LA REPÚBLICA MALTRECHA

DIEGO VALADÉS

Entre diciembre de 2008 y diciembre de 2009 fueron reformadas 16 constituciones estatales para imponer a las mujeres la maternidad obligatoria. Es de temer que ahora se produzcan nuevas reformas.

En esos estados del país no rige el segundo párrafo del artículo cuarto constitucional porque las mujeres ya no tienen derecho a decidir de manera libre, responsable e informada el número y el espaciamiento de sus hijos. Ahora un descuido se traduce en la obligación de ser madre. Las mujeres han sido degradadas a la condición de incubadoras.

La intrusión en la vida íntima de las personas y la suplantación de su voluntad ha sido un hecho habitual en los estados confesionales o fundamentalistas, y en los totalitarios.

En la aprobación de las reformas locales participaron diputados de todos los partidos. El PRD en Chiapas y en Durango; el PT en Guanajuato, Nayarit, Oaxaca, San Luis Potosí y Sonora; Convergencia en Chiapas, Morelos y Querétaro; el Verde en Nayarit, Querétaro y Quintana Roo, y el Panal en Durango, Nayarit, Puebla y Querétaro. En cuanto al PAN y al PRI, votaron a favor en todos los casos y fueron los que integraron la mayoría calificada necesaria para reformar las constituciones estatales. Este fenómeno denota confusión ideológica de los partidos.

Cuando en aquella época advertí las consecuencias de las reformas muchos creyeron que exageraba. Pero resultaba evidente que si el producto de la concepción era tenido como nacido “para todos los efectos legales”, las mujeres que abortaran serían consideradas homicidas. Me hubiera gustado estar equivocado, pero la experiencia me dio la razón. Y todavía faltan más cosas, porque también se podrán penalizar como homicidio la inseminación artificial y el uso de algunos contraceptivos.

De las 16 reformas de 2009, 11 fueron aprobadas antes de las elecciones federales. Alarma que se haya trocado la salud de las mujeres y la secularidad del Estado por la simpatía o la neutralidad electoral de la Iglesia.

Hemos llegado a un punto de definiciones vitales para el Estado y para la sociedad. Estamos en un momento difícil, porque se acerca otro proceso electoral y los partidos y sus potenciales candidatos no querrán asumir posiciones que los expongan a la ira del clero. El pragmatismo de 2009 podría repetirse.

En el orden hipotético hoy tenemos dos soluciones: una reforma constitucional o una reforma legal. La primera es inviable porque sin el PAN no se integra la mayoría calificada para reformar la Constitución. En cambio la reforma legal sería posible si los partidos opositores decidieran enmendar la falta cometida en perjuicio de las mujeres y del principio de secularidad del Estado.

El artículo 329 del Código Penal Federal dice: “Aborto es la muerte del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez”. Sugiero reformarlo para que diga: “Aborto es la interrupción del embarazo después de la décima segunda semana de gestación”. En otras palabras, que reproduzca literalmente lo dispuesto por el artículo 144 del Código Penal del Distrito Federal, que ya fue declarado constitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La ventaja de reformar el Código Penal Federal es que, según la jerarquía de las normas, prevalece sobre la legislación local, y permitiría que en todos los hospitales federales del país se pudieran llevar a cabo acciones de salud para la terminación del embarazo dentro de las 12 primeras semanas.

Las reformas al Código son posibles si los partidos de oposición lo deciden, porque basta con la mayoría simple en cada cámara. Claro, es seguro que el Presidente las objetaría y que no se contaría con la mayoría especial de dos tercios para superar su veto, pero por lo menos se habría mostrado a la nación de qué lado está cada quien. Esto no es suficiente para corregir el desaguisado, pero es bastante para acreditar que todavía nos queda dignidad y, con ella, la esperanza de cambiar más adelante. Además, habría una consecuencia tangible: se evitaría que en otros estados se perpetraran reformas constitucionales como las hasta ahora adoptadas. Los partidos de oposición no pueden repetir en 2011 y en 2012 lo que hicieron en 2009.

Quienes apoyaron o consintieron las reformas constitucionales estatales tienen una deuda con la sociedad, injustamente herida por los excesos clericales, con el Estado secular, al que colocaron en situación de riesgo, y con el Estado soberano, al que también expusieron. La declaración del obispo de Mexicali diciendo que el señor Ratzinger hizo “una llamada” que “cambió todo” debe dar lugar a una investigación congresual exhaustiva.

La maternidad compulsiva contraviene la Constitución. Para apuntalar esta contravención, en cuestión de horas varios protagonistas de la vida pública mexicana pusieron por un lado sus responsabilidades republicanas y se asumieron como mandatarios de un credo. El Presidente reaccionó con rapidez y contundencia ante la eventualidad de que la Corte declarara inconstitucionales las reformas en dos estados, a partir de sendos proyectos de notable rigor jurídico del ministro Fernando Franco. No fue todo: un subsecretario de Gobernación publicó, con ese carácter, una declaración afrentosa para la independencia del Poder Judicial en la que se atrevió a afirmar que se estaba en la inminencia de que el “Estado se organice para matar”.

Hemos alcanzando un punto límite. A nadie le conviene rebasarlo, pero pedir ecuanimidad a quienes ejercen el poder gubernamental parecería un acto ingenuo. Por eso sería tan importante, para recobrar la certidumbre de que no todo está perdido, que el Congreso nos ofreciera un debate patriótico para resarcir a las mujeres ultrajadas y a la República maltrecha.