JORGE ALCOCER VILLANUEVALa misma pregunta fue planteada y repetida por casi todos los ponentes nacionales y extranjeros: ¿qué quiere el Presidente?
Y es que, por más que se intente cuadrar el círculo, lo cierto es que la iniciativa de reforma política de Felipe Calderón no tiene pies ni cabeza; es compilación de medidas que no por importantes, una a una, adquieren conexión y sentido. Suma de buenos -o malos- propósitos, sin hilo conductor, como se dijo por varios ponentes en el seminario realizado en el Senado el lunes y martes de la semana pasada.
Sin embargo, varias de las medidas propuestas por el Presidente merecieron valoración positiva y respaldo, como es la reelección inmediata de legisladores y alcaldes; así como otras concitaron la más amplia crítica (segunda vuelta). Contra la imagen que algunos medios y analistas han reflejado en sus escritos, o en opiniones ante micrófonos, la variedad de ideas y opiniones distinguió el seminario organizado por el Instituto Belisario Domínguez del Senado; por ello, es pueril considerarlo una "celada", lo que supone que en ella habrían participado el PNUD, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, cinco ponentes extranjeros y 20 ponentes nacionales, ¡incluyendo al que denuncia la celada!
Discrepar de las propuestas presidenciales no es igual a defender el estado actual de cosas, mucho menos admitir el supuesto conservadurismo que se atribuye a quienes no coincidimos con propuestas tales como los candidatos independientes, la segunda vuelta, la iniciativa preferente, con afirmativa ficta y referendo aparejados. Menos aún puede tacharse a la crítica de conservadora cuando los que coinciden con las propuestas presidenciales esgrimen como argumento crucial lo que en realidad es un objetivo: terminar con la supuesta parálisis del Congreso.
Veamos: durante los primeros tres años del gobierno actual, el Congreso aprobó 22 reformas a la Constitución, el número más elevado para igual periodo desde 1917. En la segunda mitad del sexenio de Ernesto Zedillo fueron aprobadas 15 reformas constitucionales. Aunque en número menor, el sexenio de Vicente Fox también conoció importantes reformas a la Carta Magna. ¿De qué parálisis hablan?
Si hablamos de que no se han aprobado reformas que permitan la inversión privada en la industria petrolera o eléctrica, o la llamada flexibilización del mercado laboral, no se trata de parálisis, sino de una consistente mayoría legislativa que no coincide con esas propuestas; como tampoco existe mayoría para introducir a la Constitución la educación religiosa en las escuelas públicas, ni el derecho a la vida desde la concepción, para echar atrás lo avanzado en el Distrito Federal, aunque en los estados, en esta última materia, no hay parálisis, sino un activismo enfermizo al que se han sumado la mayoría de los legisladores locales del PRI.
Otras reformas, como la hacendaria, no requieren cambios constitucionales, sino capacidad de convencimiento social y de negociación política por parte del Ejecutivo. En muchos otros asuntos el Presidente no requiere aprobación del Congreso; por ejemplo, le bastaría con usar sus facultades legales para atender problemas como el excesivo gasto corriente o la irracionalidad alcanzada por la estructura del gobierno. Si a los hechos atendemos, el diagnóstico de la "parálisis" legislativa es bastante discutible.
Cada vez es más frecuente que el tono y tonada de la descalificación, usual en algunos espacios radiofónicos y televisivos, se traslade al debate académico y se utilice para satanizar la discrepancia intelectual. Tampoco ayuda que el propio Ejecutivo se disfrace de abogado defensor de los inocentes ciudadanos a los que "estafan" los partidos -supongo que incluyendo al suyo- que incumplen las promesas de campaña.
Puede ser cierto que el Presidente no sabía lo que quiere cuando firmó su iniciativa; pero lo que sería más preocupante es que el Congreso repita la misma ignorancia, presionado por opiniones y encuestas cuyos intereses se revelan con tan sólo leer unas cuantas líneas, o escuchar dos frases.
Y es que, por más que se intente cuadrar el círculo, lo cierto es que la iniciativa de reforma política de Felipe Calderón no tiene pies ni cabeza; es compilación de medidas que no por importantes, una a una, adquieren conexión y sentido. Suma de buenos -o malos- propósitos, sin hilo conductor, como se dijo por varios ponentes en el seminario realizado en el Senado el lunes y martes de la semana pasada.
Sin embargo, varias de las medidas propuestas por el Presidente merecieron valoración positiva y respaldo, como es la reelección inmediata de legisladores y alcaldes; así como otras concitaron la más amplia crítica (segunda vuelta). Contra la imagen que algunos medios y analistas han reflejado en sus escritos, o en opiniones ante micrófonos, la variedad de ideas y opiniones distinguió el seminario organizado por el Instituto Belisario Domínguez del Senado; por ello, es pueril considerarlo una "celada", lo que supone que en ella habrían participado el PNUD, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, cinco ponentes extranjeros y 20 ponentes nacionales, ¡incluyendo al que denuncia la celada!
Discrepar de las propuestas presidenciales no es igual a defender el estado actual de cosas, mucho menos admitir el supuesto conservadurismo que se atribuye a quienes no coincidimos con propuestas tales como los candidatos independientes, la segunda vuelta, la iniciativa preferente, con afirmativa ficta y referendo aparejados. Menos aún puede tacharse a la crítica de conservadora cuando los que coinciden con las propuestas presidenciales esgrimen como argumento crucial lo que en realidad es un objetivo: terminar con la supuesta parálisis del Congreso.
Veamos: durante los primeros tres años del gobierno actual, el Congreso aprobó 22 reformas a la Constitución, el número más elevado para igual periodo desde 1917. En la segunda mitad del sexenio de Ernesto Zedillo fueron aprobadas 15 reformas constitucionales. Aunque en número menor, el sexenio de Vicente Fox también conoció importantes reformas a la Carta Magna. ¿De qué parálisis hablan?
Si hablamos de que no se han aprobado reformas que permitan la inversión privada en la industria petrolera o eléctrica, o la llamada flexibilización del mercado laboral, no se trata de parálisis, sino de una consistente mayoría legislativa que no coincide con esas propuestas; como tampoco existe mayoría para introducir a la Constitución la educación religiosa en las escuelas públicas, ni el derecho a la vida desde la concepción, para echar atrás lo avanzado en el Distrito Federal, aunque en los estados, en esta última materia, no hay parálisis, sino un activismo enfermizo al que se han sumado la mayoría de los legisladores locales del PRI.
Otras reformas, como la hacendaria, no requieren cambios constitucionales, sino capacidad de convencimiento social y de negociación política por parte del Ejecutivo. En muchos otros asuntos el Presidente no requiere aprobación del Congreso; por ejemplo, le bastaría con usar sus facultades legales para atender problemas como el excesivo gasto corriente o la irracionalidad alcanzada por la estructura del gobierno. Si a los hechos atendemos, el diagnóstico de la "parálisis" legislativa es bastante discutible.
Cada vez es más frecuente que el tono y tonada de la descalificación, usual en algunos espacios radiofónicos y televisivos, se traslade al debate académico y se utilice para satanizar la discrepancia intelectual. Tampoco ayuda que el propio Ejecutivo se disfrace de abogado defensor de los inocentes ciudadanos a los que "estafan" los partidos -supongo que incluyendo al suyo- que incumplen las promesas de campaña.
Puede ser cierto que el Presidente no sabía lo que quiere cuando firmó su iniciativa; pero lo que sería más preocupante es que el Congreso repita la misma ignorancia, presionado por opiniones y encuestas cuyos intereses se revelan con tan sólo leer unas cuantas líneas, o escuchar dos frases.
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