JORGE ALCOCER VILLANUEVA
La reforma Constitucional en materia electoral, de noviembre de 2007, estableció la renovación escalonada de los consejeros electorales del IFE; para tal efecto, dispuso, en un artículo transitorio del Decreto, secuencia y plazos, que culminarían el 30 de octubre de 2010, cuando tres de los consejeros electos en 2003 concluyeran el periodo de su encargo.
La actual legislatura de la Cámara de Diputados emitió, en tiempo y forma, la convocatoria para regular la elección de los 3 nuevos consejeros que cerrarían el primer ciclo de renovación escalonada. El procedimiento adoptado volvió a distorsionar la norma constitucional, al convertir la "consulta a la sociedad" en un concurso, sin reglas para calificar a los aspirantes ni para que la Junta de Coordinación Política integre la terna final.
En los dos ejercicios previos (2008) el mal diseño reglamentario fue salvado por la decisión de los coordinadores de los tres mayores grupos parlamentarios (PAN, PRD, PRI): de los tres consejeros a elegir, cada partido tenía "derecho" a "promover" un consejero. Con demora en la primera oportunidad, el compromiso se cumplió, aplicando el criterio de llevar al IFE a los que caben, no a los que saben.
Si en 2008 el PAN hubiese reclamado su condición de primera fuerza en San Lázaro, y el PRD ser la segunda, el PRI no habría podido "promover" un solo consejero. Sin embargo, los coordinadores del PAN y del PRD admitieron el criterio de igualdad, propuesto por Emilio Gamboa (PRI).
El resultado de las elecciones federales de 2009 hizo del PRI la primera minoría en San Lázaro, por lo que, sumado a su aliado, el PVEM, tiene mayoría absoluta. Solo que para elegir a los consejeros se requiere el voto de las dos terceras partes del total de diputados presentes en la sesión (en el óptimo de asistencia, 333) PAN y PRD dicen que, olvidando los antecedentes, desde hace un año el coordinador del PRI en San Lázaro reclama aplicar un criterio conforme al cual tendría el "derecho" a "promover" a dos de los tres nuevos consejeros, de entre la lista de 17; en abono a su pretensión, invoca "derechos adquiridos en 2003", ya que de los tres consejeros que concluyeron su mandato en octubre del año pasado, uno fue "promovido" por el PAN; uno por el PRI y otro por el PVEM; por tanto, a la alianza entre el PRI y el PVEM le corresponden dos, y al PAN uno.
PAN y PRD insisten en respetar la cuota de "uno para cada quien". Y ahí está el atorón que mantiene al IFE "mocho", con seis consejeros electorales, dos empates y agobio de tareas para los que están en funciones, que para múltiples efectos son 5, puesto que el consejero presidente no forma parte de las comisiones o comités.
Mientras tanto, pasado casi un año, 17 ciudadanos están a la espera de humo blanco en San Lázaro. Sin consulta, sus nombres han sido mencionados y barajados sin consideración ni respeto alguno; los incluyen en ternas que cada partido presenta y hace del dominio público. "Estos son mis tres, dime cuáles son los tuyos". Tal conducta daña por igual la imagen pública de los seis consejeros en funciones, a los que se etiqueta por supuesta filia al partido que los "promovió".
La cuenta que subyace en el atorón es que, de los seis en funciones, 4 fueron promovidos por el PAN-PRD, y dos por el PRI. Para "equilibrar", el PRI exige dos nuevos consejeros con su sello, dejando uno para que se pongan de acuerdo el PAN y el PRD. El resultado de esa aritmética sería: cuatro de un lado, cuatro del otro, y el consejero presidente como salero en la mesa.
No solo la reforma electoral se quedó huérfana; también lo están el IFE y el TEPJF, sometidos al embate virulento de los poderes mediáticos, empecinados en recuperar lo que perdieron.
El viernes 7 iniciará el proceso electoral federal, con un IFE incompleto, un Tribunal contradictorio, un electorado desinformado.
Quedan tres días para que en San Lázaro hagan el milagro y digan al IFE: ¡levántate y anda! Bastaría con elegir, de entre los 17 candidatos, a los tres que acreditan mayor imparcialidad y mejores aptitudes.
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