JUSTICIA PARA LA SEGURIDAD

ANA LAURA MAGALONI KERPEL

En estos años de guerra y de aumento de la violencia ha prevalecido la idea de que los problemas de seguridad se pueden resolver al margen de las instituciones de justicia y que éstas más que ayudar estorban al momento de tener que hacer frente a una criminalidad tan compleja y violenta como la que estamos viviendo. Sin embargo, yo creo que la nueva gobernabilidad del país pasa por articular una política judicial que sirva para generar orden y seguridad. Necesitamos una política judicial que sea capaz de detectar y pacificar ciertos conflictos sociales antes de que éstos se tornen violentos. Necesitamos un sistema de justicia efectivo, accesible y bien diseñado que sea un dique de contención a la violencia.

Nuestra crisis de seguridad nos habla, entre otras cosas, de la baja capacidad del Estado mexicano para gestionar la conflictividad social en un contexto democrático. En el pasado, la administración y pacificación de conflictos se hizo por mecanismos que no tenían que ver propiamente con las instituciones legales. Tales mecanismos se basaban en la mediación y la negociación políticas. Estaban centrados en la capacidad discrecional de las autoridades para administrar los premios y castigos políticos, económicos y legales. Era una maquinaria compleja, atípica y que durante varias décadas resultó eficaz para regular la violencia y generar orden social. Esta maquinaria funcionaba desde la centralización del poder, desde la ausencia de pluralismo político, desde una economía que crecía y desde una estructura social jerárquica.

El contexto cambió. La pluralidad democrática, la descentralización del poder y el surgimiento de una sociedad más exigente y menos estamentaria hacen indispensable generar nuevos mecanismos de detección y pacificación de conflictos sociales.

Hasta ahora nuestras instituciones de justicia han estado en la periferia. Los procesos judiciales no han sido pensados para una sociedad con las características de la nuestra. Por poner ejemplo, un juicio ejecutivo mercantil a nivel normativo está diseñado con tal nivel de complejidad procesal que no es posible intentar cobrar una deuda sin contratar a un abogado experimentado. Ello sería razonable si estuviesen en juego grandes sumas de dinero. Sin embargo, según un estudio elaborado por el CIDE y el Banco Mundial, en el año 2000, 50% de los juicios mercantiles en el DF reclamaban sumas inferiores a 30 mil pesos. Asuntos de esa cuantía tendrían que resolverse en una sola audiencia, sin necesidad de un abogado y con una sentencia expedita y pragmática. Es decir, el mecanismo institucional de solución de un conflicto de cobro de deudas no tiene nada que ver con las necesidades de la población. Lo mismo pasa en muchos otros casos.

En el ámbito penal, por ejemplo, muchos de los casos que se denuncian en las procuradurías locales son pleitos entre particulares en donde se intenta manipular la justicia penal y utilizarla como una fuente de presión dada la lentitud y el barroquismo de la justicia civil. Así, el incumplimiento de un contrato se disfraza de un fraude, los pleitos entre vecinos se convierten en denuncias de amenazas o el accidente de tránsito pasa a ser una denuncia de daño en propiedad ajena. Si existieran formas efectivas de solucionar este tipo conflictos entre particulares, yo estimo que se reduciría en al menos 50% la carga de trabajo de las procuradurías locales. Los ministerios públicos por tanto se dedicarían a resolver los asuntos complejos y de alto impacto.

Los ejemplos son interminables. Mi argumento central es que existe una enorme disociación entre las características y tipos de conflictos que existen en la sociedad mexicana y el tipo de procedimientos judiciales e institucionales diseñados para resolverlos. Con ello, el impacto del aparato de justicia y de las instituciones legales en la contención de la violencia es marginal.

Por lo tanto, si de lo que se trata es de construir los nuevos asideros de gobernabilidad, tenemos que comenzar por elaborar un mapa que nos permita saber por qué nos peleamos unos con otros, cómo solucionamos o no solucionamos nuestros pleitos y cuáles son los procesos sociales que tienen que ocurrir para que un conflicto se torne violento. Este mapa se ha hecho en otras partes del mundo a través de una encuesta, que tiene un alto nivel de complejidad, pero que bien vale la pena intentar levantar en México.

El mapa de la conflictividad debería ser el insumo central para que seamos capaces de diseñar mecanismos judiciales, administrativos y comunitarios de acuerdo con las características de cada población y de cada conflicto que se quiera atender. Si se logra diseñar e implementar exitosamente estos mecanismos, estaremos disminuyendo la rentabilidad de la violencia.

Por ejemplo, una intervención del MP efectiva para atender un caso de violencia intrafamiliar se puede traducir en un homicidio menos, o bien, una ventanilla rápida y eficaz para mediar y solucionar problemas entre vecinos puede ser un buen antídoto para disminuir la violencia en los barrios pobres con gran hacinamiento.

Si la autoridad es exitosa en atender y resolver la conflictividad que está en la base de la estructura social, es posible que ello ayude a reconstruir el tejido social y a que la autoridad se gane la confianza de los ciudadanos. Ambas cosas son indispensables para que estemos en condiciones de enfrentar a la delincuencia más compleja y violenta.