CIRO MURAYAMA RENDÓNCon el arranque de 2011, va a continuación una síntesis de los argumentos que aparecen en la entrega de enero de la revista Voz y voto, esperando que los votos se cuenten bien y que las voces plurales se multipliquen.
La culminación del tránsito democratizador mexicano fue obra de los partidos políticos en plural. Ellos construyeron las instituciones y las normas que aseguraran amplia competencia electoral, resultados inciertos, coexistencia política, condiciones para la alternancia, división de poderes, gobiernos divididos, y un amplio etcétera de fenómenos propios de la democracia.
El marco electoral que los partidos pactaron para asegurar la reproducción democrática tiene un conjunto de definiciones que, sin embargo, con cierta frecuencia son puestas en jaque por la actuación de los propios actores políticos. Es decir, si bien los partidos escribieron una partitura para la convivencia democrática, algunos de sus miembros son incapaces en ocasiones de seguirla y se convierten, así, en factores de disonancia. 2011 será un año clave para saber si los partidos podrán ser fieles a la obra mayor que edificaron en pos de la salvaguarda del sistema democrático o si, por el contrario, los cálculos de corto plazo pueden poner en cuestionamiento el medio ambiente común necesario basado en la legalidad y el respeto a las normas.
Desde fines de los años setenta del siglo pasado la Constitución contempla que los partidos políticos en México son entidades de interés público. Después, en 1996, esa figura se fortaleció al asegurar que el financiamiento público fuera preponderante. Con esa disposición se buscó también evitar que alguna fuerza política se hiciera de más recursos que el resto por su cercanía al gobierno, se procuró inyectar dosis de equidad en la contienda política, se trató de propiciar la independencia de los partidos frente a grupos de poder económico o, peor aún, delincuencial. Gracias a esa disposición, tenemos contiendas parejas, se ha multiplicado y repetido la alternancia, y los partidos no deben su existencia a ligas de dependencia con grandes consorcios económicos; se trata de organizaciones legítimas que convocan a millones de ciudadanos a las urnas de manera regular. No obstante, la autonomía de los partidos frente a los intereses del dinero no siempre es clara. Por mayoría aprueban en la Cámara de Diputados, por ejemplo, una ley que transfiere recursos públicos a cadenas farmacéuticas en detrimento de los recursos de las indispensables instituciones de la seguridad social en el país o, a la vez, no avanzan en una nueva ley de telecomunicaciones que consiga hacer valer el interés público frente al privado y potencie el desarrollo de este sector estratégico para la economía y la sociedad mexicanas. En los hechos, los partidos no consiguen comportarse de forma cotidiana como entidades de interés público.
Lo deseable en 2011 es que los partidos utilicen, porque para ello es, el financiamiento público de que dispondrán para realizar sus actividades permanentes y desplegar sus campañas sin recurrir a fuentes no permitidas —administraciones públicas, empresas mercantiles, asociaciones o ministros de culto, fondos del extranjero—, reivindicando agendas propias, independientes de las de grupos de interés particular. En México el diseño legal permite que los partidos sean y actúen como genuinas entidades de interés público; en sus manos está entenderlo y demostrarlo.
Si bien en la Constitución no hay un artículo que obligue a que sólo sean los partidos políticos quienes presenten candidatos a los puestos de elección popular, el grueso de las normas electorales locales y el Código Federal sí contemplan el monopolio de los partidos para la postulación de aspirantes a los puestos de gobierno y representación. El sentido de esta disposición es claro: todos los ciudadanos que buscan ocupar puestos de gobierno o asientos en el parlamento son políticos; más aún, son políticos aglutinados en organizaciones de ciudadanos que participan en la arena electoral, es decir, en partidos —aunque a veces se llamen de otra forma, como ligas, plataformas, etc.—. Y esas agrupaciones, que buscan tomar el poder, deben estar reguladas, sujetas a leyes, han de cumplir con ciertos requisitos, tienen determinadas obligaciones y prohibiciones —por ejemplo no pueden ser de índole religiosa o tener en su ideario reivindicaciones racistas—. Frente a la idea naïf de que los políticos son seres merecedores de desconfianza y de que los ciudadanos sin más son per se portadores de virtudes cívicas, la ley electoral mexicana establece que los ciudadanos que hacen política electoral no deben presentarse embozados, sino abiertamente como políticos a través de partidos con derechos y obligaciones bien identificados. A pesar de ello, los propios partidos son, en ocasiones, portadores de la idea de que los partidos y los políticos profesionales son “sospechosos” de alguna aspiración no legítima y abren la puerta al discurso de la antipolítico que ve en los no políticos, en los ciudadanos —insisto, como si hubiese ciudadanos interesados en algún cargo político que por ese mismo hecho no fueran políticos plenos—, a los redentores de la política. Así, hay quien apuesta o especula por la viabilidad de una “candidatura ciudadana”, “de la sociedad civil” para poner en orden las cosas hacia 2012. Lo dicho: partidos que caen en el discurso antipolítico y antipartidos; partidos con mala conciencia de ser lo que son.
Lo peor es que quienes llegan a simpatizar con la idea de las “candidaturas ciudadanas” no se hacen cargo de que esas postulaciones deberán tener ciertas obligaciones, como la de hacer público de quién y cuánto dinero reciben, ajustar su ideario al marco constitucional, es decir, que o bien se regulan como al resto de los partidos o bien se pone en riesgo el marco de derechos y obligaciones políticas que nos permitió construir el sistema de partidos, esto es, el democrático.
La culminación del tránsito democratizador mexicano fue obra de los partidos políticos en plural. Ellos construyeron las instituciones y las normas que aseguraran amplia competencia electoral, resultados inciertos, coexistencia política, condiciones para la alternancia, división de poderes, gobiernos divididos, y un amplio etcétera de fenómenos propios de la democracia.
El marco electoral que los partidos pactaron para asegurar la reproducción democrática tiene un conjunto de definiciones que, sin embargo, con cierta frecuencia son puestas en jaque por la actuación de los propios actores políticos. Es decir, si bien los partidos escribieron una partitura para la convivencia democrática, algunos de sus miembros son incapaces en ocasiones de seguirla y se convierten, así, en factores de disonancia. 2011 será un año clave para saber si los partidos podrán ser fieles a la obra mayor que edificaron en pos de la salvaguarda del sistema democrático o si, por el contrario, los cálculos de corto plazo pueden poner en cuestionamiento el medio ambiente común necesario basado en la legalidad y el respeto a las normas.
Desde fines de los años setenta del siglo pasado la Constitución contempla que los partidos políticos en México son entidades de interés público. Después, en 1996, esa figura se fortaleció al asegurar que el financiamiento público fuera preponderante. Con esa disposición se buscó también evitar que alguna fuerza política se hiciera de más recursos que el resto por su cercanía al gobierno, se procuró inyectar dosis de equidad en la contienda política, se trató de propiciar la independencia de los partidos frente a grupos de poder económico o, peor aún, delincuencial. Gracias a esa disposición, tenemos contiendas parejas, se ha multiplicado y repetido la alternancia, y los partidos no deben su existencia a ligas de dependencia con grandes consorcios económicos; se trata de organizaciones legítimas que convocan a millones de ciudadanos a las urnas de manera regular. No obstante, la autonomía de los partidos frente a los intereses del dinero no siempre es clara. Por mayoría aprueban en la Cámara de Diputados, por ejemplo, una ley que transfiere recursos públicos a cadenas farmacéuticas en detrimento de los recursos de las indispensables instituciones de la seguridad social en el país o, a la vez, no avanzan en una nueva ley de telecomunicaciones que consiga hacer valer el interés público frente al privado y potencie el desarrollo de este sector estratégico para la economía y la sociedad mexicanas. En los hechos, los partidos no consiguen comportarse de forma cotidiana como entidades de interés público.
Lo deseable en 2011 es que los partidos utilicen, porque para ello es, el financiamiento público de que dispondrán para realizar sus actividades permanentes y desplegar sus campañas sin recurrir a fuentes no permitidas —administraciones públicas, empresas mercantiles, asociaciones o ministros de culto, fondos del extranjero—, reivindicando agendas propias, independientes de las de grupos de interés particular. En México el diseño legal permite que los partidos sean y actúen como genuinas entidades de interés público; en sus manos está entenderlo y demostrarlo.
Si bien en la Constitución no hay un artículo que obligue a que sólo sean los partidos políticos quienes presenten candidatos a los puestos de elección popular, el grueso de las normas electorales locales y el Código Federal sí contemplan el monopolio de los partidos para la postulación de aspirantes a los puestos de gobierno y representación. El sentido de esta disposición es claro: todos los ciudadanos que buscan ocupar puestos de gobierno o asientos en el parlamento son políticos; más aún, son políticos aglutinados en organizaciones de ciudadanos que participan en la arena electoral, es decir, en partidos —aunque a veces se llamen de otra forma, como ligas, plataformas, etc.—. Y esas agrupaciones, que buscan tomar el poder, deben estar reguladas, sujetas a leyes, han de cumplir con ciertos requisitos, tienen determinadas obligaciones y prohibiciones —por ejemplo no pueden ser de índole religiosa o tener en su ideario reivindicaciones racistas—. Frente a la idea naïf de que los políticos son seres merecedores de desconfianza y de que los ciudadanos sin más son per se portadores de virtudes cívicas, la ley electoral mexicana establece que los ciudadanos que hacen política electoral no deben presentarse embozados, sino abiertamente como políticos a través de partidos con derechos y obligaciones bien identificados. A pesar de ello, los propios partidos son, en ocasiones, portadores de la idea de que los partidos y los políticos profesionales son “sospechosos” de alguna aspiración no legítima y abren la puerta al discurso de la antipolítico que ve en los no políticos, en los ciudadanos —insisto, como si hubiese ciudadanos interesados en algún cargo político que por ese mismo hecho no fueran políticos plenos—, a los redentores de la política. Así, hay quien apuesta o especula por la viabilidad de una “candidatura ciudadana”, “de la sociedad civil” para poner en orden las cosas hacia 2012. Lo dicho: partidos que caen en el discurso antipolítico y antipartidos; partidos con mala conciencia de ser lo que son.
Lo peor es que quienes llegan a simpatizar con la idea de las “candidaturas ciudadanas” no se hacen cargo de que esas postulaciones deberán tener ciertas obligaciones, como la de hacer público de quién y cuánto dinero reciben, ajustar su ideario al marco constitucional, es decir, que o bien se regulan como al resto de los partidos o bien se pone en riesgo el marco de derechos y obligaciones políticas que nos permitió construir el sistema de partidos, esto es, el democrático.
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