LAS ELECCIONES Y SUS DESAFÍOS

LORENZO CÓRDOVA VIANELLO

El próximo viernes iniciará formalmente el proceso electoral que verá en la jornada comicial del 1 de julio del 2012 su momento culminante. Todo anticipa que será una elección con una gran intensidad y, muy probablemente, competitividad.

Las elecciones presidenciales y legislativas del próximo año serán los octavos comicios federales que organizan las instituciones electorales desde que, en 1990, se constituyó el Instituto Federal Electoral y el entonces Tribunal Federal Electoral (antecedente inmediato del actual TEPJF). Mucha agua ha corrido bajo el puente de los procesos electorales y mucho se ha avanzado, en términos generales, en mecanismos y procedimientos para generar condiciones de certeza, credibilidad y transparencia en los resultados de los comicios, equidad en las condiciones de la competencia, así como controles respecto de la legalidad de los actores políticos y la defensa de los derechos de los ciudadanos. Sin duda queda tarea por hacer en ese sentido, pero más allá de las áreas de mejora, las elecciones se han consolidado en México como la vía para que la pluralidad se encauce y las controversias políticas se resuelvan pacíficamente.

Sin embargo, cada elección constituye en sí misma una puesta a prueba de la consistencia de las normas, de las instituciones y de los procedimientos electorales. En ese sentido, el arranque del próximo proceso comicial es un buen momento para recapitular cuáles son los desafíos (muchos de ellos inéditos) que enfrentamos de cara a las próximas elecciones.

Sin un ánimo exhaustivo, menciono algunos de los retos. A mi juicio, los más delicados:

a) El tener que demostrar por enésima ocasión que las normas que emanaron de la reforma de 2007 son practicables —aun cuando no exentas de posibles mejoras y adecuaciones—. Desde su promulgación, alrededor de 50 comicios (entre federales y locales) han sido realizados exitosamente con base en las nuevas reglas. Sin embargo, las de 2012 serán las primeras elecciones presidenciales organizadas con esas disposiciones y, en ese sentido, serán definitorias del futuro de la legislación vigente.

b) La inédita concurrencia de elecciones locales con el proceso federal. Dicha coincidencia es algo frecuente, pero nunca se habían tenido tantas elecciones realizándose simultáneamente en el país. Además de las tres elecciones federales, se realizarán comicios en 15 estados, y en siete se renovarán a los Ejecutivos locales (incluido el DF), lo que impone una inusitada complejidad técnica.

c) El creciente cortoplacismo e irresponsabilidad de gran parte de los actores políticos que, con tal de perseguir sus objetivos, están dispuestos a pasar por encima de las normas, a elevar el tono de crispación y confrontación durante las contiendas, e incluso de erosionar a las instituciones.

d) Las omisiones legislativas en esta materia son muchas y son delicadas. El derecho de réplica, la prohibición constitucional de que la propaganda gubernamental sea personalizada, la no adecuación de las leyes de responsabilidades de los servidores públicos a las prohibiciones electorales y la falta de homologación de la Ley de Radio y Televisión a lo que dispone la Constitución y el Cofipe son sólo algunos de los faltantes que han impuesto condiciones adversas a las autoridades electorales para cumplir con sus atribuciones.

e) El desgaste institucional al que el IFE se ha visto sometido, provocado, ante todo, por la irresponsable falta de nombramiento de tres consejeros electorales por más de 11 meses (con todos los efectos nocivos que para el adecuado funcionamiento de la institución esto ha acarreado). Pero también la falta de acompañamiento de los partidos políticos en el cumplimiento de algunas funciones (como la de vigilar y sancionar el incumplimiento del modelo de comunicación política) contribuye a ese debilitamiento.

f) Tampoco el Tribunal Electoral atraviesa su mejor momento debido a la inconsistencia de varios de sus criterios, así como a la falta de solidez argumentativa en algunos casos emblemáticos y a su renuncia a ser garante de los principios constitucionales en otros.

g) El contexto de violencia que impone no sólo retos a las autoridades electorales que deben instalar casillas en todo el país y capacitar a los ciudadanos que las custodiarán, sino también a los partidos en la selección de sus candidatos y en la realización de las campañas y, sobre todo, a la sociedad, que debe reivindicar su vocación democrática y su compromiso con los derechos cuando es fácil renunciar a ellos a cambio de seguridad.

Debemos cobrar conciencia de los retos que enfrentamos y del consecuente rol que cada uno de nosotros juega para lograr superarlos, es una condición de la subsistencia de nuestra democracia.