GENARO DAVID GÓNGORA PIMENTEL
Tal vez no haya algo más escandaloso que un juez que cede ante los intereses privados, individuales o sectorialesque constituye la corrupción, máxime cuando éste problema se encuentra profundamente arraigado en un Estado, y tal situación exceda en mucho a la simple moralidad de los funcionarios al estar vinculada a extensas redes criminales (tráfico de influencias, control de sectores económicos, protección a cárteles de las drogas, etc.) que distorsionan tanto el sistema político como el económico de un país.
Existe la expectativa social de que sea el Poder Judicial quien —además de su propia integridad— cumpla una función de equilibrio en el control de la honradez de los otros Poderes, por ello, el problema de la corrupción en el sistema judicial tiene un valor mayúsculo en nuestra sociedad, lo que implica que la administración de justicia no pueda limitarse a una visión ética del problema sino debe proveer el conjunto de información, acciones, control interno y externo, y de apoyo institucional para que verdaderamente se avance en este tema.
Dentro de éste punto cobra especial importancia la transparencia y accesibilidad de las declaraciones patrimoniales y el análisis de la evolución del patrimonio de los impartidores de justicia. Ello a pesar de que en la actualidad no es sencillo que los jueces acepten esto como una condición necesaria de su función, de ahí que exista resistencia.
No hay que perder de vista, que los jueces, por definición se encuentran en medio de intereses en conflicto, por ello, debe tenerse especial cuidado en que su imparcialidad e independencia no sean distorsionadas para presionarlos. Hay que tener en mente que la simple sospecha de la deshonestidad de un juez provoca un daño a todo el sistema, de ahí que surja la necesidad de implementar mecanismos institucionales más claros para erradicar esas sospechas.
El uso de la opinión pública para denunciar sin pruebas a los jueces, puede llevar a extremos funestos, ya que puede utilizarse en forma que permita controlar las decisiones de aquellos que deciden el derecho, con lo cual se podría perder la independencia y autonomía que les caracteriza.
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