ANA LAURA MAGALONI KERPELEl 3 de enero, prácticamente por unanimidad, el Pleno de la Corte eligió a su nuevo presidente: el ministro Juan Silva Meza. Ese mismo día, el nuevo presidente emitió el acuerdo general de administración 1/2011 por el que se reestructura orgánica y funcionalmente la administración del máximo tribunal. Silva no se hizo esperar. El primer acto de su presidencia comenzó con lo que espero vaya a ser el sello de su mandato: la sobriedad, austeridad y racionalidad en el uso de los recursos públicos. Entre tantas malas noticias, la valentía y determinación del nuevo presidente de la Corte es una bocanada de aire fresco.
Silva Meza podría haber sometido la reestructuración administrativa al Comité de Gobierno y Administración. Dicho Comité, que está integrado por el presidente y dos ministros más, generalmente toma estas decisiones. Sin embargo, Silva no lo hizo así. El artículo 100 de la Constitución señala que la administración de la Suprema Corte es facultad de su presidente. Silva Meza, por tanto, decidió asumir todos los costos de la reestructura sin diluirlos en una decisión colegiada de un Comité. Ello, me parece, marca un nuevo estilo de administración al interior del máximo tribunal.
El Acuerdo General 1/2011 se centró en cuatro aspectos: 1) limita el número y organización de las plazas en las direcciones generales a través de hacer obligatoria una "plantilla tipo"; 2) suprime cinco secretarías ejecutivas (equivalentes a subsecretarías en la administración pública) y tres direcciones generales; 3) define los niveles jerárquicos de la estructura orgánica administrativa de la Corte y 4) reorganiza la estructura administrativa en tres bloques: Oficialía Mayor (recursos materiales y humanos), Secretaría General de la Presidencia (áreas de comunicación y difusión) y Secretaría Ejecutiva (soporte a las áreas jurisdiccionales como compilación de tesis, archivo, relaciones internacionales, etcétera).
Es difícil dimensionar la relevancia del acuerdo general 1/2011 si se desconoce lo confusa, desorganizada e irregular que ha sido la estructura administrativa del máximo tribunal. Según un documento interno de la Corte de 2009, entre los muchos problemas de gestión y organización interna se encontraban los siguientes: 1) cuando se creaba una plaza, la determinación del rango y sueldo era dis- crecional, 2) el tabulador se modificaba constantemente y sin justificación, 3) se autorizaban plazas sin definir el rango del puesto, 4) no existían perfiles de puesto definidos, por lo que no existía una referencia de las funciones, competencias y aptitudes para cada puesto. El acuerdo general 1/2011 busca resolver estas cuestiones.
Como resultado de tanto desorden administrativo, la Corte mexicana se convirtió en el tribunal de su tipo en donde más personas laboran. En el comparativo internacional que elaboré junto con mi colega Carlos Elizondo encontramos que, mientras en nuestra Corte, hasta 2010, trabajaban 3 mil 116 personas, en la Corte Suprema de Estados Unidos, la segunda con más personal de las que fueron objeto del estudio, lo hacían 483 y en el Tribunal Constitucional de Alemania 168, por mencionar algunos. Esta enorme diferencia en el tamaño de las burocracias es lo que hace a nuestra Corte la más cara del mundo.
Poner orden dentro de la estructura administrativa es tocar muchos intereses y privilegios internos y modificar una cultura de la gestión pública propia de un sistema político autoritario. Las inercias burocráticas son enormes. Los costos internos también lo son: es mucho más popular un presidente que reparte dinero a uno que limita y reduce el gasto. Por ello, para entrarle a este tema, se necesita cierta convicción ética de que las cosas no pueden seguir igual. Ello, intuyo, forma parte de la personalidad de Silva Meza.
Con el acuerdo administrativo 1/2011, Silva Meza mandó una señal im- portantísima hacia adentro: voy en serio por la reestructura administrativa y no necesito consensos con mis colegas para hacerlo. Hacia fuera dicho acuerdo también manda una señal nueva: la Corte quiere renovarse y modificar paradigmas añejos en la utilización de recursos públicos.
Los ciudadanos necesitamos que los máximos jueces del país marquen los referentes de lo que es ético en el ámbito de la política y el ejercicio del poder. El flanco más vulnerable de la Corte ha estado con el uso de sus recursos públicos. Por ello, espero que el acuerdo 1/2011 sea el inicio de un proceso liderado por Silva Meza que convierta a nuestra Corte en el referente nacional de lo que significa el ejercicio del gasto en clave democrática.
Silva Meza podría haber sometido la reestructuración administrativa al Comité de Gobierno y Administración. Dicho Comité, que está integrado por el presidente y dos ministros más, generalmente toma estas decisiones. Sin embargo, Silva no lo hizo así. El artículo 100 de la Constitución señala que la administración de la Suprema Corte es facultad de su presidente. Silva Meza, por tanto, decidió asumir todos los costos de la reestructura sin diluirlos en una decisión colegiada de un Comité. Ello, me parece, marca un nuevo estilo de administración al interior del máximo tribunal.
El Acuerdo General 1/2011 se centró en cuatro aspectos: 1) limita el número y organización de las plazas en las direcciones generales a través de hacer obligatoria una "plantilla tipo"; 2) suprime cinco secretarías ejecutivas (equivalentes a subsecretarías en la administración pública) y tres direcciones generales; 3) define los niveles jerárquicos de la estructura orgánica administrativa de la Corte y 4) reorganiza la estructura administrativa en tres bloques: Oficialía Mayor (recursos materiales y humanos), Secretaría General de la Presidencia (áreas de comunicación y difusión) y Secretaría Ejecutiva (soporte a las áreas jurisdiccionales como compilación de tesis, archivo, relaciones internacionales, etcétera).
Es difícil dimensionar la relevancia del acuerdo general 1/2011 si se desconoce lo confusa, desorganizada e irregular que ha sido la estructura administrativa del máximo tribunal. Según un documento interno de la Corte de 2009, entre los muchos problemas de gestión y organización interna se encontraban los siguientes: 1) cuando se creaba una plaza, la determinación del rango y sueldo era dis- crecional, 2) el tabulador se modificaba constantemente y sin justificación, 3) se autorizaban plazas sin definir el rango del puesto, 4) no existían perfiles de puesto definidos, por lo que no existía una referencia de las funciones, competencias y aptitudes para cada puesto. El acuerdo general 1/2011 busca resolver estas cuestiones.
Como resultado de tanto desorden administrativo, la Corte mexicana se convirtió en el tribunal de su tipo en donde más personas laboran. En el comparativo internacional que elaboré junto con mi colega Carlos Elizondo encontramos que, mientras en nuestra Corte, hasta 2010, trabajaban 3 mil 116 personas, en la Corte Suprema de Estados Unidos, la segunda con más personal de las que fueron objeto del estudio, lo hacían 483 y en el Tribunal Constitucional de Alemania 168, por mencionar algunos. Esta enorme diferencia en el tamaño de las burocracias es lo que hace a nuestra Corte la más cara del mundo.
Poner orden dentro de la estructura administrativa es tocar muchos intereses y privilegios internos y modificar una cultura de la gestión pública propia de un sistema político autoritario. Las inercias burocráticas son enormes. Los costos internos también lo son: es mucho más popular un presidente que reparte dinero a uno que limita y reduce el gasto. Por ello, para entrarle a este tema, se necesita cierta convicción ética de que las cosas no pueden seguir igual. Ello, intuyo, forma parte de la personalidad de Silva Meza.
Con el acuerdo administrativo 1/2011, Silva Meza mandó una señal im- portantísima hacia adentro: voy en serio por la reestructura administrativa y no necesito consensos con mis colegas para hacerlo. Hacia fuera dicho acuerdo también manda una señal nueva: la Corte quiere renovarse y modificar paradigmas añejos en la utilización de recursos públicos.
Los ciudadanos necesitamos que los máximos jueces del país marquen los referentes de lo que es ético en el ámbito de la política y el ejercicio del poder. El flanco más vulnerable de la Corte ha estado con el uso de sus recursos públicos. Por ello, espero que el acuerdo 1/2011 sea el inicio de un proceso liderado por Silva Meza que convierta a nuestra Corte en el referente nacional de lo que significa el ejercicio del gasto en clave democrática.
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