RESPUESTAS Y ACCIONES ELEMENTALES

JESÚS CANTÚ

“Quiero agradecerles, en primer lugar, la oportunidad de poder platicar, de poder escucharnos, de poder entendernos, que me parece ha sido uno de los faltantes que nos impedían a todos poder avanzar… La única manera de vencer una problemática tan compleja… es contar con una sociedad fuerte, una sociedad participativa, que nos exija a las autoridades, que denuncie a las autoridades y, por supuesto, que supervise lo que hagamos las autoridades”, expresó el presidente Felipe Calderón, el miércoles 17 en Ciudad Juárez. Sin embargo, las respuestas y las acciones ordenadas no corresponden a esas palabras. En la reunión del jueves 11, los integrantes de la mesa de trabajo de Derechos Humanos entregaron al presidente documentos para demostrar la violación de los derechos humanos por parte de los militares, en al menos mil casos. Además, exigieron la salida del Ejército, el restablecimiento del estado de derecho y que se investiguen las desapariciones de varios juarenses. Hugo Almada, quien formó parte de esa mesa, planteó en una entrevista con El Diario de Juárez: “Lo que él dice es que el operativo no generó la violencia, sino que vino a responder a una violencia que ya estaba; pero lo que sí es cierto es que después de la Operación, en lugar de reducirse, la violencia se ha incrementado muchísimo más”. En su discurso de ese día, Calderón puso en duda algunas de esas aseveraciones y, como la ha hecho de manera reiterada, salió en defensa del Ejército y los militares: “… todos esos casos deben investigarse. Que seguramente haya habido abusos, no lo dudo, pero también no estamos dispuestos a tolerar o a cubrir un abuso. Pero también sinceramente creo que mil casos, mil casos en Juárez de desapariciones forzadas del Ejército, yo sí quisiera, yo sí quisiera que se documentaran. Y además que lo hiciéramos público y que presentáramos las pruebas no sólo ante los Ministerios Públicos, porque sé que hay desconfianza, sino ante la propia sociedad, porque así como no se vale que haya abuso de nadie, de ninguna autoridad, tampoco se vale denostar a soldados mexicanos que están arriesgando su vida por otros ciudadanos”. El miércoles 17, los integrantes de la mesa de trabajo de Derechos Humanos no fueron invitados a la reunión con el presidente. Aunque en un primer momento se les negó el acceso, los dejaron entrar ya avanzado el evento. En su primera intervención Calderón volvió a reiterar su estribillo: “… lo que motivó la presencia del gobierno federal y de las fuerzas federales en Juárez, el súbito, notable e inaceptable incremento de la violencia y la criminalidad en esta ciudad que hizo que las fuerzas federales vinieran aquí, no tanto al revés; es decir, la violencia no surge, no surge porque vienen las fuerzas federales. Las fuerzas federales vienen por un fenómeno de violencia inaceptable…”. Nadie duda de las palabras del presidente, pero él no menciona, en ningún momento, que la violencia se incrementó a partir de que el Ejército llegó a Ciudad Juárez. Se niega a reconocer que los operativos militares no sólo no disminuyeron la criminalidad, sino que han exacerbado la inseguridad. Este hecho obliga no únicamente a ampliar la estrategia y recurrir a una más integral, sino a revisar críticamente la que se está aplicando en estos momentos. Y eso es lo que todavía no acepta. Llaman la atención estas palabras del presidente: “Para mí, por ejemplo, fue muy revelador encontrar que en diversas propuestas que estuvimos analizando ahí en el gabinete del Ejecutivo había diagnósticos y propuestas hechas por la sociedad juarense desde hace, no sólo años, sino décadas. Estudios formulados, por ejemplo, por la universidad que venían, como alguien dijo aquí, en la mesa, diagnosticando una problemática que ahora, finalmente, estalló socialmente. Una problemática que está asociada, precisamente, a la evolución y al comportamiento demográfico de Ciudad Juárez…”. De lo anterior se desprende que ni él ni su gente se habían tomado la molestia de revisar lo que se había hecho en la localidad; que las soluciones se pretenden imponer desde el centro, a miles de kilómetros de distancia de donde se encuentra el problema. Pero resulta aún más sorprendente que después de esa revelación continué impasible su marcha. Hasta el miércoles 17, las autoridades estatales y federales se han limitado a anunciar la realización de obras públicas, el control del parque vehicular y la realización de trabajos para el adecuado funcionamiento de los teléfonos de emergencia. Estas acciones, salvo por el presupuesto involucrado, son más propias de una presidencia municipal, que de la Presidencia de la República. Como bien señala la activista comunitaria y también académica de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Teresa Almada: “Me parece que hay temas que todavía no se aterrizan; creo que es fundamental la atención a la adolescencia y a la juventud en situación crítica, a los adolescentes en pandillas, a los jóvenes fuera del sistema escolar. Eso que todavía no se ve, y no se ve porque no hay instituciones para ellos”. Así, a pesar de dos visitas presidenciales, la presencia de 11 secretarios de Estado y de tres representantes personales del mismo presidente, las decenas de horas de reuniones de trabajo y un largo etcétera, la respuesta que hoy se conoce es muy elemental. Y lo fundamental, que es la implementación de una estrategia integral de combate a la inseguridad, la cual pasa por una revisión crítica de lo que se hace actualmente, aparece únicamente en frases aisladas de los discursos presidenciales. Obviamente, esto no contribuye en nada a la solución del problema de la inseguridad.