RODRIGO MORALES MANZANARESLa información dada a conocer por Juan Miguel Alcántara Soria en torno al subejercicio de las entidades federativas de los fondos federales destinados al combate a la inseguridad, actualiza la necesidad de repensar algunas de las bases de nuestro federalismo. No deja de ser escandaloso que, con una estructura fiscal tan vulnerable, un esquema recaudatorio tan frágil, tengamos además problemas estructurales de gasto. Si además situamos dicho drama en el tema de la seguridad, resulta un problema muy serio.
Ciertamente no es la primera vez que se ventila el tema de los subejercicios. La administración pública no ha conseguido armonizar los necesarios controles del gasto, con su oportuno ejercicio. De nuevo, debemos buscar las fórmulas para que, sin relajar los controles y teniendo la mayor certidumbre respecto de cómo se ejercen los recursos públicos, éstos se apliquen en tiempo y forma. No ha sido el caso, y más bien parece haberse agravado el subejercicio.
Pero si en los fondos ejercidos a nivel central las autoridades tienen, en principio, las herramientas para hacer frente al problema, y superar los “ahorros” que se generan simplemente por retrasar las ministraciones; a nivel estatal el problema parece ser mayor. Es decir, no hay los mismos controles ni el mismo nivel de rendición de cuentas que existe a nivel federal. Las entidades no cuentan con mecanismos confiables de auditoría de su gasto y lo que ocurre es lo que denunció el secretario del Sistema Nacional de Seguridad Pública: los diversos fondos federales, estructurados y pensados para atender necesidades programáticas específicas, terminan engrosando las cuentas de las secretarías de Finanzas locales y, de ahí, a destinar recursos para cualquier capricho.
En materia de seguridad, es una tragedia que fondos etiquetados para la certificación y el control de confianza de los cuerpos policiacos o con miras al equipamiento de un sistema nacional de información, sean desviados o simplemente no se ejerzan a plenitud. Cierto es que ha habido un incremento sustancial de los recursos que se dedican al combate a la inseguridad, pero si éstos sólo están en el papel, poco se le puede pedir a la estrategia. No es posible que, siendo escaso el recurso, se merme aún más por impericias administrativas o francos desvíos.
Las apasionadas negociaciones del presupuesto no parecen encontrar un correlato con la realidad presupuestal de las entidades. Sin duda ahí tenemos una asignatura pendiente en nuestro federalismo: cómo incrementar los controles para garantizar que los fondos federales se apliquen localmente en aquellos programas para los que fueron diseñados, sin que ello implique atentar en contra de la soberanía estatal. De poco sirve la concertación de programas y estrategias entre los distintos niveles de gobierno, si existen rezagos tan importantes a la hora de la ejecución del gasto.
La medida propuesta para penalizar a aquellas entidades que incurran en el mayor subejercicio, ciertamente puede volcar los incentivos para colocarlos en el lugar correcto, sin embargo, me parece que en el debate de fondo hay que encontrar mecanismos efectivos para que el gasto se ejerza sin más. Privar de recursos a algunas entidades puede agravar los problemas que se quieren solucionar; encontrar en cambio las herramientas que garanticen el ejercicio oportuno del gasto debe ser una fórmula a explorar, no sólo en los fondos asociados a la seguridad, sino prácticamente en todos los fondos federales que se ejercen en los estados.
Ciertamente no es la primera vez que se ventila el tema de los subejercicios. La administración pública no ha conseguido armonizar los necesarios controles del gasto, con su oportuno ejercicio. De nuevo, debemos buscar las fórmulas para que, sin relajar los controles y teniendo la mayor certidumbre respecto de cómo se ejercen los recursos públicos, éstos se apliquen en tiempo y forma. No ha sido el caso, y más bien parece haberse agravado el subejercicio.
Pero si en los fondos ejercidos a nivel central las autoridades tienen, en principio, las herramientas para hacer frente al problema, y superar los “ahorros” que se generan simplemente por retrasar las ministraciones; a nivel estatal el problema parece ser mayor. Es decir, no hay los mismos controles ni el mismo nivel de rendición de cuentas que existe a nivel federal. Las entidades no cuentan con mecanismos confiables de auditoría de su gasto y lo que ocurre es lo que denunció el secretario del Sistema Nacional de Seguridad Pública: los diversos fondos federales, estructurados y pensados para atender necesidades programáticas específicas, terminan engrosando las cuentas de las secretarías de Finanzas locales y, de ahí, a destinar recursos para cualquier capricho.
En materia de seguridad, es una tragedia que fondos etiquetados para la certificación y el control de confianza de los cuerpos policiacos o con miras al equipamiento de un sistema nacional de información, sean desviados o simplemente no se ejerzan a plenitud. Cierto es que ha habido un incremento sustancial de los recursos que se dedican al combate a la inseguridad, pero si éstos sólo están en el papel, poco se le puede pedir a la estrategia. No es posible que, siendo escaso el recurso, se merme aún más por impericias administrativas o francos desvíos.
Las apasionadas negociaciones del presupuesto no parecen encontrar un correlato con la realidad presupuestal de las entidades. Sin duda ahí tenemos una asignatura pendiente en nuestro federalismo: cómo incrementar los controles para garantizar que los fondos federales se apliquen localmente en aquellos programas para los que fueron diseñados, sin que ello implique atentar en contra de la soberanía estatal. De poco sirve la concertación de programas y estrategias entre los distintos niveles de gobierno, si existen rezagos tan importantes a la hora de la ejecución del gasto.
La medida propuesta para penalizar a aquellas entidades que incurran en el mayor subejercicio, ciertamente puede volcar los incentivos para colocarlos en el lugar correcto, sin embargo, me parece que en el debate de fondo hay que encontrar mecanismos efectivos para que el gasto se ejerza sin más. Privar de recursos a algunas entidades puede agravar los problemas que se quieren solucionar; encontrar en cambio las herramientas que garanticen el ejercicio oportuno del gasto debe ser una fórmula a explorar, no sólo en los fondos asociados a la seguridad, sino prácticamente en todos los fondos federales que se ejercen en los estados.
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