REFORMA INTEGRAL , NO SIMULACIÓN

ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ

Retórico y redundante se ha convertido de nueva cuenta el debate en torno a la reforma política que requiere el país. A pesar que a lo largo de dos décadas se han promovido infinidad de iniciativas para alcanzar acuerdos básicos e impulsar reformas que permitan democratizar el régimen político del país, vuelven a estar presentes los desatinos y chantajes de los partidos que controlan la mayoría del Congreso de la Unión para concretar una agenda de acuerdos. Si bien durante los años 90 se alcanzaron acuerdos que dieron lugar a la autonomía del IFE y la democratización del Distrito Federal, los arreglos posteriores se han truncado al momento de traducirse en ley. No sólo se han topado con el conservadurismo de los gobiernos panistas que se resisten a abandonar las mieles de la discrecionalidad y el centralismo, sino con obstáculos y chantajes de los sectores más rancios de los partidos y los poderes fácticos, que lo mismo frenan acuerdos, que negocian alianzas con el mejor postor. Tradicionalmente las agendas de la reforma del Estado han consistido en un listado de iniciativas sin articulación y sin una visión integral del trabajo legislativo, por lo que es necesario, de una vez por todas, adoptar definiciones puntuales, partiendo de dos principios básicos: equidad y democracia. Estos principios rectores deben sustentarse en los pilares del Estado laico, donde la autoridad no sólo hace una gestión transparente y rinde cuentas, sino que respeta los instrumentos e instituciones que admiten hacer exigibles los derechos y libertades de los ciudadanos. El país no necesita reformas a cuenta gotas o en abonos. Requiere una profunda transformación para responder a la situación de pobreza, violencia, deterioro institucional y ruptura del tejido social por la que atraviesa. Una condición para una reforma de este alcance, consiste en configurar un modelo de desarrollo que frene el empobrecimiento de la mayor parte de los mexicanos, lo que implica asumir que la reforma política no puede estar disociada de la reforma económica. La articulación entre política y economía debe tener como objetivo la lucha contra la desigualdad. Por eso, la reforma fiscal sujeta a discusión, no puede mantenerse al margen de la reforma política, una nueva hacienda pública implicaría, por ejemplo, el rediseño del actual modelo federal: ¿Cómo pensar en un nuevo federalismo y el fortalecimiento de la vida municipal, si no se establece una política fiscal, que modifique los términos de la coordinación fiscal y descentralice los recursos? ¿Cómo hacer que el Estado cumpla su responsabilidad social para atender la inequidad, si no cambia la política económica? ¿Cómo pensar en una reforma política si no se regula a los poderes fácticos y el poder del dinero? Es el caso de los consorcios que monopolizan el usufructo de las concesiones públicas. Se precisa la democratización de los medios preservando los principios de libertad de prensa y libertad de expresión; garantizar el acceso a las concesiones públicas a todos los sectores de nuestra sociedad, eliminando el duopolio existente, favoreciendo el desarrollo de medios públicos; la radio y televisión comunitaria, las instituciones educativas, las organizaciones no gubernamentales y los pequeños concesionarios, para que el mexicano goce de opciones diversas. No puede mantenerse la lógica de que para que haya riqueza y empleo el Estado debe dotar de privilegios a los empresarios. Por el contrario para garantizar la distribución del ingreso, se debe evitar la acumulación ofensiva que existe en el país, partiendo de un sistema fiscal equitativo y progresivo, que elimine privilegios y redistribuya el ingreso. El debate en turno retomará temas nodales del régimen político, sin embargo, es necesario asumir simultáneamente la edificación de una nueva economía que garantice equidad y bienestar.