CIRO MURAYAMA RENDÓN El Observatorio de política exterior (Opex) de la Fundación Alternativas en España, encargó al autor de esta columna un informe sobre el desempeño de la economía mexicana a lo largo de los primeros quince años de vigencia del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Hace unas semanas, ese trabajo vio la luz en su versión electrónica (consultable en: falternativas.org/content/download/15478/.../OPEX_45_03.pdf). Hago, en esta entrega, una presentación de dicho documento.
A poco más de tres quinquenios de la entrada en vigencia del TLCAN, entre México, Estados Unidos y Canadá, es oportuno hacer un balance general de los resultados de ese acuerdo de cooperación económica regional.
Hace quince años México era una de las economías en vías de desarrollo que mejores calificaciones obtenía de los analistas económicos y las calificadoras internacionales. A inicio de los años noventa, el gobierno mexicano había emprendido un enérgico programa de reformas económicas que pretendían dejar atrás la etapa de proteccionismo que caracterizó a América Latina antes del estallido de la crisis de la deuda de los años ochenta. La apertura al exterior, la venta de buena parte de las empresas públicas deficitarias, así como una renegociación exitosa de la deuda externa a fines de los años ochenta, fueron medidas que se recibieron positivamente por los mercados internacionales. México, además, daba pasos en la apertura de su sistema político y avanzaba de manera gradual a su democratización (se comenzaron a reconocer los triunfos de la oposición al Partido Revolucionario Institucional en las elecciones locales de algunos estados de la República; se pactaban reformas electorales para incrementar la credibilidad de las elecciones; se creaba la Comisión Nacional de los Derechos Humanos), y el gobierno impulsaba un importante programa de combate a la pobreza (el Programa Nacional de Solidaridad). En 1994, México fue reconocido como miembro número 25 en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
México era, además, un país de ingreso medio y un atractivo mercado con una población de casi 90 millones de habitantes, en su mayoría jóvenes. El país contaba con un grado aceptable de industrialización y compartía tres mil kilómetros de frontera con la principal economía del mundo, los Estados Unidos. En ese contexto, la apuesta por avanzar hacia la integración económica a uno de los tres grandes bloques de la economía global fue vista como la confirmación de una exitosa estrategia que abría un nuevo horizonte histórico para México y la región.
Para diversos analistas, la firma del TLCAN representó uno de los logros más significativos en la política comercial norteamericana de la segunda mitad del siglo XX. En esa tesitura, el TLCAN se entendió no sólo en términos de un instrumento comercial, que además de propiciar los intercambios de bienes y servicios permitiría potenciar la Inversión Extranjera Directa (IED), sino que desde un inicio el acuerdo fue sobrecargado de expectativas, mismas que pretendían que su puesta en operación significara la consecución de una nueva realidad económica e incluso política al norte del continente americano.
A quince años de distancia de que el TLCAN iniciara su andar, puede reconocerse que sus objetivos explícitos —ampliación de los intercambios comerciales y aun de la IED— se han cumplido de manera holgada para los tres países. En el caso de México, sin embargo, también es preciso advertir que en el marco del TLCAN sigue siendo una nación en vías de desarrollo —aunque algunos de sus indicadores, como la acelerada desindustrialización puedan indicar que se trata de un país que presenta síntomas de estar en vías de subdesarrollo—, con una estructura económica frágil y que no consigue incidir en la mejoría de la calidad de vida de los mexicanos, quienes incrementaron su emigración al norte durante la última década y media. La persistencia de la pobreza —que afecta a casi 50 por ciento de la población—, la desigualdad social que se mantiene como una de las más altas del orbe, el atraso del sector rural, la incapacidad de generar empleo formal y el alto peso de la economía informal, son rasgos vigentes de la economía y la sociedad mexicanas que no fueron alteradas por el cambio de modelo de desarrollo ni por la firma del TLCAN.
La explicación a este resultado es que en México se decidió impulsar la apertura comercial, pero se renunció a tener políticas de fomento a la industria y al sector agropecuario. Asimismo, ha disminuido la inversión del sector público, pues se creyó que el desarrollo sería producto de las ganancias de eficiencia del libre comercio.
Esto es precisamente lo que hace necesario plantearse otras combinaciones de políticas económicas en búsqueda del desarrollo así como nuevas formas de relación con el resto del mundo e inserción en los mercados internacionales. En particular es pertinente poner el énfasis en la inversión productiva en infraestructura, que aproveche el potencial de crecimiento económico que tiene el país gracias a su actual estructura poblacional, y que brinde impulso al desarrollo del mercado interno. No hay, a la fecha, naciones que hayan sido exitosas en el incremento de su bienestar si han visto disminuir a su propio mercado doméstico. En este sentido, el replanteamiento de México en el entorno internacional implica, primero, definir un nuevo modelo de desarrollo propio que incluya a las actividades económicas que se realizan en el propio territorio y de las que finalmente depende el empleo, el ingreso y la capacidad de consumo de las familias cuya vida transcurre aquí.
A poco más de tres quinquenios de la entrada en vigencia del TLCAN, entre México, Estados Unidos y Canadá, es oportuno hacer un balance general de los resultados de ese acuerdo de cooperación económica regional.
Hace quince años México era una de las economías en vías de desarrollo que mejores calificaciones obtenía de los analistas económicos y las calificadoras internacionales. A inicio de los años noventa, el gobierno mexicano había emprendido un enérgico programa de reformas económicas que pretendían dejar atrás la etapa de proteccionismo que caracterizó a América Latina antes del estallido de la crisis de la deuda de los años ochenta. La apertura al exterior, la venta de buena parte de las empresas públicas deficitarias, así como una renegociación exitosa de la deuda externa a fines de los años ochenta, fueron medidas que se recibieron positivamente por los mercados internacionales. México, además, daba pasos en la apertura de su sistema político y avanzaba de manera gradual a su democratización (se comenzaron a reconocer los triunfos de la oposición al Partido Revolucionario Institucional en las elecciones locales de algunos estados de la República; se pactaban reformas electorales para incrementar la credibilidad de las elecciones; se creaba la Comisión Nacional de los Derechos Humanos), y el gobierno impulsaba un importante programa de combate a la pobreza (el Programa Nacional de Solidaridad). En 1994, México fue reconocido como miembro número 25 en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
México era, además, un país de ingreso medio y un atractivo mercado con una población de casi 90 millones de habitantes, en su mayoría jóvenes. El país contaba con un grado aceptable de industrialización y compartía tres mil kilómetros de frontera con la principal economía del mundo, los Estados Unidos. En ese contexto, la apuesta por avanzar hacia la integración económica a uno de los tres grandes bloques de la economía global fue vista como la confirmación de una exitosa estrategia que abría un nuevo horizonte histórico para México y la región.
Para diversos analistas, la firma del TLCAN representó uno de los logros más significativos en la política comercial norteamericana de la segunda mitad del siglo XX. En esa tesitura, el TLCAN se entendió no sólo en términos de un instrumento comercial, que además de propiciar los intercambios de bienes y servicios permitiría potenciar la Inversión Extranjera Directa (IED), sino que desde un inicio el acuerdo fue sobrecargado de expectativas, mismas que pretendían que su puesta en operación significara la consecución de una nueva realidad económica e incluso política al norte del continente americano.
A quince años de distancia de que el TLCAN iniciara su andar, puede reconocerse que sus objetivos explícitos —ampliación de los intercambios comerciales y aun de la IED— se han cumplido de manera holgada para los tres países. En el caso de México, sin embargo, también es preciso advertir que en el marco del TLCAN sigue siendo una nación en vías de desarrollo —aunque algunos de sus indicadores, como la acelerada desindustrialización puedan indicar que se trata de un país que presenta síntomas de estar en vías de subdesarrollo—, con una estructura económica frágil y que no consigue incidir en la mejoría de la calidad de vida de los mexicanos, quienes incrementaron su emigración al norte durante la última década y media. La persistencia de la pobreza —que afecta a casi 50 por ciento de la población—, la desigualdad social que se mantiene como una de las más altas del orbe, el atraso del sector rural, la incapacidad de generar empleo formal y el alto peso de la economía informal, son rasgos vigentes de la economía y la sociedad mexicanas que no fueron alteradas por el cambio de modelo de desarrollo ni por la firma del TLCAN.
La explicación a este resultado es que en México se decidió impulsar la apertura comercial, pero se renunció a tener políticas de fomento a la industria y al sector agropecuario. Asimismo, ha disminuido la inversión del sector público, pues se creyó que el desarrollo sería producto de las ganancias de eficiencia del libre comercio.
Esto es precisamente lo que hace necesario plantearse otras combinaciones de políticas económicas en búsqueda del desarrollo así como nuevas formas de relación con el resto del mundo e inserción en los mercados internacionales. En particular es pertinente poner el énfasis en la inversión productiva en infraestructura, que aproveche el potencial de crecimiento económico que tiene el país gracias a su actual estructura poblacional, y que brinde impulso al desarrollo del mercado interno. No hay, a la fecha, naciones que hayan sido exitosas en el incremento de su bienestar si han visto disminuir a su propio mercado doméstico. En este sentido, el replanteamiento de México en el entorno internacional implica, primero, definir un nuevo modelo de desarrollo propio que incluya a las actividades económicas que se realizan en el propio territorio y de las que finalmente depende el empleo, el ingreso y la capacidad de consumo de las familias cuya vida transcurre aquí.
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