Después de su contundente derrota en las elecciones legislativas del pasado 2 de noviembre, Barack Obama tuvo 50 valiosos días en los que todavía la mayoría demócrata controlaba ambas cámaras del Congreso estadunidense. Esta fue su última oportunidad para jugar a la ofensiva e impulsar proyectos prioritarios antes de que el Partido Republicano pudiera volver a tomar el control de la Cámara de Representantes y a consolidar su posición en el Senado para el próximo periodo de sesiones.
Frente al reto de decidir las iniciativas prioritarias de esta crucial coyuntura, Obama dio la espalda a los mexicanos indocumentados al dejar morir por inanición la llamada Dream Act (“Ley de los Anhelos”). Durante las sesiones lame duck del Congreso, el presidente estadunidense luchó y venció la férrea oposición de la derecha más retrógrada frente a una serie de iniciativas muy polémicas. Recortó impuestos para las clases medias y populares, logró la aprobación de un nuevo tratado con Rusia para limitar la proliferación de armas nucleares y remató con una victoria histórica al legalizar la participación de personas abiertamente homosexuales en las Fuerzas Armadas.
Pero el presidente titubeó de manera imperdonable ante el reto de defender el derecho a la esperanza de los cientos de miles de jóvenes mexicanos que hubieran sido beneficiados por la iniciativa “de los anhelos”. De esta forma, Obama una vez más traiciona la gran esperanza que el pueblo mexicano había cifrado en su arribo al poder.
Durante su campaña de cortejo del voto “latino”, Obama prometió transformar lo que él mismo llamó un “sistema migratorio disfuncional y roto”. Ya como presidente, reiteró este compromiso en sus múltiples encuentros con Felipe Calderón que, por lo visto, han sido completamente infértiles.
El primer presidente afroamericano del país vecino había atribuido la falta de avances en la materia al hecho de que simplemente “no contaba con los votos” necesarios en el Congreso. También quiso evitar el tema migratorio en la antesala de las elecciones legislativas de noviembre. Pero hoy queda claro que el verdadero problema de Obama es falta de voluntad política. En los últimos meses ha demostrado que puede construir coaliciones ganadoras para temas que generan aún más rechazo entre la derecha, pero en el caso de los millones de indocumentados el presidente simplemente no quiso gastar su capital político.
La Dream Act no es de ninguna manera una reforma integral, la famosa “enchilada completa” que tanto hace falta. Ésta únicamente hubiera beneficiado a unos 800 mil de los más de 10 millones de inmigrantes indocumentados que trabajan, estudian y construyen cotidianamente el país vecino. Solamente serían elegibles para el programa jóvenes menores de 35 años que llegaron al país antes de cumplir 16 años, que tuvieran cinco años de residencia sin antecedentes penales, que estuvieran inscritos en alguna universidad acreditada o que hubieran participado en las fuerzas armadas. Son los migrantes mexicanos menos “peligrosos” a los ojos de los racistas: jóvenes estudiosos, bien portados, disciplinados, bilingües y asimilados culturalmente. El de Eric Balderas, estudiante de alto rendimiento de biología en la Universidad de Harvard, quien está en peligro de ser deportado por no tener documentos, es apenas uno de cientos de miles de casos similares.
La reforma había generado un apoyo social importante. Destacados personajes la respaldaron desde el principio, incluyendo rectores de algunas de las universidades más importantes del país. De acuerdo con las encuestas, una clara mayoría de la población apoyaba la iniciativa, incluso millones de republicanos. Un fuerte movimiento de la comunidad “latina” había generado incontables marchas, demostraciones y protestas. Hubo inclusive valientes cierres simbólicos de las oficinas de legisladores por los mismos jóvenes estudiantes “ilegales” que pueden ser deportados en cualquier momento.
La Cámara de Diputados aprobó la reforma el miércoles 8 de diciembre por un cerrado margen de 216 a 196 votos. En el Senado, la iniciativa también recibió el voto de la mayoría, pero le faltaban los cinco votos adicionales necesarios, incluyendo cuatro del Partido Demócrata, para forzar una votación sobre el tema antes de la materialización de la reconquista de los republicanos del Congreso en enero. Los demócratas que vergonzosamente votaron en contra de la iniciativa fueron: Mark Prior, de Arkansas; Ben Nelson, de Nebraska, y Jon Tester y Max Baucus, del estado de Montana.
Por su parte, el gobierno de Calderón ha mantenido una pasividad también vergonzosa que lo hace cómplice de esta gran derrota. Una vez más revela que en sus relaciones con Estados Unidos se encuentra más preocupado por negociar la siguiente entrega de sus “juguetes” de guerra que por el bienestar de los connacionales indocumentados.
Pero los indocumentados no se dejarán vencer tan fácilmente. Planean escalar el movimiento en las calles y defender sus derechos por todas las vías posibles. Se inspiran en la lucha histórica por los derechos de los afroamericanos durante los años sesenta que acabó con el apartheid estadunidense, el cual corroía el tejido social, y abrió la puerta para que alguien como el mismo Obama pudiera llegar a gobernar en Washington. La lucha apenas se inicia.
Desde México existirían muchas maneras para apoyar esta justa causa. Ante el desinterés del gobierno federal, es hora de que los legisladores federales y las entidades federativas construyan una nueva política de Estado para apoyar a los jóvenes desamparados por el fracaso del Dream Act. Se podría crear un fondo especial para financiar sus estudios, tal y como el gobierno apoya hoy a miles de jóvenes mexicanos que estudian en el extranjero. Asimismo, se presenta una gran oportunidad para estimular a estos jóvenes mexicanos para que se desarrollen profesionalmente en México una vez que hayan culminado sus estudios. Habría que convertir la “fuga de cerebros” en un camino de dos sentidos.
Frente al reto de decidir las iniciativas prioritarias de esta crucial coyuntura, Obama dio la espalda a los mexicanos indocumentados al dejar morir por inanición la llamada Dream Act (“Ley de los Anhelos”). Durante las sesiones lame duck del Congreso, el presidente estadunidense luchó y venció la férrea oposición de la derecha más retrógrada frente a una serie de iniciativas muy polémicas. Recortó impuestos para las clases medias y populares, logró la aprobación de un nuevo tratado con Rusia para limitar la proliferación de armas nucleares y remató con una victoria histórica al legalizar la participación de personas abiertamente homosexuales en las Fuerzas Armadas.
Pero el presidente titubeó de manera imperdonable ante el reto de defender el derecho a la esperanza de los cientos de miles de jóvenes mexicanos que hubieran sido beneficiados por la iniciativa “de los anhelos”. De esta forma, Obama una vez más traiciona la gran esperanza que el pueblo mexicano había cifrado en su arribo al poder.
Durante su campaña de cortejo del voto “latino”, Obama prometió transformar lo que él mismo llamó un “sistema migratorio disfuncional y roto”. Ya como presidente, reiteró este compromiso en sus múltiples encuentros con Felipe Calderón que, por lo visto, han sido completamente infértiles.
El primer presidente afroamericano del país vecino había atribuido la falta de avances en la materia al hecho de que simplemente “no contaba con los votos” necesarios en el Congreso. También quiso evitar el tema migratorio en la antesala de las elecciones legislativas de noviembre. Pero hoy queda claro que el verdadero problema de Obama es falta de voluntad política. En los últimos meses ha demostrado que puede construir coaliciones ganadoras para temas que generan aún más rechazo entre la derecha, pero en el caso de los millones de indocumentados el presidente simplemente no quiso gastar su capital político.
La Dream Act no es de ninguna manera una reforma integral, la famosa “enchilada completa” que tanto hace falta. Ésta únicamente hubiera beneficiado a unos 800 mil de los más de 10 millones de inmigrantes indocumentados que trabajan, estudian y construyen cotidianamente el país vecino. Solamente serían elegibles para el programa jóvenes menores de 35 años que llegaron al país antes de cumplir 16 años, que tuvieran cinco años de residencia sin antecedentes penales, que estuvieran inscritos en alguna universidad acreditada o que hubieran participado en las fuerzas armadas. Son los migrantes mexicanos menos “peligrosos” a los ojos de los racistas: jóvenes estudiosos, bien portados, disciplinados, bilingües y asimilados culturalmente. El de Eric Balderas, estudiante de alto rendimiento de biología en la Universidad de Harvard, quien está en peligro de ser deportado por no tener documentos, es apenas uno de cientos de miles de casos similares.
La reforma había generado un apoyo social importante. Destacados personajes la respaldaron desde el principio, incluyendo rectores de algunas de las universidades más importantes del país. De acuerdo con las encuestas, una clara mayoría de la población apoyaba la iniciativa, incluso millones de republicanos. Un fuerte movimiento de la comunidad “latina” había generado incontables marchas, demostraciones y protestas. Hubo inclusive valientes cierres simbólicos de las oficinas de legisladores por los mismos jóvenes estudiantes “ilegales” que pueden ser deportados en cualquier momento.
La Cámara de Diputados aprobó la reforma el miércoles 8 de diciembre por un cerrado margen de 216 a 196 votos. En el Senado, la iniciativa también recibió el voto de la mayoría, pero le faltaban los cinco votos adicionales necesarios, incluyendo cuatro del Partido Demócrata, para forzar una votación sobre el tema antes de la materialización de la reconquista de los republicanos del Congreso en enero. Los demócratas que vergonzosamente votaron en contra de la iniciativa fueron: Mark Prior, de Arkansas; Ben Nelson, de Nebraska, y Jon Tester y Max Baucus, del estado de Montana.
Por su parte, el gobierno de Calderón ha mantenido una pasividad también vergonzosa que lo hace cómplice de esta gran derrota. Una vez más revela que en sus relaciones con Estados Unidos se encuentra más preocupado por negociar la siguiente entrega de sus “juguetes” de guerra que por el bienestar de los connacionales indocumentados.
Pero los indocumentados no se dejarán vencer tan fácilmente. Planean escalar el movimiento en las calles y defender sus derechos por todas las vías posibles. Se inspiran en la lucha histórica por los derechos de los afroamericanos durante los años sesenta que acabó con el apartheid estadunidense, el cual corroía el tejido social, y abrió la puerta para que alguien como el mismo Obama pudiera llegar a gobernar en Washington. La lucha apenas se inicia.
Desde México existirían muchas maneras para apoyar esta justa causa. Ante el desinterés del gobierno federal, es hora de que los legisladores federales y las entidades federativas construyan una nueva política de Estado para apoyar a los jóvenes desamparados por el fracaso del Dream Act. Se podría crear un fondo especial para financiar sus estudios, tal y como el gobierno apoya hoy a miles de jóvenes mexicanos que estudian en el extranjero. Asimismo, se presenta una gran oportunidad para estimular a estos jóvenes mexicanos para que se desarrollen profesionalmente en México una vez que hayan culminado sus estudios. Habría que convertir la “fuga de cerebros” en un camino de dos sentidos.
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