal fue, o fueron, responsable (s) que un probable delincuente siguiera en libertad y posiblemente matara por segunda vez.
La responsabilidad política tiene como consecuencia final la destitución del cargo público de juez, pero también la posibilidad de establecer como sanción adicional la inhabilitación para cargos públicos de cualquier tipo durante un periodo prolongado. Los tres jueces chihuahuenses imputados por su probable responsabilidad política tienen derecho a ser oídos por los representantes populares de su Estado al ventilarse su juicio político, y defender su actuación. Quizá por defenderse dichos jueces lleguen a cuestionar con éxito la integración del expediente del primero de los homicidas mencionados, por parte del ministerio público, e incluso la probidad del abogado defensor de la causa. Pero cualquiera que sea el resultado del juicio político sobre los jueces de Chihuahua, los legisladores conocerán de primera mano las causas de la impunidad en la procuración de justicia, lo que puede conducir a tapar huecos en las leyes y particularmente en el tema de la exigencia de responsabilidades, que es el hoyo más grande en la impartición de justicia.
Una lección que ya podemos deducir de todo ello es el valor de la transparencia en la impartición de justicia penal. En la medida en que tanto el ministerio público como el juez y los abogados de las partes que intervienen en un procedimiento penal, no puedan mantener en el secreto sus actuaciones, se habrán de cerrar los espacios donde anida la corrupción o la negligencia inexcusable -que puede llegar a ser tan criminal como la corrupción. He insistido en diferentes foros sobre la necesidad de hacer cada vez más transparentes las actuaciones judiciales de los jueces locales. He subrayado como prueba incuestionable de este anacronismo el hecho de que mientras la Suprema Corte de Justicia de la Nación opera en una casa de cristal, los jueces locales de la mayoría de las entidades federativas -y los ministerios públicos- lo hacen en cambio en la opacidad más absoluta. La luz del sol es el desinfectante más poderoso, el más barato, y el más fácil y rápido de proveer para empezar a curar desde ya mismo esta patología.
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