EN BUSCA DE UN RESPONSABLE

SANTIAGO CREEL MIRANDA

¿Quién es el responsable de combatir al crimen organizado? Una pregunta sencilla y directa que debería poder ser contestada sin mayor titubeo. Estamos hablando del principal problema que tiene el país o al menos el más urgente por resolver, según el gobierno. ¿Usted quién diría que es el responsable? ¿Será la Procuraduría, como dice la ley? ¿O el Ejército como lo vemos en prácticamente todos los operativos importantes? Pero, ¿qué tal si tomamos como respuesta la última aprehensión del Jefe de jefes? ¿Entonces diríamos que es la Marina? Pero el problema no queda ahí si cotidianamente observamos que la PFP también interviene. De igual manera, las policías municipales ponen su grano de arena. Ayer mismo, la prensa daba cuenta de que la policía municipal de Tijuana aprehendió a dos capitanes supuestamente ligados a la delincuencia organizada. La búsqueda del responsable de combatir al crimen organizado no acaba ahí, ya que si de lavado de dinero se trata, la Secretaría de Hacienda hace la primera prueba del blanqueo y también se encarga del contrabando. Por su parte, la Secretaría de Gobernación se encarga de los asuntos migratorios y también tiene la competencia del sistema de inteligencia civil que opera a través del Cisen. Ahora, permítanme ilustrar cómo concurren todas estas dependencias en un caso hipotético: supongamos que el crimen organizado intenta pasar por un aeropuerto un contrabando de drogas. Sigamos imaginándonos que todas estas autoridades (Procuraduría, Ejército, PFP, aduanas, migración, Cisen y no cuento a la SCT, al administrador del aeropuerto como tampoco a las policías municipales y estatales) quieran cumplir con su deber y que a su pesar la droga se interna por el aeropuerto. Sigo con mi pregunta, pero ahora referida a este caso: ¿Qué autoridad sería la responsable por este contrabando? Presupongamos que ninguna autoridad hubiere estado cooptada. ¿No habría responsables? ¿O lo serían todos? Lo que quiere decir ninguno. En este caso, ¿qué haríamos con la rendición de cuentas y cómo podríamos lograr mejorar lo que falló y poner los remedios para que no vuelva a suceder? Si no podemos contestar claramente esta pregunta, difícilmente vamos a dar respuesta a otros cuestionamientos de casos más concretos y dolorosos como es el de Juárez. Aquí es patético ver cómo el juego de pelota va de autoridades municipales a estatales a federales. Al final, todos asumen un poco de responsabilidad, pero en el fondo a nadie se le ha llamado a cuentas, ni mucho menos se le ha hecho responsable por los índices de violencia en esa parte del país. ¿De verdad queremos seguir con esta Torre de Babel institucional? No podemos aislarnos de lo que pasa en otras partes del mundo, ¿Por qué tratar de inventar el hilo negro que cada vez se enreda más? Cuando en todos los países que han tenido medianamente éxito en el combate al crimen, cuentan con un mando único que permite conjugar todos los esfuerzos en un solo responsable, con tramos de control perfectamente delimitados, de tal manera que si alguien incumple su responsabilidad claramente hay un mando responsable. Para el adecuado combate del crimen organizado en el país, se requiere de un mando único y, añado, tiene que ser civil. Lo ideal sería establecerlo dentro de una nueva Secretaría del Interior que pudiera, además, hacerse cargo de la PFP, del sistema penitenciario federal, del sistema de inteligencia civil, de la instancia del lavado de dinero, migración, aduanas, del Sistema Nacional de Seguridad Pública y del Sistema de Protección Civil. Un solo mando con una responsabilidad muy clara y sujeto a los controles propios de una democracia a través del Congreso. De esa manera, se podría empezar a ordenar no solamente los esfuerzos para combatir al crimen, sino también en las demás áreas de la seguridad pública. El procurador desnarcotizaría su agenda y le permitiría ejercer con mayor eficacia sus funciones y la persecución de otros crímenes que igualmente dañan a la sociedad. El Ejército y la Armada podrían ir paulatinamente reasumiendo sus funciones propias de seguridad nacional e interior del país. Evitando así los riesgos constitucionales o de derecho internacional a los que ahora podrían estar expuestos por no contar con un sólido sustento jurídico para su actuación. Paradójicamente, un país agobiado por monopolios de todo tipo que deberían de combatirse, no se combaten y donde debería haber un monopolio incuestionable, simplemente no existe. Hoy ese legítimo monopolio, que debe asegurar la tranquilidad de los ciudadanos, está fragmentado y dividido. Qué grave contradicción. Un sistema democrático es, entre otras cosas, un sistema que asigna responsabilidades y que permite mediante ese método un adecuado ejercicio de rendición de cuentas. Si hoy no podemos deslindar responsabilidades en un asunto tan grave como lo es el combate al crimen organizado, algo está muy mal en nuestro sistema democrático. No podemos aceptar por respuesta que en Juárez todas las autoridades son un poco responsables, eso es, en sí mismo, una gran irresponsabilidad. Lo que se requiere en el antiguo Paso del Norte, es un mando único, con tramos de control perfectamente delimitados por perímetros territoriales, a cargo de responsables con nombre y apellido que puedan rendirle cuentas a la sociedad.