JESÚS CANTÚEn 1999, la revista Fortune designó a Monterrey como la ciudad latinoamericana más atractiva para hacer negocios; en 2002, en vísperas de la visita del presidente estadunidense, The New York Times la catalogó como modelo; en 2005, la revista América Economía la ubicó como la urbe más segura, y todavía en 2007 quedó posicionada como la tercera mejor ciudad para hacer negocios en América Latina.
Apenas en marzo de 2001, el entonces gobernador del estado, Fernando Canales, declaró: “A mí el narco me hace los mandados”. Y en 2008, Luis Carlos Treviño Berchelmann, entonces procurador general de Justicia, y Aldo Fasci, a la sazón secretario de Seguridad Pública, le respondían a un enviado de un diario texano que Nuevo León estaba blindado, que jamás padecería la inseguridad y el clima de violencia que se vivían en Tamaulipas.
Todo eso se derrumbó en muy pocos meses, particularmente en 2010: En un informe, la Secretaría de la Defensa Nacional –según difundió en noviembre el diario regiomontano El Norte– identificó a Monterrey y a otros ocho municipios del estado entre los 19 de mayor riesgo para los militares (los otros 10 se encuentran en Tamaulipas). El hecho es que en esos 19 municipios las fuerzas castrenses recibieron 91 de los 128 ataques que sufrieron de enero a octubre de 2010.
En 2010, conforme a los datos de la Procuraduría de Justicia estatal, se cometieron 828 homicidios dolosos. El vocero estatal en materia de seguridad, Jorge Domene, declaró que 361 de ellos estuvieron vinculados a las luchas entre los distintos grupos del crimen organizado y que en los enfrentamientos habrían muerto 30 personas inocentes. Una estadística dada a conocer por El Norte estableció que en los tres años previos (de 2007 a 2009) se habrían cometido 813 homicidios, es decir, que el promedio anual durante ese trienio fue de 271 homicidios, mientras que en 2010 ese número se triplicó.
El vuelco es dramático, y eso se percibe en la ciudad. La vida nocturna ha disminuido notablemente. Zonas completas –como el denominado Barrio Antiguo, equivalente al centro histórico en otras ciudades– están desoladas, lo que contrasta con el continuo e intenso ajetreo que se observaba hace apenas unos meses, en los que la vida no se detenía un minuto del jueves por la noche al domingo por la mañana.
El 11 de abril de 2010, el rector del Sistema Tecnológico de Monterrey, Rafael Rangel Sostman, aventuraba algunas explicaciones a la comunidad congregada en el Estadio Tecnológico tras el asesinato de los dos estudiantes que cayeron abatidos dentro de las mismas instalaciones universitarias. Decía que Monterrey, como muchas otras ciudades a nivel mundial, había “logrado su desarrollo con base en valores y principios tales como el respeto a las personas y a los derechos humanos, la cultura del esfuerzo y la honestidad, la justicia, la integridad, la equidad, la cultura del trabajo y el ahorro, la superación de la persona a través de la educación, y la educación como camino para crecer y desarrollar una sociedad más equitativa, solidaria y democrática.
“Pero –contrastaba– hoy nos encontramos ante una sociedad en que, lamentablemente, se promueven y viven valores muy distintos a los anteriores: consideramos el éxito individual como única meta en la vida, queremos lograr nuestros objetivos a través del mínimo esfuerzo, tenemos los hábitos del dispendio y del consumismo, buscamos la riqueza como único fin, vemos la educación como vehícu lo para satisfacer exclusivamente necesidades personales, como lograr mayores ingresos monetarios.”
Y puntualizaba: “Nos hemos vuelto ciegos, sordos e indiferentes ante la pobreza, la injusticia, la falta de oportunidades, la desigualdad y el desempleo, y vemos todas estas anomalías como algo natural y normal en nuestra sociedad: nos hemos puesto un velo en los ojos”.
La autocrítica también pasó por las universidades, al señalar que los esfuerzos se centraron en “preparar a nuestros alumnos exclusivamente para que tengan una alta empleabilidad con fines monetarios y de éxito profesional, y muchas veces ni eso lo hacemos bien; pero lo más importante es que damos muy poca relevancia a nuestra misión de formar verdaderos ciudadanos que asuman su responsabilidad social y política para cambiar este país”.
Para concluir: “En otras palabras, la inseguridad que padecemos es el resultado de que hemos degradado nuestros valores y principios, y hemos aceptado esta degradación como algo natural”.
Se puede coincidir o no con su diagnóstico, pero lo cierto es que la inseguridad que asuela a la ciudad se gestó en transformaciones que iniciaron desde hace varias décadas. A finales de los años sesenta y principios de los setenta, Monterrey –como muchas ciudades en el mundo– vivió las turbulencias marcadas por las protestas estudiantiles que exigían cambios drásticos (la autonomía de la universidad estatal y los incidentes en el Tecnológico de Monterrey) y por la insurgencia de la guerrilla urbana, que incluyó el intento de secuestro y homicidio del empresario Eugenio Garza Sada.
Pero el giro fue drástico en la década de los ochenta –coincidente con la llegada del neoliberalismo–, pues no sólo se sofocaron esos movimientos, sino que se impuso la homogeneidad en el pensamiento citadino: Las pocas voces discordantes presentes en los movimientos sindicales de Cristalería, Fundidora Monterrey, Gamesa y la Universidad Autónoma de Nuevo León, entre otros, o en algunas de las facultades de la misma casa de estudios, fueron silenciadas por muy diversas vías, incluso el cierre de algunos centros de trabajo, como fue el caso de Fundidora.
Los otrora orgullosos empresarios regiomontanos empezaron a recurrir a los favores gubernamentales (el préstamo de 12 mil millones de pesos de Banobras al grupo Alfa) para sobrevivir en la crisis económica, o a vender sus empresas a los grupos trasnacionales (la familia Santos vendió Gamesa, la galletera, al grupo Pepsico).
En paralelo, la ciudad empezó a modificar su mezcla de actividades productivas: tras haber sido predominantemente industrial, comenzó a albergar a los grandes corporativos financieros –los grupos empresariales regiomontanos adquirieron seis de los bancos privatizados en los años noventa– y los grandes edificios de oficinas iniciaron su proliferación para albergar a los ejecutivos de las nuevas empresas de servicios y comercio que se asentaban en la localidad.
La transformación llegó inclusive a los centros de esparcimiento. Hasta hace muy pocos años, Monterrey era reconocida como una urbe dedicada al trabajo; poco tiempo había allí para las diversiones, y hasta la primera mitad de la década de los ochenta escaseaban los lugares de esparcimiento. Hoy Nuevo León es la entidad mexicana con mayor cantidad de casinos y, según otra información divulgada en agosto del año pasado por El Norte, dicho crecimiento explosivo es muy similar al de los índices delictivos, pues si en 2004 había 10 casas de juegos, en 2007 ya eran 23 y en 2010 llegaron a 49. En números absolutos de casinos, el Distrito Federal le sigue con 42, y en términos de casinos per capita, Nuevo León ocupa el segundo lugar, únicamente superado por Baja California.
La inmigración, particularmente de los estados circunvecinos –Zacatecas y San Luis Potosí–, se incrementó para satisfacer la demanda de mano de obra de las empresas, que exhibían por doquier mantas y carteles que solicitaban operadores, despachadores, etcétera.
La inmigración también incluyó a las familias de los capos de la droga, que a mediados de los noventa empezaron a establecerse en la ciudad. Ellos huían de la violencia desatada por sus disputas en Sinaloa y Jalisco (el coche-bomba en el estacionamiento de un reputado hotel y el asesinato del cardenal Posadas Ocampo en el aeropuerto de Guadalajara fueron dos de los episodios), pero además buscaban que sus hijos accedieran a buenos colegios y universidades. Particularmente los comercios regiomontanos se beneficiaron con su llegada, pues la derrama económica en la compra de bienes y servicios de inmediato se sintió. Quizá por ello la ciudad no padeció tan drásticamente la crisis del 95.
También aparecieron los primeros síntomas de la presencia de los capos: el 26 de febrero de 1995 detuvieron a Francisco Payán Quintero, tío de Rafael Caro Quintero, y el 14 de enero de 1996, a Juan García Ábrego, en una finca ubicada en el municipio conurbado de Juárez. Algunas balaceras sacudieron la apacible vida regiomontana, como la sucedida a mediados de 2000, cuando 10 sicarios irrumpieron en el Palenque de la Expo Guadalupe, en busca de los delatores de Gilberto García Mena, El June. Parecían hechos aislados y todavía controlados; los gobernantes los minimizaban.
Los empresarios regiomontanos, que tradicionalmente influían en las decisiones políticas a través del ejercicio de su poder económico, también decidieron incursionar activamente en la vida política estatal y nacional: primero ocuparon curules legislativas (como ejemplos: Alberto Santos y Benjamín Clariond, por el PRI, y Fernando Canales y Antonio Elosúa, por el PAN) y, posteriormente, puestos ejecutivos: Benjamín Clariond gobernó el estado de 1995 a 1997, y lo sucedió su primo Fernando Canales Clariond, de 1997 a 2003.
Y la desigualdad económica –esa que el entonces joven académico Jesús Puente Leyva mostró a través de un estudio realizado desde el Centro de Investigaciones Económicas de la Facultad de Economía de la UANL a principios de los setenta y que le costó su destierro de la ciudad– se ensanchó: conforme se enriquecían unos cuantos, otros muchos empobrecían; la ciudad mostraba dichos contrastes y nada o muy poco se hacía para enfrentar esas deficiencias estructurales.
Las primeras manifestaciones de los riesgos que tal fenómeno implicaba se materializaron en 2008, cuando encapuchados, contratados explícitamente para ello, bloquearon algunas de las principales avenidas de la ciudad y trastocaron el tráfico; hoy muchos jóvenes provenientes de esos barrios marginados manejan lujosas camionetas robadas y portan armas de grueso calibre.
Junto a estos cambios se mantuvieron algunas constantes: la corrupción e ineficacia policiacas y la impunidad que ha caracterizado al régimen mexicano.
Tal mezcla era letal y se conjugó con importantes modificaciones de los contex tos nacional e internacional: el cambio de estrategia de combate al narcotráfico en México, que condujo a la pulverización y enfrentamiento de los cárteles mexicanos –sobre todo del cártel del Golfo y Los Zetas, su otrora brazo armado, que aunque surgió en Tamaulipas, ya incluyó a Monterrey–; el cierre de las rutas marítimas de ingreso de droga a Estados Unidos, lo que desplazó su trasiego a los estados fronterizos mexicanos (no es ninguna casualidad que los seis estados mexicanos que conforman la frontera norte sean los que mayores índices de criminalidad presentan); y, desde luego, el empoderamiento de los cárteles mexicanos en la escena internacional.
En todo esto (y seguramente en algunos otros aspectos que escapan a este recuento) hay que hurgar para tratar de entender por qué Monterrey, otrora ciudad segura y apacible, es hoy un polvorín del que huyen los estudiantes nacionales y al que los ejecutivos extranjeros no quieren acudir.
Apenas en marzo de 2001, el entonces gobernador del estado, Fernando Canales, declaró: “A mí el narco me hace los mandados”. Y en 2008, Luis Carlos Treviño Berchelmann, entonces procurador general de Justicia, y Aldo Fasci, a la sazón secretario de Seguridad Pública, le respondían a un enviado de un diario texano que Nuevo León estaba blindado, que jamás padecería la inseguridad y el clima de violencia que se vivían en Tamaulipas.
Todo eso se derrumbó en muy pocos meses, particularmente en 2010: En un informe, la Secretaría de la Defensa Nacional –según difundió en noviembre el diario regiomontano El Norte– identificó a Monterrey y a otros ocho municipios del estado entre los 19 de mayor riesgo para los militares (los otros 10 se encuentran en Tamaulipas). El hecho es que en esos 19 municipios las fuerzas castrenses recibieron 91 de los 128 ataques que sufrieron de enero a octubre de 2010.
En 2010, conforme a los datos de la Procuraduría de Justicia estatal, se cometieron 828 homicidios dolosos. El vocero estatal en materia de seguridad, Jorge Domene, declaró que 361 de ellos estuvieron vinculados a las luchas entre los distintos grupos del crimen organizado y que en los enfrentamientos habrían muerto 30 personas inocentes. Una estadística dada a conocer por El Norte estableció que en los tres años previos (de 2007 a 2009) se habrían cometido 813 homicidios, es decir, que el promedio anual durante ese trienio fue de 271 homicidios, mientras que en 2010 ese número se triplicó.
El vuelco es dramático, y eso se percibe en la ciudad. La vida nocturna ha disminuido notablemente. Zonas completas –como el denominado Barrio Antiguo, equivalente al centro histórico en otras ciudades– están desoladas, lo que contrasta con el continuo e intenso ajetreo que se observaba hace apenas unos meses, en los que la vida no se detenía un minuto del jueves por la noche al domingo por la mañana.
El 11 de abril de 2010, el rector del Sistema Tecnológico de Monterrey, Rafael Rangel Sostman, aventuraba algunas explicaciones a la comunidad congregada en el Estadio Tecnológico tras el asesinato de los dos estudiantes que cayeron abatidos dentro de las mismas instalaciones universitarias. Decía que Monterrey, como muchas otras ciudades a nivel mundial, había “logrado su desarrollo con base en valores y principios tales como el respeto a las personas y a los derechos humanos, la cultura del esfuerzo y la honestidad, la justicia, la integridad, la equidad, la cultura del trabajo y el ahorro, la superación de la persona a través de la educación, y la educación como camino para crecer y desarrollar una sociedad más equitativa, solidaria y democrática.
“Pero –contrastaba– hoy nos encontramos ante una sociedad en que, lamentablemente, se promueven y viven valores muy distintos a los anteriores: consideramos el éxito individual como única meta en la vida, queremos lograr nuestros objetivos a través del mínimo esfuerzo, tenemos los hábitos del dispendio y del consumismo, buscamos la riqueza como único fin, vemos la educación como vehícu lo para satisfacer exclusivamente necesidades personales, como lograr mayores ingresos monetarios.”
Y puntualizaba: “Nos hemos vuelto ciegos, sordos e indiferentes ante la pobreza, la injusticia, la falta de oportunidades, la desigualdad y el desempleo, y vemos todas estas anomalías como algo natural y normal en nuestra sociedad: nos hemos puesto un velo en los ojos”.
La autocrítica también pasó por las universidades, al señalar que los esfuerzos se centraron en “preparar a nuestros alumnos exclusivamente para que tengan una alta empleabilidad con fines monetarios y de éxito profesional, y muchas veces ni eso lo hacemos bien; pero lo más importante es que damos muy poca relevancia a nuestra misión de formar verdaderos ciudadanos que asuman su responsabilidad social y política para cambiar este país”.
Para concluir: “En otras palabras, la inseguridad que padecemos es el resultado de que hemos degradado nuestros valores y principios, y hemos aceptado esta degradación como algo natural”.
Se puede coincidir o no con su diagnóstico, pero lo cierto es que la inseguridad que asuela a la ciudad se gestó en transformaciones que iniciaron desde hace varias décadas. A finales de los años sesenta y principios de los setenta, Monterrey –como muchas ciudades en el mundo– vivió las turbulencias marcadas por las protestas estudiantiles que exigían cambios drásticos (la autonomía de la universidad estatal y los incidentes en el Tecnológico de Monterrey) y por la insurgencia de la guerrilla urbana, que incluyó el intento de secuestro y homicidio del empresario Eugenio Garza Sada.
Pero el giro fue drástico en la década de los ochenta –coincidente con la llegada del neoliberalismo–, pues no sólo se sofocaron esos movimientos, sino que se impuso la homogeneidad en el pensamiento citadino: Las pocas voces discordantes presentes en los movimientos sindicales de Cristalería, Fundidora Monterrey, Gamesa y la Universidad Autónoma de Nuevo León, entre otros, o en algunas de las facultades de la misma casa de estudios, fueron silenciadas por muy diversas vías, incluso el cierre de algunos centros de trabajo, como fue el caso de Fundidora.
Los otrora orgullosos empresarios regiomontanos empezaron a recurrir a los favores gubernamentales (el préstamo de 12 mil millones de pesos de Banobras al grupo Alfa) para sobrevivir en la crisis económica, o a vender sus empresas a los grupos trasnacionales (la familia Santos vendió Gamesa, la galletera, al grupo Pepsico).
En paralelo, la ciudad empezó a modificar su mezcla de actividades productivas: tras haber sido predominantemente industrial, comenzó a albergar a los grandes corporativos financieros –los grupos empresariales regiomontanos adquirieron seis de los bancos privatizados en los años noventa– y los grandes edificios de oficinas iniciaron su proliferación para albergar a los ejecutivos de las nuevas empresas de servicios y comercio que se asentaban en la localidad.
La transformación llegó inclusive a los centros de esparcimiento. Hasta hace muy pocos años, Monterrey era reconocida como una urbe dedicada al trabajo; poco tiempo había allí para las diversiones, y hasta la primera mitad de la década de los ochenta escaseaban los lugares de esparcimiento. Hoy Nuevo León es la entidad mexicana con mayor cantidad de casinos y, según otra información divulgada en agosto del año pasado por El Norte, dicho crecimiento explosivo es muy similar al de los índices delictivos, pues si en 2004 había 10 casas de juegos, en 2007 ya eran 23 y en 2010 llegaron a 49. En números absolutos de casinos, el Distrito Federal le sigue con 42, y en términos de casinos per capita, Nuevo León ocupa el segundo lugar, únicamente superado por Baja California.
La inmigración, particularmente de los estados circunvecinos –Zacatecas y San Luis Potosí–, se incrementó para satisfacer la demanda de mano de obra de las empresas, que exhibían por doquier mantas y carteles que solicitaban operadores, despachadores, etcétera.
La inmigración también incluyó a las familias de los capos de la droga, que a mediados de los noventa empezaron a establecerse en la ciudad. Ellos huían de la violencia desatada por sus disputas en Sinaloa y Jalisco (el coche-bomba en el estacionamiento de un reputado hotel y el asesinato del cardenal Posadas Ocampo en el aeropuerto de Guadalajara fueron dos de los episodios), pero además buscaban que sus hijos accedieran a buenos colegios y universidades. Particularmente los comercios regiomontanos se beneficiaron con su llegada, pues la derrama económica en la compra de bienes y servicios de inmediato se sintió. Quizá por ello la ciudad no padeció tan drásticamente la crisis del 95.
También aparecieron los primeros síntomas de la presencia de los capos: el 26 de febrero de 1995 detuvieron a Francisco Payán Quintero, tío de Rafael Caro Quintero, y el 14 de enero de 1996, a Juan García Ábrego, en una finca ubicada en el municipio conurbado de Juárez. Algunas balaceras sacudieron la apacible vida regiomontana, como la sucedida a mediados de 2000, cuando 10 sicarios irrumpieron en el Palenque de la Expo Guadalupe, en busca de los delatores de Gilberto García Mena, El June. Parecían hechos aislados y todavía controlados; los gobernantes los minimizaban.
Los empresarios regiomontanos, que tradicionalmente influían en las decisiones políticas a través del ejercicio de su poder económico, también decidieron incursionar activamente en la vida política estatal y nacional: primero ocuparon curules legislativas (como ejemplos: Alberto Santos y Benjamín Clariond, por el PRI, y Fernando Canales y Antonio Elosúa, por el PAN) y, posteriormente, puestos ejecutivos: Benjamín Clariond gobernó el estado de 1995 a 1997, y lo sucedió su primo Fernando Canales Clariond, de 1997 a 2003.
Y la desigualdad económica –esa que el entonces joven académico Jesús Puente Leyva mostró a través de un estudio realizado desde el Centro de Investigaciones Económicas de la Facultad de Economía de la UANL a principios de los setenta y que le costó su destierro de la ciudad– se ensanchó: conforme se enriquecían unos cuantos, otros muchos empobrecían; la ciudad mostraba dichos contrastes y nada o muy poco se hacía para enfrentar esas deficiencias estructurales.
Las primeras manifestaciones de los riesgos que tal fenómeno implicaba se materializaron en 2008, cuando encapuchados, contratados explícitamente para ello, bloquearon algunas de las principales avenidas de la ciudad y trastocaron el tráfico; hoy muchos jóvenes provenientes de esos barrios marginados manejan lujosas camionetas robadas y portan armas de grueso calibre.
Junto a estos cambios se mantuvieron algunas constantes: la corrupción e ineficacia policiacas y la impunidad que ha caracterizado al régimen mexicano.
Tal mezcla era letal y se conjugó con importantes modificaciones de los contex tos nacional e internacional: el cambio de estrategia de combate al narcotráfico en México, que condujo a la pulverización y enfrentamiento de los cárteles mexicanos –sobre todo del cártel del Golfo y Los Zetas, su otrora brazo armado, que aunque surgió en Tamaulipas, ya incluyó a Monterrey–; el cierre de las rutas marítimas de ingreso de droga a Estados Unidos, lo que desplazó su trasiego a los estados fronterizos mexicanos (no es ninguna casualidad que los seis estados mexicanos que conforman la frontera norte sean los que mayores índices de criminalidad presentan); y, desde luego, el empoderamiento de los cárteles mexicanos en la escena internacional.
En todo esto (y seguramente en algunos otros aspectos que escapan a este recuento) hay que hurgar para tratar de entender por qué Monterrey, otrora ciudad segura y apacible, es hoy un polvorín del que huyen los estudiantes nacionales y al que los ejecutivos extranjeros no quieren acudir.
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