CIRO MURAYAMA RENDÓNEste año se levantará el XIII Censo General de Población y Vivienda. En los últimos meses expertos y académicos han señalado deficiencias en el diseño del censo. En respuesta, el INEGI amplió el cuestionario básico que aplicará a los hogares. Aún así persisten debilidades que conviene hacer explícitas:
1) Un censo recortado. El cuestionario básico del censo del año 2000 abarcó 52 preguntas hechas en todas las viviendas del país para obtener información relevante de todos los habitantes de México. Ahora serán sólo 29 preguntas. INEGI no ha explicado con claridad a qué obedece la disminución del cuestionario básico: argumenta que fue por un recorte presupuestal hecho por el Ejecutivo, pero al mismo tiempo justifica la eliminación de preguntas por razones metodológicas. Qué preguntas se quitaron por falta de presupuesto y cuáles porque el INEGI las consideró innecesarias es algo que no se conoce.
2) Autonomía de INEGI en duda. El recorte de recursos para el censo se atribuye a una decisión de la secretaría de Hacienda. Si bien el INEGI no tiene plena autonomía presupuestal en esa situación se encuentran otras instituciones autónomas, como las universidades, que saben defender los recursos necesarios para cumplir con sus fines estratégicos. ¿Por qué ni la junta de gobierno de INEGI ni su presidente solicitaron más recursos? ¿Por qué no explicaron los riesgos del recorte? ¿Por qué, sin más, acataron una decisión unilateral del Ejecutivo?
3) Se pierde comparabilidad. INEGI dice que con el cuestionario ampliado, que se aplicará en el 10% de las viviendas del país, se obtendrá información necesaria para poder comparar. En el mejor de los casos se tendrá una muestra grande para contrastar con ejercicios previos, pero el censo de 2010 en sí —la información del total de la población— no va a ser del todo comparable con censos anteriores.
4) El ingreso y su distribución serán una incógnita. El cuestionario básico del censo no obtiene información sobre el ingreso de las familias. Desde INEGI se argumenta que se tiene la Encuesta Nacional de Ingreso Gasto de los Hogares (ENIGH), pero la misma no capta la información de los segmentos de mayores ingresos. Para obtener una fotografía real de la polarización social de México era necesario incluir la pregunta en el cuestionario básico del censo. INEGI lo impidió.
5) La estructura del empleo queda fuera. En los censos previos la información que se obtenía para el conjunto de la población permitía conocer la rama de actividad de los trabajadores, cuánto ganaban y su posición en el empleo. Esas preguntas respectivas se eliminaron.
6) Migración interna. No se conocerá en qué municipio residía la población hace cinco años, lo que afectará el conocimiento sobre la migración interna. No será factible analizar fenómenos como la expansión de áreas metropolitanas por movilidad intraestatal; y movimientos intrametropolitanos —v.g.: de la delegación Cuajimalpa a Huixquilucan— podrán aparecer como migraciones interestatales aun cuando la gente viva en la misma zona urbana.
7) Se pregunta religión, y mal. A pesar del recorte, se mantuvo la pregunta de religión. INEGI aduce que esa pregunta siempre ha estado: aquí el argumento es la tradición. Además se pregunta “¿cuál es la religión de?”, dando por hecho que todo mexicano tiene una. Es una pregunta con sesgo.
8) Censo a petición del cliente. Responsables de INEGI explican que incluyeron diversas preguntas (como religión) en atención a solicitudes de distintos sectores, sin importar que dicha información tuviera escasa o nula influencia en el diseño de políticas públicas. Se carece de una jerarquización adecuada sobre qué información es fundamental y cuál no.
9) El censo como registro administrativo. Uno de los argumentos para recortar el censo es que hay otras fuentes estadísticas, como los registros administrativos de las instituciones públicas. Pero se pretende que el censo indique cuántos afiliados hay en las instituciones de salud. Un contrasentido.
10) El censo debió guiar la toma decisiones, no al revés. El diseño de las políticas públicas debe partir de una base de información amplia, objetiva. Ahora fueron las decisiones políticas —recortar recursos y dar preeminencia a una megamuestra sobre el levantamiento universal— las que determinaron la amplitud del censo.
Queda ahora exigir un buen levantamiento y procesamiento de la información finalmente contemplada. El censo es imprescindible, por eso no se puede condescender con decisiones que minan su calidad y utilidad.
1) Un censo recortado. El cuestionario básico del censo del año 2000 abarcó 52 preguntas hechas en todas las viviendas del país para obtener información relevante de todos los habitantes de México. Ahora serán sólo 29 preguntas. INEGI no ha explicado con claridad a qué obedece la disminución del cuestionario básico: argumenta que fue por un recorte presupuestal hecho por el Ejecutivo, pero al mismo tiempo justifica la eliminación de preguntas por razones metodológicas. Qué preguntas se quitaron por falta de presupuesto y cuáles porque el INEGI las consideró innecesarias es algo que no se conoce.
2) Autonomía de INEGI en duda. El recorte de recursos para el censo se atribuye a una decisión de la secretaría de Hacienda. Si bien el INEGI no tiene plena autonomía presupuestal en esa situación se encuentran otras instituciones autónomas, como las universidades, que saben defender los recursos necesarios para cumplir con sus fines estratégicos. ¿Por qué ni la junta de gobierno de INEGI ni su presidente solicitaron más recursos? ¿Por qué no explicaron los riesgos del recorte? ¿Por qué, sin más, acataron una decisión unilateral del Ejecutivo?
3) Se pierde comparabilidad. INEGI dice que con el cuestionario ampliado, que se aplicará en el 10% de las viviendas del país, se obtendrá información necesaria para poder comparar. En el mejor de los casos se tendrá una muestra grande para contrastar con ejercicios previos, pero el censo de 2010 en sí —la información del total de la población— no va a ser del todo comparable con censos anteriores.
4) El ingreso y su distribución serán una incógnita. El cuestionario básico del censo no obtiene información sobre el ingreso de las familias. Desde INEGI se argumenta que se tiene la Encuesta Nacional de Ingreso Gasto de los Hogares (ENIGH), pero la misma no capta la información de los segmentos de mayores ingresos. Para obtener una fotografía real de la polarización social de México era necesario incluir la pregunta en el cuestionario básico del censo. INEGI lo impidió.
5) La estructura del empleo queda fuera. En los censos previos la información que se obtenía para el conjunto de la población permitía conocer la rama de actividad de los trabajadores, cuánto ganaban y su posición en el empleo. Esas preguntas respectivas se eliminaron.
6) Migración interna. No se conocerá en qué municipio residía la población hace cinco años, lo que afectará el conocimiento sobre la migración interna. No será factible analizar fenómenos como la expansión de áreas metropolitanas por movilidad intraestatal; y movimientos intrametropolitanos —v.g.: de la delegación Cuajimalpa a Huixquilucan— podrán aparecer como migraciones interestatales aun cuando la gente viva en la misma zona urbana.
7) Se pregunta religión, y mal. A pesar del recorte, se mantuvo la pregunta de religión. INEGI aduce que esa pregunta siempre ha estado: aquí el argumento es la tradición. Además se pregunta “¿cuál es la religión de?”, dando por hecho que todo mexicano tiene una. Es una pregunta con sesgo.
8) Censo a petición del cliente. Responsables de INEGI explican que incluyeron diversas preguntas (como religión) en atención a solicitudes de distintos sectores, sin importar que dicha información tuviera escasa o nula influencia en el diseño de políticas públicas. Se carece de una jerarquización adecuada sobre qué información es fundamental y cuál no.
9) El censo como registro administrativo. Uno de los argumentos para recortar el censo es que hay otras fuentes estadísticas, como los registros administrativos de las instituciones públicas. Pero se pretende que el censo indique cuántos afiliados hay en las instituciones de salud. Un contrasentido.
10) El censo debió guiar la toma decisiones, no al revés. El diseño de las políticas públicas debe partir de una base de información amplia, objetiva. Ahora fueron las decisiones políticas —recortar recursos y dar preeminencia a una megamuestra sobre el levantamiento universal— las que determinaron la amplitud del censo.
Queda ahora exigir un buen levantamiento y procesamiento de la información finalmente contemplada. El censo es imprescindible, por eso no se puede condescender con decisiones que minan su calidad y utilidad.
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