JORGE ALCOCER VILLANUEVALa alianza electoral que en 1988 permitió la creación del Frente Democrático Nacional (FDN) se convirtió en una obsesión para el presidente Carlos Salinas de Gortari; en 1990 el primer Cofipe proscribió las candidaturas comunes (fórmula que había utilizado el FDN para postular a Cuauhtémoc Cárdenas) y sobrerreguló las coaliciones electorales, situación que habría de prolongarse hasta la promulgación del nuevo Cofipe, en 2008.
En marzo de 1993, el presidente Salinas, comentando los pormenores de una nueva reforma electoral con dos colaboradores de la revista Voz y Voto -que lo acompañaban a bordo del avión- apuntó, entre preocupado y sarcástico, su disposición a impulsar nuevos cambios, siempre y cuando, les dijo (refiriéndose a eventuales alianzas entre el PAN y el PRD) "¡nomás no se me junten!". El primero de esos partidos había apoyado la prohibición legal de las candidaturas comunes y avaló, con el voto de sus legisladores, los exagerados requisitos impuestos a las coaliciones.
Durante la discusión de la reforma que culminó a finales de 1996, el presidente Ernesto Zedillo manifestó en reiteradas ocasiones su objetivo de "normalizar el sistema electoral", lo que, entre otras cosas, significaba que su gobierno no admitiría negociar con los partidos opositores los resultados de los procesos comiciales, ni las condiciones de la competencia. Los primeros quedarían garantizados por las autoridades electorales y las segundas por la propia ley. Terminar con las llamadas concertacesiones estaba en el trasfondo de la decisión presidencial.
En el nuevo Cofipe (2008) las coaliciones electorales quedaron establecidas con una regulación mucho menos exigente, pero con la novedad de que cada partido coaligado debe aparecer con su propio emblema en la boleta electoral; buscando mitigar el posible efecto negativo sobre los partidos emergentes, los legisladores aprobaron una norma para permitir la transferencia de votos, a la que el ingenio periodístico llamó cláusula de la vida eterna. La SCJN declaró inconstitucional la "piadosa transfusión de votos" (como la denominó el ministro José de Jesús Gudiño Pelayo) y esa norma quedó expulsada del orden jurídico-electoral.
Por esos antecedentes resulta, al menos, sorprendente, que el secretario de Gobernación, el PRI y el PAN hayan vuelto a las andadas de querer arreglar en la mesa de Bucareli asuntos de naturaleza estrictamente electoral, mezclando otros que corresponden al ámbito de las negociaciones fiscales en la Cámara de Diputados. El cambalache ha derivado en un rosario de reproches y confusos deslindes entre los participantes, así como en la muy comentada decisión de Fernando Gómez Mont de renunciar, por segunda vez, a la militancia en su partido.
Diputados, dirigentes y gobernadores del PRI denuncian y reprochan el incumplimiento de lo pactado; el jefe nacional del PAN (César Nava) dice que a él no le informaron; su ahora ex compañero de partido dice que sí le informó, precisando que el desinformado fue el presidente Felipe Calderón, quien a su vez respalda a su subordinado, el secretario Gómez Mont, afirmando que éste actuó conforme a su "leal saber y entender", lo que resulta incomprensible en el marco de las atribuciones legales y capacidades políticas de cualquier secretario de Estado, así sea el de Gobernación de un gobierno panista.
La repetición de la exigencia salinista de "nomás no se me junten", mediante el cambalache de compromisos privados en Gobernación por votos públicos en San Lázaro, ha fracasado de manera estruendosa; dejando en claro que para el presidente Calderón y su partido la prioridad, por encima de cualquier reforma, es derrotar al PRI en las urnas en julio próximo, y si para eso es necesario ir del brazo y por la calle con el PRD, PT y Convergencia, pues a tragar sapos.
PRD y PAN apuestan a que "la izquierda y la derecha unidas, jamás serán vencidas" (Froylán López Narváez dixit). El PRI seguirá descalificando tales alianzas, mientras hace, o intenta, las suyas. Serán los electores quienes digan, con su voto, la palabra final.
En marzo de 1993, el presidente Salinas, comentando los pormenores de una nueva reforma electoral con dos colaboradores de la revista Voz y Voto -que lo acompañaban a bordo del avión- apuntó, entre preocupado y sarcástico, su disposición a impulsar nuevos cambios, siempre y cuando, les dijo (refiriéndose a eventuales alianzas entre el PAN y el PRD) "¡nomás no se me junten!". El primero de esos partidos había apoyado la prohibición legal de las candidaturas comunes y avaló, con el voto de sus legisladores, los exagerados requisitos impuestos a las coaliciones.
Durante la discusión de la reforma que culminó a finales de 1996, el presidente Ernesto Zedillo manifestó en reiteradas ocasiones su objetivo de "normalizar el sistema electoral", lo que, entre otras cosas, significaba que su gobierno no admitiría negociar con los partidos opositores los resultados de los procesos comiciales, ni las condiciones de la competencia. Los primeros quedarían garantizados por las autoridades electorales y las segundas por la propia ley. Terminar con las llamadas concertacesiones estaba en el trasfondo de la decisión presidencial.
En el nuevo Cofipe (2008) las coaliciones electorales quedaron establecidas con una regulación mucho menos exigente, pero con la novedad de que cada partido coaligado debe aparecer con su propio emblema en la boleta electoral; buscando mitigar el posible efecto negativo sobre los partidos emergentes, los legisladores aprobaron una norma para permitir la transferencia de votos, a la que el ingenio periodístico llamó cláusula de la vida eterna. La SCJN declaró inconstitucional la "piadosa transfusión de votos" (como la denominó el ministro José de Jesús Gudiño Pelayo) y esa norma quedó expulsada del orden jurídico-electoral.
Por esos antecedentes resulta, al menos, sorprendente, que el secretario de Gobernación, el PRI y el PAN hayan vuelto a las andadas de querer arreglar en la mesa de Bucareli asuntos de naturaleza estrictamente electoral, mezclando otros que corresponden al ámbito de las negociaciones fiscales en la Cámara de Diputados. El cambalache ha derivado en un rosario de reproches y confusos deslindes entre los participantes, así como en la muy comentada decisión de Fernando Gómez Mont de renunciar, por segunda vez, a la militancia en su partido.
Diputados, dirigentes y gobernadores del PRI denuncian y reprochan el incumplimiento de lo pactado; el jefe nacional del PAN (César Nava) dice que a él no le informaron; su ahora ex compañero de partido dice que sí le informó, precisando que el desinformado fue el presidente Felipe Calderón, quien a su vez respalda a su subordinado, el secretario Gómez Mont, afirmando que éste actuó conforme a su "leal saber y entender", lo que resulta incomprensible en el marco de las atribuciones legales y capacidades políticas de cualquier secretario de Estado, así sea el de Gobernación de un gobierno panista.
La repetición de la exigencia salinista de "nomás no se me junten", mediante el cambalache de compromisos privados en Gobernación por votos públicos en San Lázaro, ha fracasado de manera estruendosa; dejando en claro que para el presidente Calderón y su partido la prioridad, por encima de cualquier reforma, es derrotar al PRI en las urnas en julio próximo, y si para eso es necesario ir del brazo y por la calle con el PRD, PT y Convergencia, pues a tragar sapos.
PRD y PAN apuestan a que "la izquierda y la derecha unidas, jamás serán vencidas" (Froylán López Narváez dixit). El PRI seguirá descalificando tales alianzas, mientras hace, o intenta, las suyas. Serán los electores quienes digan, con su voto, la palabra final.
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