LEONARDO VALDÉS ZURITA
Para darle credibilidad a la democracia fue necesario ciudadanizarla. Durante varias décadas, el poder político fue determinado en las esferas gubernamentales y no por el voto de los ciudadanos. La era del partido hegemónico impregnó la forma en la que se percibía la organización de los procesos electorales y las instituciones del Estado. Más aún, una característica de estos años era que el árbitro de la elección jugaba dos roles: era juez de la contienda y parte en ella.
Por ello, nuestra transición a la democracia exigía diseñar nuevas instituciones: darle cauce al pluralismo político; establecer una base jurídica que diera mayores garantías a los contendientes y, de manera especial, crear las instituciones que posibilitaran transformar la percepción de la sociedad sobre la autenticidad de los procesos electorales, trasladando responsabilidades del gobierno hacia los ciudadanos en materia electoral.
Así ciudadanizamos la democracia. Los cambios institucionales excluyeron a las instancias gubernamentales de la organización electoral y ese poder se asignó y distribuyó entre ciudadanos. En pocas palabras, se atomizó la autoridad electoral, que anteriormente estaba en manos de representantes del gobierno, para depositarla en los ciudadanos.
Esta transferencia de autoridad a los ciudadanos en todas las etapas de la organización electoral constituye, desde mi punto de vista, uno de los arreglos institucionales que más ha contribuido a configurar nuestra democracia.
De acuerdo con el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), los ciudadanos participan en las tareas de capacitación de quienes fungirán como funcionarios de mesas directivas de casilla; como supervisores electorales para garantizar el cumplimiento de los procedimientos normativos establecidos para la capacitación, y como consejeros electorales en la integración de cada uno de los 32 consejos locales y en los 300 consejos distritales.
En el caso de los consejeros electorales locales, la ley dispone los mecanismos para que sean designados, así como los plazos para que éstos, a su vez, designen a otros ciudadanos que asumirán las funciones de los consejos distritales.
En este sentido, de los 4 mil 534 aspirantes a consejeros electorales locales, el Consejo General del IFE designó por unanimidad a los 192 ciudadanos propietarios (6 en cada estado) que integrarán durante dos procesos electorales federales (2011-2012 y 2014-2015), los consejos locales del instituto en cada entidad.
Es importante señalar que logramos un equilibrio casi perfecto en materia de género en su designación: 97 hombres (50.5 por ciento) y 95 mujeres (49.5 por ciento)
Además, en beneficio de la calidad de las decisiones, se valoró de manera significativa la escolaridad y la experiencia en materia electoral de los aspirantes. Así, de los 192 designados, 37 por ciento cuentan con licenciatura; otro 37 por ciento con maestría; 21.9 por ciento con doctorado, y únicamente 3.6 por ciento son pasantes. Debo subrayar que del total, uno de cada cuatro tiene formación profesional en derecho.
En cuanto a su experiencia electoral, 44.8 por ciento ya habían participado en algún otro proceso electoral federal como consejeros locales propietarios; 21.9 por ciento como suplentes de consejos locales, y 30.7 por ciento han sido consejeros propietarios de consejos distritales.En cuanto a la edad, llama la atención que la edad mediana es de 49 años; la moda de 52; la edad mínima en los consejeros designados es de 24 años y la máxima de 69. Por lo cual es posible afirmar que contamos con consejeros electorales maduros para asumir la responsabilidad de ser autoridades electorales en sus entidades.
Para la imparcialidad del proceso electoral, es fundamental que estos 192 ciudadanos cumplan sus funciones de autoridad con imparcialidad y con apego a la ley. Estos ciudadanos son ya figuras públicas y autoridades en materia electoral, en el ámbito para el cual fueron designados. Como tales, al igual que yo y el resto de mis compañeros en el Consejo General, estamos obligados a conducirnos con apego al Código de Ética del IFE y considerando que nuestra conducta diaria hablará de nosotros, del compromiso con la democracia de todos los funcionarios y ciudadanos que intervienen en la organización de los procesos electorales en nuestro país. Estoy seguro que la ciudadanización se fortalecerá con la eliminación de los déficits de ciudadanía, pero este tema obliga una reflexión aparte.
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