ROSARIO GREEN MACÍASDesde hace algunos años la seguridad dejó de ser un problema de tipo militar y hasta policiaco para convertirse en uno de carácter integral. Por lo menos así se inició en el ámbito de Naciones Unidas, cuando el PNUD acuña el concepto “seguridad humana”.
Como habría de esperarse, pese a que se trató de una decisión colectiva, cada país le dio su propio contenido. En México el priísmo empezó por concebirlo como un indicador eminentemente social y los últimos dos presidentes del partido tricolor se abocaron a la concepción y puesta en marcha de diversos programas sociales como Solidaridad, Progresa y Procampo.
El 2000 nos llegó con una carga muy grande: ya no era suficiente ese apoyo que lamentablemente no logró transformarse en un conjunto de políticas públicas distributivas, que erradicaran la pobreza y no sólo la amortiguaran. Era el momento para hacer una planteamiento más en concordancia con las demandas populares que el PRI defendiera desde sus orígenes.
El ciudadano de a pie tenía muy claro lo que el pueblo reclamaba: seguridad sí, pero como ese concepto que engloba la vida desde que nacemos hasta que morimos. Seguridad en la educación de calidad. Seguridad en la salud y la enfermedad, donde la prevención es vital. Seguridad en el trabajo, donde la continua capacitación sea un componente. Seguridad en el desempleo con políticas que incentiven, no premien, a la iniciativa privada a crear trabajo en México. Seguridad en la jubilación que implique pensiones dignas. Seguridad en la protección de lo que es de cada quien. Seguridad en la comprensión y respeto de los derechos humanos por la autoridad que los vulnera.
Seguridad en una muerte digna porque todas las políticas públicas que los conceptos anteriores implican, (no) han erradicado la indigencia. Seguridad en las instituciones que administran justicia y en el sistema judicial como un todo.
Seguridad en la imparcialidad de la Corte Suprema. Seguridad en que el Congreso de la Unión recoge el sentir de sus votantes, de los ciudadanos y los atiende, los legisla. Seguridad en un Ejecutivo que gobierne para todos y con los mejores elementos.
Seguridad en que los intereses de México en el exterior son defendidos a cabalidad por profesionales. Seguridad de que se puede ser mujer y al mismo tiempo elemento central en el proceso de toma de decisiones.
Seguridad en los empleos colectivos para mejorar la situación de los grupos más vulnerables. Seguridad, por fin en la transparencia y la redición de cuentas y en el castigo a quienes corrompen y se corrompen, y utilizan su poder en los distintos ámbitos en beneficio propio.
Seguridad en la alimentación y al acceso al mercado interno. Seguridad en un sistema fiscal que garantice que quienes tengan menos paguen menos y el compromiso solidario de quienes tienen más. Seguridad en la posibilidad de ascender cuando se tienen los méritos y no sólo las relaciones publicas. Seguridad en la convivencia a partir del respeto del Estado y los particulares a sus propias obligaciones y los derechos de los demás.
Todo eso, que no pasó en el 2000 y en el 2006 debe cambiar ahora. La seguridad no puede reducirse a una declaratoria de guerra contra el crimen organizado, ni entonces ni ahora. Rumbo al 2012 me parece indispensable retomar el concepto de “seguridad integral”, que planteado así puede no decirle mucho al ciudadano, pero sí le dice cuando se personaliza el contacto, la pregunta: ¿como joven, cuál es tu prioridad?, ¿como mujer?, ¿como servidor público?, ¿como empleado privado?
Mejor nos preparamos para acercarnos más al ciudadano por todos los medios al alcance. Fue ese permanente contacto con las personas lo que llevó a Obama a la Presidencia de Estados Unidos.
Hoy más que nunca, el ciudadano necesita certidumbre con C mayúscula, certidumbre acerca de qué y cómo su seguridad integral será protegida por quienes detentan el poder político, sin detrimento de los compromisos que deben ser asumidos por una empresa con sensibilidad social que se una a ese esfuerzo, que debe ser ciudadano y colectivo.
Como habría de esperarse, pese a que se trató de una decisión colectiva, cada país le dio su propio contenido. En México el priísmo empezó por concebirlo como un indicador eminentemente social y los últimos dos presidentes del partido tricolor se abocaron a la concepción y puesta en marcha de diversos programas sociales como Solidaridad, Progresa y Procampo.
El 2000 nos llegó con una carga muy grande: ya no era suficiente ese apoyo que lamentablemente no logró transformarse en un conjunto de políticas públicas distributivas, que erradicaran la pobreza y no sólo la amortiguaran. Era el momento para hacer una planteamiento más en concordancia con las demandas populares que el PRI defendiera desde sus orígenes.
El ciudadano de a pie tenía muy claro lo que el pueblo reclamaba: seguridad sí, pero como ese concepto que engloba la vida desde que nacemos hasta que morimos. Seguridad en la educación de calidad. Seguridad en la salud y la enfermedad, donde la prevención es vital. Seguridad en el trabajo, donde la continua capacitación sea un componente. Seguridad en el desempleo con políticas que incentiven, no premien, a la iniciativa privada a crear trabajo en México. Seguridad en la jubilación que implique pensiones dignas. Seguridad en la protección de lo que es de cada quien. Seguridad en la comprensión y respeto de los derechos humanos por la autoridad que los vulnera.
Seguridad en una muerte digna porque todas las políticas públicas que los conceptos anteriores implican, (no) han erradicado la indigencia. Seguridad en las instituciones que administran justicia y en el sistema judicial como un todo.
Seguridad en la imparcialidad de la Corte Suprema. Seguridad en que el Congreso de la Unión recoge el sentir de sus votantes, de los ciudadanos y los atiende, los legisla. Seguridad en un Ejecutivo que gobierne para todos y con los mejores elementos.
Seguridad en que los intereses de México en el exterior son defendidos a cabalidad por profesionales. Seguridad de que se puede ser mujer y al mismo tiempo elemento central en el proceso de toma de decisiones.
Seguridad en los empleos colectivos para mejorar la situación de los grupos más vulnerables. Seguridad, por fin en la transparencia y la redición de cuentas y en el castigo a quienes corrompen y se corrompen, y utilizan su poder en los distintos ámbitos en beneficio propio.
Seguridad en la alimentación y al acceso al mercado interno. Seguridad en un sistema fiscal que garantice que quienes tengan menos paguen menos y el compromiso solidario de quienes tienen más. Seguridad en la posibilidad de ascender cuando se tienen los méritos y no sólo las relaciones publicas. Seguridad en la convivencia a partir del respeto del Estado y los particulares a sus propias obligaciones y los derechos de los demás.
Todo eso, que no pasó en el 2000 y en el 2006 debe cambiar ahora. La seguridad no puede reducirse a una declaratoria de guerra contra el crimen organizado, ni entonces ni ahora. Rumbo al 2012 me parece indispensable retomar el concepto de “seguridad integral”, que planteado así puede no decirle mucho al ciudadano, pero sí le dice cuando se personaliza el contacto, la pregunta: ¿como joven, cuál es tu prioridad?, ¿como mujer?, ¿como servidor público?, ¿como empleado privado?
Mejor nos preparamos para acercarnos más al ciudadano por todos los medios al alcance. Fue ese permanente contacto con las personas lo que llevó a Obama a la Presidencia de Estados Unidos.
Hoy más que nunca, el ciudadano necesita certidumbre con C mayúscula, certidumbre acerca de qué y cómo su seguridad integral será protegida por quienes detentan el poder político, sin detrimento de los compromisos que deben ser asumidos por una empresa con sensibilidad social que se una a ese esfuerzo, que debe ser ciudadano y colectivo.
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