JOHN MILL ACKERMAN ROSELa mejor vía para reducir la distancia entre ciudadanos y partidos políticos no es a través de la incorporación de candidaturas independientes financiadas por los poderes fácticos, sino con la verdadera democratización de estos institutos políticos. En lugar de confrontar, en un juego de suma cero, a los partidos con una ciudadanía abstracta y supuestamente pura, habría que tomar por sorpresa a los partidos inundándolos de una verdadera y activa participación social.
No hay duda de que en la actualidad los partidos están capturados por una clase política más interesada en sus propias asuntos y negocios que en el bienestar del país. Pero sería un grave error tirar el agua sucia con todo y el niño. La eventual desaparición o marginación de los partidos políticos abrirá el escenario para la llegada al poder de una amplia gama de populistas de derecha cuyos únicos méritos serán sus lindas caras o sus capacidades escénicas.
Urge impulsar reformas legales que ciudadanicen y democraticen los institutos políticos. Por ejemplo, habría que crear una nueva ley de partidos que norme el funcionamiento de estas entidades de interés público para obligarlos a incorporar voces ciudadanas a su estructura, programa y candidaturas. Desde luego también habría que someter a los partidos, y a sus grupos parlamentarios, a un estricto régimen de transparencia. No existe justificación alguna para mantener el actual estado de excepción de que gozan los partidos en materia de acceso a la información pública.
Llama la atención que Felipe Calderón haya dejado fuera de su iniciativa de reforma política cualquier propuesta en este sentido. Posiblemente sea porque su propia agrupación, el Partido Acción Nacional (PAN), es de los más cerrados y elitistas que existen en el país. Por ejemplo, a lo largo de su historia el PAN nunca se ha atrevido a someter a votación entre todos sus militantes la elección de su presidente nacional. Esta decisión queda exclusivamente en manos de un selecto grupo de consejeros nacionales que incluyen al Presidente de la República, los gobernadores emanados del PAN, los ex presidentes del blanquiazul y otros líderes del partido.
En este contexto, la reciente decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de exigir la modificación de los estatutos del Partido del Trabajo (PT) camina en el sentido correcto. En su fallo, los magistrados echan abajo varias cláusulas que violentaban los principios democráticos más elementales. Declaran inconstitucional la figura de votación por aclamación en la elección de los dirigentes partidistas, ya que ésta no permite el secreto del sufragio ni un conteo objetivo de los votos. También cuestionan el hecho que las decisiones de la Comisión Nacional de Garantías puedan ser revertidas por un órgano político como la Comisión Ejecutiva Nacional, ya que esto implica un evidente conflicto de intereses.
Asimismo, el tribunal obliga al partido a reformar sus estatutos en materia de relección de los dirigentes partidistas, ya que encuentra que en los hechos el partido ha establecido una dirigencia colectiva casi vitalicia que ha encabezado el partido de manera ininterrumpida desde 1990. Los magistrados también solicitan al partido incluir disposiciones en materia de posibles incompatibilidades entre los cargos de dirección partidista y cargos públicos, ya que los mismos dirigentes también suelen simultáneamente fungir como funcionarios públicos.
En su decisión, los magistrados federales rescatan varias jurisprudencias históricas de la antigua integración del tribunal electoral que estaban en riesgo de quedarse en el olvido (por ejemplo, las relacionadas con el per saltum y los elementos mínimos). Asimismo, abren la puerta para que los militantes de otros partidos políticos también impugnen directamente ante el TEPJF la constitucionalidad de sus estatutos, independientemente de si éstos habían sido reformados o no recientemente. Es hora de que César Nava, Beatriz Paredes, Jorge Kahwagi y Emilio González Torres también pongan sus barbas a remojar.
La gran pregunta es si los magistrados demostrarán la misma valentía y espíritu garantista cuando se trate de alguno de los partidos amigos, como el PAN o el Partido Revolucionario Institucional (PRI). En los últimos años las decisiones del TEPJF han estado marcadas de una clara parcialidad, en la que los magistrados asumen plenamente sus facultades constitucionales solamente cuando les conviene y se olvidan de ellas cuando precisan de una salida fácil. Habría que preguntar, por ejemplo, por qué los magistrados no demostraron la misma disposición de tomar la Constitución en la mano que hoy muestran en el caso del PT a la hora de calificar la elección entre Jesús Ortega y Alejandro Encinas para presidente del Partido de la Revolución Democrática (PRD) o determinar el candidato del mismo partido para la delegación Iztapalapa.
A partir de una evaluación de las decisiones futuras del tribunal, sabremos hasta qué punto el fallo en el caso del PT fue motivado por un sólido compromiso democrático o por un deseo de cobrarle a ese partido su apoyo a López Obrador.
No hay duda de que en la actualidad los partidos están capturados por una clase política más interesada en sus propias asuntos y negocios que en el bienestar del país. Pero sería un grave error tirar el agua sucia con todo y el niño. La eventual desaparición o marginación de los partidos políticos abrirá el escenario para la llegada al poder de una amplia gama de populistas de derecha cuyos únicos méritos serán sus lindas caras o sus capacidades escénicas.
Urge impulsar reformas legales que ciudadanicen y democraticen los institutos políticos. Por ejemplo, habría que crear una nueva ley de partidos que norme el funcionamiento de estas entidades de interés público para obligarlos a incorporar voces ciudadanas a su estructura, programa y candidaturas. Desde luego también habría que someter a los partidos, y a sus grupos parlamentarios, a un estricto régimen de transparencia. No existe justificación alguna para mantener el actual estado de excepción de que gozan los partidos en materia de acceso a la información pública.
Llama la atención que Felipe Calderón haya dejado fuera de su iniciativa de reforma política cualquier propuesta en este sentido. Posiblemente sea porque su propia agrupación, el Partido Acción Nacional (PAN), es de los más cerrados y elitistas que existen en el país. Por ejemplo, a lo largo de su historia el PAN nunca se ha atrevido a someter a votación entre todos sus militantes la elección de su presidente nacional. Esta decisión queda exclusivamente en manos de un selecto grupo de consejeros nacionales que incluyen al Presidente de la República, los gobernadores emanados del PAN, los ex presidentes del blanquiazul y otros líderes del partido.
En este contexto, la reciente decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de exigir la modificación de los estatutos del Partido del Trabajo (PT) camina en el sentido correcto. En su fallo, los magistrados echan abajo varias cláusulas que violentaban los principios democráticos más elementales. Declaran inconstitucional la figura de votación por aclamación en la elección de los dirigentes partidistas, ya que ésta no permite el secreto del sufragio ni un conteo objetivo de los votos. También cuestionan el hecho que las decisiones de la Comisión Nacional de Garantías puedan ser revertidas por un órgano político como la Comisión Ejecutiva Nacional, ya que esto implica un evidente conflicto de intereses.
Asimismo, el tribunal obliga al partido a reformar sus estatutos en materia de relección de los dirigentes partidistas, ya que encuentra que en los hechos el partido ha establecido una dirigencia colectiva casi vitalicia que ha encabezado el partido de manera ininterrumpida desde 1990. Los magistrados también solicitan al partido incluir disposiciones en materia de posibles incompatibilidades entre los cargos de dirección partidista y cargos públicos, ya que los mismos dirigentes también suelen simultáneamente fungir como funcionarios públicos.
En su decisión, los magistrados federales rescatan varias jurisprudencias históricas de la antigua integración del tribunal electoral que estaban en riesgo de quedarse en el olvido (por ejemplo, las relacionadas con el per saltum y los elementos mínimos). Asimismo, abren la puerta para que los militantes de otros partidos políticos también impugnen directamente ante el TEPJF la constitucionalidad de sus estatutos, independientemente de si éstos habían sido reformados o no recientemente. Es hora de que César Nava, Beatriz Paredes, Jorge Kahwagi y Emilio González Torres también pongan sus barbas a remojar.
La gran pregunta es si los magistrados demostrarán la misma valentía y espíritu garantista cuando se trate de alguno de los partidos amigos, como el PAN o el Partido Revolucionario Institucional (PRI). En los últimos años las decisiones del TEPJF han estado marcadas de una clara parcialidad, en la que los magistrados asumen plenamente sus facultades constitucionales solamente cuando les conviene y se olvidan de ellas cuando precisan de una salida fácil. Habría que preguntar, por ejemplo, por qué los magistrados no demostraron la misma disposición de tomar la Constitución en la mano que hoy muestran en el caso del PT a la hora de calificar la elección entre Jesús Ortega y Alejandro Encinas para presidente del Partido de la Revolución Democrática (PRD) o determinar el candidato del mismo partido para la delegación Iztapalapa.
A partir de una evaluación de las decisiones futuras del tribunal, sabremos hasta qué punto el fallo en el caso del PT fue motivado por un sólido compromiso democrático o por un deseo de cobrarle a ese partido su apoyo a López Obrador.
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