PORFIRIO MUÑOZ LEDODecían los estadounidenses en los tiempos heroicos de nuestra diplomacia: “La política de principios de los mexicanos es la más pragmática de todas”. Sabían que las estrategias “realistas” nos conducían fatalmente al alineamiento y a la pérdida gradual de márgenes de maniobra.
La permanente invocación del derecho internacional generaba en cambio un espacio de igualdad a despecho de las evidentes asimetrías. El código de una relación fundada en la dignidad, más que en el poder, era complejo pero eficaz. A una conducta consecuente debimos nuestro prestigio y sobrevivencia.
Lo recuerdo a propósito de la enorme confusión generada por las alianzas para las elecciones locales del 2010. Promotor de la suma de fuerzas para derrocar el sistema hegemónico no podría enarbolar una crítica genérica, pero sí demandar un análisis riguroso de sus objetivos, condiciones y consecuencias.
La izquierda y la derecha democráticas bregamos juntas durante periodos cruciales de la transición. Nos derrotaron los demonios de cada quien: resabios ultramontanos, intereses personales y avidez de las burocracias partidarias. Como resultado: una democracia abortada, el predominio de los poderes fácticos y la ilegitimidad representativa.
Vivimos hoy un escenario distinto: el peligro de que impere el “masoquismo mexicano” y el poder regrese a sus antiguos detentadores. Evitarlo en serio exige un debate público de gran aliento, en el que se clarifiquen desviaciones y se parta de nuevas premisas. La definición de objetivos consensuados y compartidos; no arreglos sospechosos en la trastienda.
Mal haríamos en avalar la “victoria moral de los trepadores”. La cuestión no es la legalidad de las alianzas, aunque resulte extraño que quienes se coaligaron en la última reforma contra ellas ahora las defiendan con celo. Es la incongruencia entre las posiciones encontradas a escala nacional y las “cohabitaciones” parroquiales: los límites éticos y alcances rastacueros del pragmatismo, que incluye la postulación de candidatos racistas por la izquierda.
Es ésta la fase terminal de un sainete que comenzó con el apoyo de los gobernadores priístas a la entronización de Calderón. Ahí se gestó la aberrante feudalización del país que sus beneficiarios nos invitan ahora a combatir, ante la amenaza de que las baronías que alimentaron predeterminen la contienda del 2012.
El argumento de que sólo frenado el avance tricolor en las 10 elecciones venideras tendríamos un escenario competitivo en la presidencial es insuficiente. Olvida que en 1988 fuimos mayoría sin detentar ningún gobierno local y que en 2006 nuestros cuadros electos fueron irrelevantes en relación al voto alcanzado. El triunfo de la oposición en México ha sido siempre fruto de la insurgencia ciudadana.
Los sistemas federativos están construidos de la periferia al centro. En Estados Unidos la elección presidencial no es sino la suma de 50 elecciones estatales, determinadas por maquinarias locales que obedecen a su propia lógica. Así funcionamos hasta 1929 y he propuesto la restauración de partidos regionales que no dependieran de las franquicias nacionales ni las comprometieran.
Como no es todavía el caso, debiéramos prevenirnos contra la esquizofrenia. La propagación de alianzas locales obligaría a una corrección sustantiva de los comportamientos nacionales. Al menos una distensión política que tornara explicables y viables las confluencias particulares. Desde luego, programas claros y exigibles en que coincidieran las aportaciones genéticas.
Es inverosímil que en el Distrito Federal los voceros panistas proclamen el entierro del PRD, porque “es corrupto y no ha sabido gobernar” y en otras entidades la cortejen para sumarse a sus candidatos. Más aún, que el Ejecutivo federal declare la guerra al gobierno de la ciudad por leyes avanzadas que reflejan su identidad local, mientras se alía con gobernadores que dice combatir para socavar el Estado laico.
Lo más grave: la vesania reaccionaria contra el SME, que vuelve inmoral el colaboracionismo de las izquierdas. Lo más ridículo: las combinaciones excluyentes con el PRI en las reformas políticas y hacendarias. En ausencia de acuerdos nacionales toda complicidad provinciana es degradante.
La permanente invocación del derecho internacional generaba en cambio un espacio de igualdad a despecho de las evidentes asimetrías. El código de una relación fundada en la dignidad, más que en el poder, era complejo pero eficaz. A una conducta consecuente debimos nuestro prestigio y sobrevivencia.
Lo recuerdo a propósito de la enorme confusión generada por las alianzas para las elecciones locales del 2010. Promotor de la suma de fuerzas para derrocar el sistema hegemónico no podría enarbolar una crítica genérica, pero sí demandar un análisis riguroso de sus objetivos, condiciones y consecuencias.
La izquierda y la derecha democráticas bregamos juntas durante periodos cruciales de la transición. Nos derrotaron los demonios de cada quien: resabios ultramontanos, intereses personales y avidez de las burocracias partidarias. Como resultado: una democracia abortada, el predominio de los poderes fácticos y la ilegitimidad representativa.
Vivimos hoy un escenario distinto: el peligro de que impere el “masoquismo mexicano” y el poder regrese a sus antiguos detentadores. Evitarlo en serio exige un debate público de gran aliento, en el que se clarifiquen desviaciones y se parta de nuevas premisas. La definición de objetivos consensuados y compartidos; no arreglos sospechosos en la trastienda.
Mal haríamos en avalar la “victoria moral de los trepadores”. La cuestión no es la legalidad de las alianzas, aunque resulte extraño que quienes se coaligaron en la última reforma contra ellas ahora las defiendan con celo. Es la incongruencia entre las posiciones encontradas a escala nacional y las “cohabitaciones” parroquiales: los límites éticos y alcances rastacueros del pragmatismo, que incluye la postulación de candidatos racistas por la izquierda.
Es ésta la fase terminal de un sainete que comenzó con el apoyo de los gobernadores priístas a la entronización de Calderón. Ahí se gestó la aberrante feudalización del país que sus beneficiarios nos invitan ahora a combatir, ante la amenaza de que las baronías que alimentaron predeterminen la contienda del 2012.
El argumento de que sólo frenado el avance tricolor en las 10 elecciones venideras tendríamos un escenario competitivo en la presidencial es insuficiente. Olvida que en 1988 fuimos mayoría sin detentar ningún gobierno local y que en 2006 nuestros cuadros electos fueron irrelevantes en relación al voto alcanzado. El triunfo de la oposición en México ha sido siempre fruto de la insurgencia ciudadana.
Los sistemas federativos están construidos de la periferia al centro. En Estados Unidos la elección presidencial no es sino la suma de 50 elecciones estatales, determinadas por maquinarias locales que obedecen a su propia lógica. Así funcionamos hasta 1929 y he propuesto la restauración de partidos regionales que no dependieran de las franquicias nacionales ni las comprometieran.
Como no es todavía el caso, debiéramos prevenirnos contra la esquizofrenia. La propagación de alianzas locales obligaría a una corrección sustantiva de los comportamientos nacionales. Al menos una distensión política que tornara explicables y viables las confluencias particulares. Desde luego, programas claros y exigibles en que coincidieran las aportaciones genéticas.
Es inverosímil que en el Distrito Federal los voceros panistas proclamen el entierro del PRD, porque “es corrupto y no ha sabido gobernar” y en otras entidades la cortejen para sumarse a sus candidatos. Más aún, que el Ejecutivo federal declare la guerra al gobierno de la ciudad por leyes avanzadas que reflejan su identidad local, mientras se alía con gobernadores que dice combatir para socavar el Estado laico.
Lo más grave: la vesania reaccionaria contra el SME, que vuelve inmoral el colaboracionismo de las izquierdas. Lo más ridículo: las combinaciones excluyentes con el PRI en las reformas políticas y hacendarias. En ausencia de acuerdos nacionales toda complicidad provinciana es degradante.
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