SERGIO ARMANDO VALLS HERNÁNDEZEste 5 de febrero de 2010 se cumplen 93 años de nuestra Constitución de 1917. Es la nuestra una de las constituciones más longevas de América Latina si consideramos, además, que como la propia Constitución de 1917 señaló en su preámbulo es la "Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que reforma la del 5 de febrero de 1857".
Creo firmemente que la Constitución que nos rige debe mantenerse, contra la opinión de las voces de mexicanos de buena fe que no hace mucho proponían celebrar un nuevo Constituyente. Pareciera difícil que un nuevo Constituyente gozara de la legitimidad que la Guerra de Reforma le otorgara a los constituyentes del 57, y luego la Revolución a los constituyentes de 1917. Las decisiones políticas fundamentales que nuestra Constitución contiene, y que datan algunas de ellas ya de casi dos siglos, no han fenecido sino que han ganado en profundidad, si bien es cierto que hay que repensar la estructura de los poderes públicos y poner al día para su mejor garantía algunas cuestiones puntuales de principios que proveen el sustento del orden y la paz sociales de los mexicanos.
Por cuanto a las decisiones políticas de nuestro modo de vida, las de auténtica filosofía política, quizá habría que afianzar más una precondición necesaria de la democracia y del respeto a las convicciones filosóficas -o llámesele religiosas de los mexicanos- el Estado laico. Otra decisión igualmente importante para la estabilidad y consolidación de nuestra democracia requiere ajuste para su concreción, me refiero a la aspiración por la justicia social y el goce del derecho a mínimos de bienestar de cada mexicano. Ninguna democracia puede florecer en medio de agudas desigualdades sociales como las que experimentamos en nuestro país. Necesitamos pues un Estado más eficiente que logre la procura de la existencia digna de todos los mexicanos.
Pero hemos avanzado mucho en otros frentes, y el primero de ellos es el de considerar a la Constitución como única fuente legítima de autoridad y de acceso y ejercicio del poder. Mientras que en otros países de nuestro entorno en la América Latina volvían a los golpes de Estado como medio de transmisión del poder, en México dicha práctica quedó definitivamente desterrada. Nuestra democracia ha avanzado significativamente, y al día de hoy contamos con partidos políticos plenamente consolidados que canalizan la pluralidad política de nuestro mosaico social. El respeto al derecho de votar y ser votado de cada mexicano que procuran el IFE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es una realidad en nuestro país. Estos son logros del esfuerzo de los mexicanos del último cuarto del siglo XX que en buena hora vinieron a actualizar la organización política que los Constituyentes de 1917 proyectaron.
A todo ello habríamos de sumar, además, la renovación de la justicia constitucional mexicana, que tras la alternancia en la Presidencia de la República en el año 2000 mostró sus virtudes sustituyendo exitosamente al árbitro material de las contiendas políticas del país. También el establecimiento del Banco de México como garante de la estabilidad de nuestra moneda; éste es un importante activo nacional que a las nuevas generaciones de mexicanos sin memoria histórica de nuestras crisis financieras de los últimos 40 años les puede costar trabajo siquiera imaginar.
Hemos avanzado también en la concepción cultural de los derechos humanos como fin y límite del poder público, concepción que ha penetrado las instituciones del Estado mexicano y al grueso de la ciudadanía. No podemos dejar de mirar con respeto a la CNDH establecida por adición a la Constitución, y acreditar su esfuerzo en este sentido. Instituciones más jóvenes como el IFAI también han apuntalado derechos básicos de los mexicanos como el de acceso a la información de su Gobierno. Sin dejar de ver los formidables retos del porvenir, tenemos, sin embargo, razones para celebrar este 5 de febrero nuestra Constitución de 1917 y a su antecesora, la Constitución de 1857.
Creo firmemente que la Constitución que nos rige debe mantenerse, contra la opinión de las voces de mexicanos de buena fe que no hace mucho proponían celebrar un nuevo Constituyente. Pareciera difícil que un nuevo Constituyente gozara de la legitimidad que la Guerra de Reforma le otorgara a los constituyentes del 57, y luego la Revolución a los constituyentes de 1917. Las decisiones políticas fundamentales que nuestra Constitución contiene, y que datan algunas de ellas ya de casi dos siglos, no han fenecido sino que han ganado en profundidad, si bien es cierto que hay que repensar la estructura de los poderes públicos y poner al día para su mejor garantía algunas cuestiones puntuales de principios que proveen el sustento del orden y la paz sociales de los mexicanos.
Por cuanto a las decisiones políticas de nuestro modo de vida, las de auténtica filosofía política, quizá habría que afianzar más una precondición necesaria de la democracia y del respeto a las convicciones filosóficas -o llámesele religiosas de los mexicanos- el Estado laico. Otra decisión igualmente importante para la estabilidad y consolidación de nuestra democracia requiere ajuste para su concreción, me refiero a la aspiración por la justicia social y el goce del derecho a mínimos de bienestar de cada mexicano. Ninguna democracia puede florecer en medio de agudas desigualdades sociales como las que experimentamos en nuestro país. Necesitamos pues un Estado más eficiente que logre la procura de la existencia digna de todos los mexicanos.
Pero hemos avanzado mucho en otros frentes, y el primero de ellos es el de considerar a la Constitución como única fuente legítima de autoridad y de acceso y ejercicio del poder. Mientras que en otros países de nuestro entorno en la América Latina volvían a los golpes de Estado como medio de transmisión del poder, en México dicha práctica quedó definitivamente desterrada. Nuestra democracia ha avanzado significativamente, y al día de hoy contamos con partidos políticos plenamente consolidados que canalizan la pluralidad política de nuestro mosaico social. El respeto al derecho de votar y ser votado de cada mexicano que procuran el IFE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es una realidad en nuestro país. Estos son logros del esfuerzo de los mexicanos del último cuarto del siglo XX que en buena hora vinieron a actualizar la organización política que los Constituyentes de 1917 proyectaron.
A todo ello habríamos de sumar, además, la renovación de la justicia constitucional mexicana, que tras la alternancia en la Presidencia de la República en el año 2000 mostró sus virtudes sustituyendo exitosamente al árbitro material de las contiendas políticas del país. También el establecimiento del Banco de México como garante de la estabilidad de nuestra moneda; éste es un importante activo nacional que a las nuevas generaciones de mexicanos sin memoria histórica de nuestras crisis financieras de los últimos 40 años les puede costar trabajo siquiera imaginar.
Hemos avanzado también en la concepción cultural de los derechos humanos como fin y límite del poder público, concepción que ha penetrado las instituciones del Estado mexicano y al grueso de la ciudadanía. No podemos dejar de mirar con respeto a la CNDH establecida por adición a la Constitución, y acreditar su esfuerzo en este sentido. Instituciones más jóvenes como el IFAI también han apuntalado derechos básicos de los mexicanos como el de acceso a la información de su Gobierno. Sin dejar de ver los formidables retos del porvenir, tenemos, sin embargo, razones para celebrar este 5 de febrero nuestra Constitución de 1917 y a su antecesora, la Constitución de 1857.
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