TRANSPARENCIA EN EL MUNDO

ERNESTO VILLANUEVA VILLANUEVA

El análisis del comportamiento del derecho de acceso a la información pública en el mundo pone de relieve que no se trata de una moda, sino de un proceso complejo de aproximaciones sucesivas. Así lo revela el estudio más reciente a nivel internacional elaborado por el experto holandés Roger Vleugels, el cual no tiene desperdicio. Veamos. Primero. De la primera ley en el mundo en Suecia, que data de 1766, a las más recientes reformas en Indonesia y Rusia, de 2010, han pasado 244 años. En 1766 México no existía y nuestro territorio era una colonia de España, país que hasta ahora no tiene todavía ley alguna sobre transparencia. Con todo, en 244 años se han aprobado 80 leyes nacionales o federales, 184 estatales y dos de organismos internacionales. Esto representa 41% de los países reconocidos por la ONU, que ascienden a 192. Del 2000 a la fecha se han aprobado 53, es decir, 66% del universo de las validadas en el mundo. En África sólo cuatro naciones cuentan con reglamentaciones de acceso a la información, todas sancionadas a partir del 2000. En América, 17 disponen de normatividad en la materia, siendo la de 1966 en Estados Unidos la más antigua. En Asia hay 19 leyes, incluida la reciente Ley de Acceso de China aprobada en 2007 y reformada en 2008. En Europa 37 países cuentan con legislaciones sobre transparencia, 18 de las cuales fueron validadas también a partir del 2000. En Oceanía son tres los países que disponen de ese recurso. Es de llamar la atención que la aprobación del Código de Prácticas en materia de transparencia del Fondo Monetario Internacional del 2002, así como de su proyecto previo de 1999, coadyuvaron en mayor medida a la aparición de leyes en este rubro que el reconocimiento del derecho a la información como derecho fundamental en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948. Segundo. El hecho de que se hayan aprobado leyes sobre acceso a la información no significa que los Estados cumplan con su deber de informar y las personas ejerzan realmente su derecho a saber. Uno de los medios para conocer el nivel de ejercicio del derecho de acceso a la información reside en el número de solicitudes y en las respuestas recibidas. Por esa razón resulta pertinente conocer las cifras. De acuerdo con los datos disponibles, así van en orden descendente: Noruega, 917 solicitudes anuales por cada 100 mil habitantes; Estados Unidos, 492; Bulgaria, 175; Irlanda, 125; Canadá, 106; México, 98; Japón, 80; Reino Unido, 72; Rumania, 68, y Croacia, 67. Por el contrario, países como Holanda, Italia, Grecia y Austria registran menos de una solicitud por cada 100 mil habitantes. A primera vista se podría pensar que en muchos países la información de oficio, es decir, aquella que los Estados ponen a disposición de las personas sin mediar solicitud, explica el bajo número de solicitudes de información en democracias consolidadas. Esto no es propiamente cierto. El estudio de Vleugels y otros ejercicios realizados permiten afirmar que las obligaciones de transparencia de los Estados difícilmente pueden ser tan amplias y completas que hagan innecesarias las solicitudes de información. Tercero. Como se puede observar, por lo menos en este tema y aun con las dificultades que existen, México forma parte de los primeros 10 países en cuanto al ejercicio del derecho en cuestión. No se trata de una casualidad. Por un lado, se lograron en 2002 consensos básicos para aprobar la mejor ley que las circunstancias políticas permitieron en ese momento. A quienes participaron en ese proceso les consta cómo Felipe Calderón intentó infructuosamente acotar y parar la ley como coordinador de la fracción parlamentaria del PAN en la Cámara de Diputados. Por otra parte, habría que reconocer a la distancia el papel del comisionado fundador del IFAI, José Octavio López Presa, quien pensó y pudo configurar el sistema de solicitudes por internet SISI (ahora transformado en Infomex), que ha representado una de las grandes contribuciones de México al derecho de acceso a la información. En esa misma línea se inscribió el entonces secretario de la Función Pública, Eduardo Romero, quien fue uno de los principales aliados gubernamentales para que la transparencia no fuera sólo una apariencia. También sería una ingratitud regatear los precedentes de apertura informativa del comisionado fundador Juan Pablo Guerrero. Hoy, a casi una década del derecho de acceso a la información, en el IFAI, María Marván es la única comisionada fundadora en activo que ha mantenido un compromiso consistente y creciente en esta materia. Ángel Trinidad Saldívar, primero secretario ejecutivo y ahora comisionado, ha mostrado conocimiento y compromiso con el derecho a saber, amén de ser el único que tiene obra publicada en el tema. En las entidades federativas los oscuros son más amplios que los claros, con honrosas excepciones que confirman la regla de que nada es absoluto. El Infodf, por ejemplo, está demostrando a propios y extraños que es posible cumplir con sus atribuciones. Ojalá que la base institucional construida hasta ahora en materia de acceso a la información no tenga caminos de regreso. Para ello podría ser un primer paso la creación del servicio civil de carrera que permita generar cuerpos profesionales en los órganos garantes que no estén sujetos a los vaivenes de la política.